Más allá de los reclamos históricos por territorio, el Esequibo plantea un gran potencial económico para el país que lo administra. Guyana sostiene parte de su economía con base en el oro que se encuentra en ese territorio, mientras que los nuevos yacimientos de petróleo y gas le ponen mayor atractivo a la disputa centenaria
El pasado 6 de abril, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitió un fallo donde ordenó avanzar en la demanda presentada por Guyana contra Venezuela para resolver la disputa sobre la validez o no del Laudo Arbitral de 1899.
Los reclamos territoriales entre ambos países han tenido sus altibajos, pero la disputa se renovó luego de que ExxonMobil hallara en 2015 un importante yacimiento de petróleo en aguas territoriales del Esequibo, que además posee reservas de gas, oro y otros minerales. La transnacional obtuvo en 2017 del gobierno de Guyana licencias para la explotación de gas y petróleo y Exxon anunció en 2022 haber hallado dos sitios adicionales, frente al mar, con yacimientos importantes de crudo.
Tras una docena de perforaciones exitosas, se han certificado al menos 9,4 mil millones de barriles de petróleo crudo equivalente depositados en el extremo sureste del bloque Stabroek y en el bloque Orinduik, en la fachada Atlántica que también forma parte de la disputa.
La decisión de quién se queda con el territorio Esequibo, que tiene 159.500 kilómetros cuadrados de extensión, también supondrá un impacto en materia ambiental para los países, debido a los acuerdos ya suscritos para mantener ese sector de la Amazonía; además de resolver la situación de los pobladores y asentamientos indígenas repartidos en toda esa zona.
La ONG Vitalis recordó que esta región cuenta con una hidrografía importante, al igual que recursos forestales, «fundamentalmente en las tierras altas, que ocupan más de ocho millones de hectáreas, con gran variedad de animales y plantas, aunque algunas regiones carecen de estudios científicos que permitan cuantificar con precisión sus índices de biodiversidad».
Además del potencial navegable y «para el aprovechamiento racional de sus recursos naturales, siempre y cuando se maneje con criterios de sustentabilidad», también destacaron la capacidad agrícola existente al norte de la región, que colinda con la fachada Atlántica, que abastece a la población del país concentrada en este eje.
Venezuela y Guyana disputan el territorio Esequibo desde hace más de 100 años. Georgetown defiende la validez del Laudo Arbitral de París de 1899, en el que se le despoja a Caracas la jurisdicción de esa extensión de tierra; mientras que el Acuerdo de Ginebra de 1966 es el que Venezuela considera válido para buscar una salida pacífica a la situación.
La jurisdicción del caso pasó de las Naciones Unidas a la CIJ por considerar que el «buen oficiante», figura que estaba mediando en estas diferencias, no fue efectiva.
Petróleo, gas y el Esequibo
Guyana espera que del yacimiento comprobado en el sureste del bloque Stabroek, cuya exploración y explotación está a cargo de las estadounidenses ExxonMobil, Hess y la canadiense Nexen Petroleum, se extraigan inicialmente 120.000 barriles de petróleo diarios (b/d) solo en el campo Liza.
Según estimaciones dadas a ese país, la segunda fase del campo Liza espera producir 220.000 b/d cuando esté completamente operativa. Se podría alcanzar un rango de entre 700.000 y un millón de barriles diarios a mediados de la década, lo que actualmente reporta Venezuela.
Desde 2013, la administración de Nicolás Maduro ha afirmado que, hasta tanto no se resuelva la disputa territorial, no se permitirán exploraciones petroleras «más allá de la línea azimut 070°», que abarca una parte del bloque Stabroek.
El pasado 6 de abril, en declaraciones tras el fallo de la CIJ, la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez aseguró que «todo viene impulsado por intereses mercenarios de transnacionales del petróleo, hay 13 empresas ilícitamente explotando ese territorio por concesiones de la República Cooperativa de Guyana (…) Guyana hace eso para enriquecer a transnacionales que son quienes han financiado los abogados y promovido y propiciado todo a este conducta ilícita».
Con la disputa del petróleo también está la cuestión del gas, donde un tercer país supo aprovechar los vaivenes de la disputa.
El Gobierno de Trinidad, cuya economía depende del procesamiento del gas, hace gestiones para explotar los yacimientos cercanos a sus costas en el triángulo Trinidad-Guyana-Esequibo, en el llamado Campo Dragon —propiedad de Pdvsa y el cual ya negocia con Venezuela— y otros.
Dragon contiene hasta 4,2 billones de pies cúbicos de gas natural. Según estimaciones de Trinidad y Tobago, de concretarse las negociaciones podría empezar a fluir en dos años debido a las dificultades técnicas para su extracción.
Biodiversidad amenazada
La organización SOS Orinoco, a través de un informe, alertó el año pasado sobre las amenazas a la biodiversidad del Esequibo por medio de las actividades extractivistas de Guyana y la permisividad de Venezuela al asunto.
La ONG identificó 1.499 sitios mineros dentro de ese territorio que representan un total de 1.091 kilómetros cuadrados impactados por la extracción de oro. Las cuencas de los ríos Potaro, Mazaruni y Cuyuní, que son afluentes del río Esequibo, son las más afectadas por la actividad minera.
La producción anual de oro del Esequibo se estima en 19 toneladas, para lo cual se utilizan aproximadamente 29 toneladas de mercurio cada año.
El 15% de la producción económica de Guyana se basa en el oro. El sector de la minería de oro artesanal y en pequeña escala, cuyas licencias se otorgan principalmente en la zona del Esequibo, representa 70% de su producción. También es la principal fuente de empleo e ingresos para más de 15.000 personas, según proyecciones de ese país.
SOS Orinoco calculó que entre 2000 y 2021, el Esequibo perdió al menos 135.318 hectáreas de bosques tropicales. «Esta destrucción supera la huella de la minería aurífera evidente en el estado Bolívar», aseveró la ONG en su informe.
Además, estimó que el otorgamiento de concesiones «y la autorización de actividades ilegales en el territorio de Esequibo por parte del gobierno de Georgetown —todo ello en desacato al Acuerdo de Ginebra— ha costado hasta 22.000 millones de dólares en daños, derivados de la deforestación, la sedimentación de los ríos y la contaminación por mercurio».
Poblaciones a la deriva
125.000 de los 800.000 habitantes que tiene Guyana viven dentro del Esequibo. Debido a la territorialidad que ha ejercido ese país, la mayoría de las personas que allí viven se perciben como guyaneses.
«Esto es Guyana, hablamos inglés desde siempre», le dijo Andrew Bailey, un mecánico de 33 años a Radio Francia Internacional en Port Kaituma, poblado de unos 3.000 habitantes ubicado cerca de la frontera con el estado venezolano de Delta Amacuro.
Guyana también ha acogido cerca de 25 mil migrantes venezolanos, entre ellos pobladores indígenas, que huyeron de la crisis, según cifras de Naciones Unidas. La mayoría trabaja en negocios pequeños, comercio, hospitalidad, construcción y el sector minero, debido a que no cuentan con un estatus regular o con permisos de trabajo legales otorgados por ese país.
Dentro del Esequibo también conviven 138 comunidades indígenas, que suponen 80% de los pueblos ancestrales de ese país.
Como parte de su informe sobre la actividad minera en el Esequibo, la ONG SOS Orinoco señaló el «impacto duradero en la salud y el bienestar de los pueblos indígenas» de esa región por la minería tanto ilegal como artesanal.
Estas comunidades, además, se ven amenazadas por garimpeiros brasileños «que entran desde el sur por Lethem (sur del Esequibo), y por la proliferación de los Grupos Armados Organizados de Venezuela y la guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Estos grupos proceden del estado Bolívar, al oeste de la región, y compiten por el control de las minas del Esequibo».
