Son numerosas las denuncias formuladas por las víctimas de estas mafias, quienes deberían ser investigados, sancionados y destituidos porque no merecen ejercer cargos de magistrados ni de funcionarios de la vindicta pública
(Ciudad Guayana – Alexander Compiani).- Mafias de jueces y fiscales del Ministerio Público vienen operando en el estado Bolívar, y se solicita la intervención inmediata del presidente del Tribunal Supremo de Justicia, magistrado Maikel Moreno, y del fiscal general de la nación, Tarek William Saab, para que ordenen las averiguaciones tendentes a desmantelar estas organizaciones que ponen en tela de juicio al Poder Judicial, y además, atentan contra el debido proceso de diversas causas penales que se ventilan en los tribunales de control y juicio.
Son numerosas las denuncias formuladas por las víctimas de estas mafias, quienes deberían ser investigados, sancionados y destituidos porque no merecen ejercer cargos de magistrados ni de funcionarios de la vindicta pública.
Uno de los casos denunciados guarda relación con la retención de una gandola que transportaba alimentos, medida ejecutada en el mes de agosto de 2021.
La gandola retenida y entregada como cadena de custodia a la Corporación Venezolana Minera, que la utiliza en viajes y transportes, en actividad privada, sacando provecho de un bien que no le pertenece.-
La versión indica que el vehículo de carga fue retenido y luego la jueza de Control 2 del Circuito Judicial, Extensión Ciudad Guayana, estado Bolívar, doctora Maira Hernández, decidió enviar este vehículo en calidad de custodia, por la incautación preventiva, a la empresa Corporación Venezolana Minera, ubicada en Puerto Ordaz. La misma la está haciendo utilizada para hacer cargas privadas en vista de que esta Corporación no es una empresa del Estado sino privada.
Esta Corporación opera en el ramo de minería y metales. Este bien debería estar en un estacionamiento judicial y no haciendo transportes privados, usufructando de un bien que no le pertenece al Poder Judicial, en perjuicio de su legítimo propietario, quien viene reclamando legalmente la entrega de esta gandola ante la jueza Hernández, y el ex fiscal superior de Bolívar, Dr. Gil Da Silva, quien fue detenido y destituido del cargo por estar involucrado en la mafia del contrabando de gasolina en Anzoátegui y Bolívar, y en este caso están detenidos el ex alcalde Carlos Vidal Bolívar y un capitán de la Guardia Nacional Bolivariana. ¿A donde van todo el dinero de los fletes que cobra la Corporación Minera?, se pregunta el propietario del vehículo de carga. Dos veces ha hecho esta solicitud ante la jueza.
El ministerio Público solicitó la cadena de custodia del vehículo y el Tribunal Control 2 negó dicha solicitud, tomando la decisión de entregarlo a la Corporación Venezolana Minera. El juez fue arbitrario al enviar el vehículo y las otras retenciones a dicha Corporación.
La gandola marca Volvo, tipo chuto, uso carga, placas A53AG2R, añ0 2006, color blanco, la cual llevaba un remolque, placas A31BH2K, marca Remiveca, modelo 2021, color naranja. El vehículo fue retenido por la Guardia Nacional Bolivariana en la alcabala ubicada en el peaje de Palo Grande (16-08-21), en Ciudad Guayana, y puesta a la orden del Ministerio Público.
Trascendió que son varios los casos arbitrarios de la citada jueza en perjuicio de numerosas personas sometidas a juicio, sin que se cumpla el debido proceso, y el fiscal del Ministerio Público no hace nada para garantizarle a la gente este derecho.
La información que se maneja en medios tribunalicios es que todo es autorizado por el presidente del Circuito Manuel Martínez y, hasta que este no autorice, el bien no será devuelto a su legítimo dueño al Sr. Mario Arbeláez (04143838848) quien es un padre de familia víctima de este abuso de poder por parte de estos funcionarios.
