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Sin acuerdos y con sanciones, el Gobierno destruye la legitimidad de sus elecciones | por Benigno Alarcón Deza

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Sin acuerdos y con sanciones el gobierno destruye la legitimidad de sus elecciones, tal como hizo en 2018, lo que puede implicar repetir el escenario de ese año, Trump incluido, pero ahora con la experiencia y el aprendizaje de los errores que obligarán a ambas partes a ajustar sus estrategias en un intento por cambiar los resultados

Benigno Alarcón Deza

El entorno político-electoral tiende a complicarse dadas las decisiones asumidas por el gobierno de cara a las elecciones presidenciales de 2024. El incumplimiento del Acuerdo de Barbados al mantener las inhabilitaciones políticas a Henrique Capriles y a María Corina Machado, elegida en un proceso de elecciones primarias como la candidata unitaria a los comicios presidenciales de este año, generó una inesperada y pronta respuesta de Washington que revocó la Licencia General 43 a Minerven para transacciones con el oro a partir de este mes de febrero y la posibilidad de revertir, a partir de abril, la Licencia General 44,  que desde noviembre pasado brinda alivio al sector de petróleo y gas de Venezuela, si no hay un cambio de actitud.

A raíz de la decisión del Tribunal Supremo de Justicia, del pasado viernes 26 de enero, de mantener las inhabilitaciones sin cumplir con los debidos procesos acordados y establecidos en la Constitución nacional, y ante la rápida respuesta de Estados Unidos a este hecho, el gobierno amenaza con un adelanto de elecciones.

Después de haberle dado largas al asunto de las inhabilitaciones, ahora el régimen busca echar tierra a las acusaciones por incumplimiento huyendo hacia adelante, como suele hacer, para tratar de centrar la discusión en la siguiente etapa, definir el cronograma y la fecha de la elección presidencial.  El presidente de la AN, Jorge Rodríguez, convocó a estos efectos a una reunión con algunos factores de oposición (la cooptada y controlada por el gobierno) para el lunes 5 de febrero, aunque está por verse si oficialmente convocarían a la Plataforma Unitaria y su candidata María Corina Machado; hasta ahora no ha sucedido.

Originalmente se estimaba que la elección presidencial se realizaría en octubre, tratando de adelantarse a la elección en los Estados Unidos que se celebra la primera semana de noviembre, aunque a efectos de la negociación el compromiso era su realización en el segundo semestre del año, existiendo un margen entre julio y diciembre que el gobierno interpretará y pretenderá imponer a su conveniencia, como hizo con la promesa de abrir un proceso para reconsiderar las inhabilitaciones, lo que no implicaba habilitar, para reclamar, tras mantener las inhabilitaciones de Machado y Capriles, avanzar a la siguiente etapa porque ya el gobierno habría cumplido con sus compromisos en relación a las inhabilitaciones. En este sentido, hay quienes consideran que la elección podría ser significativamente adelantada, para abril o mayo, lo que básicamente se haría para obligar a la oposición a renunciar a la vía electoral y generará abstención y fragmentación del voto, entre quienes aun así votarían por alguno de los candidatos tolerado por el gobierno, para mostrar una elección pluripartidista y “competitiva”. Otros consideramos que lo más probable, en caso de que el gobierno aborte la negociación, es que los comicios tengan lugar a partir de julio para “mantener el acuerdo”, según su “mejor interpretación”.

En cualquier caso, un adelanto significativo de la fecha que ubique la elección antes de septiembre implicaría un proceso que reduciría de manera importante los niveles de integridad electoral, dejaría por fuera la observación internacional, y replicaría los cuestionamientos y consecuencias de la elección presidencial de mayo de 2018.

El impacto económico

El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller, anunció que su país no renovará la licencia que permite a las empresas extranjeras participar en la actividad petrolera en Venezuela, si no hay rectificación por parte del gobierno sobre las inhabilitaciones en el marco de los acuerdos de Barbados. Miller asomó que aún hay tiempo de rectificar y dio plazo hasta abril.

Uno de los efectos de este anuncio es que para quienes estaban negociando, la visión se vuelve menos optimista y predecible y, aunque siguen interesados en invertir en el país y mantener los contratos, el cronograma de inversión se ralentizará hasta que haya mayor claridad sobre el escenario político.

El cambio de expectativas sobre el régimen de sanciones tiene un impacto importante en lo económico, sin lugar a duda. Algunas firmas de análisis económico han trabajado algunos escenarios: el más optimista es que se mantengan las licencias hasta diciembre, lo que generará un crecimiento económico de 10%; el intermedio, que pudiera ser el más probable, con licencias hasta abril, pero manteniendo la licencia Chevron y permisos a las europeas porque esto no está bajo el amparo de la licencia general. En este caso, las empresas podrían mantener su expansión porque están a cero riesgos, invierten parte de lo que reciben para producir más y liquidar más rápidamente la deuda. El efecto sobre la producción petrolera para este año no sería tan significativo, pero sí en precio porque aumenta el descuento en el mercado por barril. Esto haría que el gobierno perdiera unos 5 mil a 6 mil millones de dólares que son unos ocho (8) puntos del PIB y eso incide en el crecimiento, que se ubicaría en 4%, al igual que en el consumo. Y para ser un año electoral, si se aspira a que sea una contienda competitiva, esos números son precarios. Esto abona a la hipótesis de una elección presidencial temprana porque su capacidad de gasto sería menor.

El escenario más drástico es si revocan las licencias a Chevron y a las europeas, con lo que podría haber una caída de producción de 100 mil barriles diarios, la reducción de ingresos sería de 8.500 millones de dólares. Esta caída de la economía sería muy importante, incluso mayor que la de 2023.

Pero este ambiente de confusión y confrontación está provocando mucha preocupación en el empresariado nacional, echando por tierra la expectativa positiva que se había generado en torno al posible relajamiento de las sanciones y las posibilidades de que esto se tradujera en negocios. En medio de este ambiente político enrarecido, hay rumores de que el gobierno estaría presionando a Fedecámaras y a diferentes sectores para que hagan un pronunciamiento público rechazando la reimposición de las sanciones asomada por los Estados Unidos.

Obviamente, el impacto económico de estas sanciones se reflejará también en las promesas de Maduro, hechas el pasado 15 de enero durante su presentación de la Memoria y Cuenta en la Asamblea Nacional, de aumentar varias veces el ingreso de los trabajadores, vía bonos, en el transcurso de este año. En el escenario optimista, estaba previsto incluso un aumento de salario mínimo. Las bonificaciones para los empleados públicos que hoy son de unos 100 dólares pasarían a unos 140 dólares y eso auspiciaría el consumo. Esa posibilidad disminuye si caen los ingresos petroleros.

En conclusión…

La decisión del TSJ de ratificar la inhabilitación de María Corina Machado, aunque era de esperarse, movió el tablero político nacional e internacional y reacomodó las proyecciones  económicas.

Además de poner en jaque el Acuerdo de Barbados, el gobierno demuestra que no tiene inclinación alguna a una elección competitiva y que prefiere finalmente continuar poniendo a prueba la paciencia de los norteamericanos y de la comunidad internacional, e incluso arriesgarse al aislamiento internacional que perder el poder.

El rechazo externo a la decisión de Maduro ha sido ampliamente expuesto, especialmente por parte del gobierno de los Estados Unidos, que suspendió la licencia a las negociaciones de oro, y advirtió que, si en abril no hay rectificación, ocurrirá lo mismo con el petróleo y el gas.

La reactivación de las sanciones derivada de la decisión oficial de impedir la participación de Machado genera también un cambio en las proyecciones de ingresos para el gobierno, pues sus recursos para el gasto electoral estarán más restringidos.

Por otra parte, las posibilidades de un crecimiento del 10% de la economía disminuyen al 4%, con un menor consumo, con mayor inflación y devaluación, lo que ha modificado las expectativas que tenían planteadas las empresas privadas para este año.

Aunque se ha abierto un debate en el seno opositor sobre la estrategia ante la inhabilitación a Machado, la Plataforma Unitaria se mantiene cerrada en torno a su liderazgo, pero tiene el reto de tomar prontas decisiones estratégicas ante el escenario que está impulsando el gobierno para adelantar las elecciones.

Politika UCAB

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