De acuerdo con el seguimiento hecho por organizaciones independientes, el monto total a pagar por sentencias adversas por demandas contra Venezuela en el panorama internacional asciende a $21.900 millones. Tan solo en los últimos dos años se registran cinco procesos judiciales nuevos contra el país
Brian Contreras|TalCual
El pasado jueves 9 de noviembre, la empresa Kellogg Latin America Company (One) Limited, subsidiaria en Reino Unido de la multinacional Kellogg’s, presentó una demanda contra Venezuela ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), alegando el uso indebido de las diversas marcas que eran comercializadas en el mercado venezolano y de las cuales se apropió el oficialismo.
La demanda de Kellogg’s fue la conclusión lógica a una expropiación ejecutada en 2018, después de que la empresa abandonara el mercado venezolano por las políticas regulatorias aplicadas por el chavismo, que terminaron asfixiando a la compañía hasta que dejó de ser sustentable.
El gobernante venezolano Nicolás Maduro ordenó a los trabajadores tomar la planta de producción y al poco tiempo productos como Corn Flakes fueron lanzados al mercado sin el permiso de Kellogg’s y además con propaganda alusiva al Gobierno.
Tras cuatro años de uso indebido de la propiedad intelectual de Kellogg’s, la multinacional decidió entonces acudir a un tribunal internacional para dirimir el asunto y exigir una compensación al Estado venezolano, en un proceso que se suma a una larga lista de querellas recibidas por el Ciadi relacionadas con ilícitos cometidos contra grandes corporaciones que dejaron de operar en el país por distintas razones.
A pesar de que en los últimos cinco años el gobierno chavista ha dado un vuelco importante en su política económica y se ha orientado ligeramente hacia una economía de mercado en la que se respeta —hasta cierto punto— la propiedad privada, no ha logrado detener las demandas ejecutadas por empresas nacionales e internacionales.
De hecho, la demanda presentada por Kellogg’s no es la única en 2023, mientras que en 2022 se abrieron tres procesos contra Venezuela. TalCual hizo una recopilación de estos casos utilizando la base de datos del Ciadi.
A continuación, se recuerdan otros cuatro arbitrajes iniciados en los últimos dos años, cuyas conclusiones siguen pendientes y que podrían sumar peso a una deuda externa ya desproporcionada en caso de que Venezuela pierda.
1.- Highbury International AVV, Compañía Minera de Bajo Caroní AVV y Ramstein Trading Inc contra la República Bolivariana de Venezuela (21 de julio de 2023):
Este procedimiento fue abierto en solicitud de las mineras neerlandesas registradas en Aruba Highbury International y Compañía Minera de Bajo Caroní, además de la panameña Ramstein Trading, las cuales reclaman la expropiación de sus empresas y la toma forzosa de sus concesiones en territorio minero venezolano.
Este es el tercer procedimiento abierto por estos demandantes. En 2011 pasó por un procedimiento de anulación pedido por las mismas mineras, que se concretó en 2019; mientras que en 2014 se archivó una segunda demanda por «falta de pago de los anticipos requeridos» al Ciadi.
En esta oportunidad, las empresas reclaman un monto cercano a los $210 millones en compensación por la violación de sus derechos para explotar una concesión minera de oro y diamantes que el Estado había concedido a Caromin Venezuela y VMC Mining, subsidiarias de los demandantes.
2.- Nacato N.V. y otros contra la República Bolivariana de Venezuela (26 de octubre de 2022):
El segundo caso más inmediato corresponde a finales de 2022, cuando cuatro aseguradoras neerlandesas registradas en Curaçao demandaron a Venezuela también por una serie de expropiaciones en el mercado asegurador venezolano.
Se trata de Nacato, Nacama, Racana y Pimento, todas propiedad del empresario venezolano Tobías Carrero Nácar y registradas en conjunto como «Institución de inversión, Empresa financiera, Propiedad y comercio de bienes inmuebles», entidad mediante la cual administraban las aseguradoras Multinacional de Seguros, Seguros Guayana, Interbank Seguros y Adriática de Seguros. Todas fueron embargadas por el «incumplimiento de un contrato de póliza a todo riesgo» que respaldaba a los equipos de la estatal CVG Venalum.
El caso fue peculiar debido a que, en sus inicios, Carrero Nácar manifestaba cercanía con el chavismo bajo el mandato de Hugo Chávez, pero posteriormente adquirió una postura contraria al Gobierno.
Este empresario también funge como propietario del equipo de béisbol Bravos de Margarita y el circuito Radio Venezuela, además de ser accionista del equipo de béisbol estadounidense Miami Marlins y de financiar la academia de fútbol en Panamá del club de fútbol español Atlético de Madrid.
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3.- Fábrica de Vidrio Los Andes C.A. y Owens-Illinois de Venezuela C.A. contra la República Bolivariana de Venezuela (27 de julio de 2022):
Este caso también tiene un precedente antiguo, pues se presentó una demanda originalmente en julio de 2012, pero en noviembre de 2017 el tribunal concluyó que carecía de la jurisdicción para dirimir la controversia, ya que no hubo consentimiento entre las partes para acordar que el Ciadi se encargase del arbitraje.
La protagonista de esta demanda es la Fábrica de Vidrio Los Andes, una empresa de origen venezolano que fue adquirida a pocos meses de su concepción por Owen Illinois, una multinacional estadounidense especializada en la producción de envases de vidrio.
Ambas compañías denunciaron la expropiación de dos plantas de producción de envases de vidrio en Venezuela en 2010, durante el mandato del entonces presidente Hugo Chávez.
En la querella presentada en 2012, la productora de vidrio y su casa matriz exigían una compensación de $1.030 millones para resarcir los daños causados por la expropiación.
4.- SGO Corporation Limited contra la República Bolivariana de Venezuela (2 de junio de 2022):
El último procedimiento legal iniciado en el Ciadi se remonta a junio de 2022 e involucra a la británica SGO Corporation Limited, empresa especializada en el desarrollo de softwares enfocados en soluciones para gobiernos. Una de sus filiales es Smartmatic, que ofrecía al Consejo Nacional Electoral (CNE) todo el respaldo tecnológico de las máquinas de votación.
La diatriba entre el Estado y Smartmatic inició en 2017, después de que se celebraran las elecciones de la ilegítima asamblea constituyente que se convocó sin una consulta popular previa, como establece la Constitución.
Después de que el CNE emitiera los resultados de aquel proceso electoral como un rotundo éxito, Smartmatic denunció públicamente que se habían cometido violaciones a medidas de seguridad electoral empleadas por su sistema, por lo que afirmaron que se trataba de un fraude electoral.
Pocos días después de la denuncia pública de Smartmatic, el CNE anunció que rompería relación con la empresa británica, después de trabajar con estos sistemas durante 13 años.
En este contexto, SGO Corporation Limited denunció que Venezuela inició una «campaña de persecución» contra Smartmatic. Poco después, la empresa informó que entrarían en un proceso de querella tanto por el fraude como por la expropiación del sistema, exigiendo unos $1.500 millones de indemnización.
Pequeña muestra en el Ciadi
Estos cinco casos (contando a Kellogg’s) forman parte apenas del historial más reciente de procesos judiciales que ha afrontado Venezuela en la última década por acciones cometidas durante los gobiernos de Chávez y de Maduro, mientras que el Ciadi es solo uno de los diversos sistemas internacionales existentes para dirimir asuntos de esta índole.
La información sobre demandas que afronta Venezuela no es difundida por el Gobierno, por lo que es difícil precisar la cantidad de querellas internacionales, los laudos arbitrales definidos en contra del Estado y las deudas que acarrea a raíz de estas sentencias.
A pesar de la ausencia de información oficial, organizaciones como Cedice Libertad han hecho un seguimiento de los casos y estiman que para finales de 2022 se habían formulado al menos 60 arbitrajes en contra de Venezuela, algunos enfocados en Petróleos de Venezuela (Pdvsa). Una gran porción de estos casos ya tienen sentencias adversas que ordenan al país pagar un monto que asciende a más de $21.299 millones, lo que representa aproximadamente 14% de su deuda externa.
«Ese monto no incluye las eventuales condenas que podrían ser determinadas por los tribunales arbitrales que aún están tramitando demandas contra Venezuela y Pdvsa, ni tampoco los costos de aquellos cuya información no es pública», destacó la publicación titulada «La Deuda de Venezuela por Bonos, Arbitrajes y Daños a la Nación», elaborada por Ramón Escovar Alvarado, Andrés Carrasquero Stolk y Mariana Campos Villalba.
