Ariadna García @ariadnalimon

“No puede haber expropiación sin justa indemnización y pago oportuno. Lo que se ha aplicado en la mayoría de los casos son rescates indiscriminados por parte del INTI”, explicó el abogado y consultor jurídico de Fedenaga, Alexis Algarra.

Caracas. De las 30 millones de hectáreas con potencial agrícola que posee Venezuela unas 9 millones han sido intervenidas por el Estado, según datos ofrecidos este martes 31 de agosto por Alexis Algarra, abogado y consultor jurídico de la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela (Fedenaga). 

De esas 9 millones de hectáreas intervenidas, el Instituto Nacional de Tierras (INTI) “rescató irregularmente” 3 millones, donde se aplicó algún tipo de procedimiento sin indemnizaciones para los propietarios. Algarra apuntó que se llama expropiación solo cuando existe alguna indemnización o pago oportuno por las tierras.

El abogado explicó que el rescate de tierras solamente puede aplicarse en terrenos en propiedad del Estado, pues en el caso de tierras en manos privadas tendría que ocurrir “una expropiación agraria”, según establece la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. Sin embargo, Algarra explicó que “la aplicación errónea de la Ley de Tierras” ha llevado al país a una “inseguridad jurídica”.

“No puede haber expropiación sin justa indemnización y pago oportuno. Lo que se ha aplicado en la mayoría de los casos son rescates indiscriminados por parte del INTI. Además, el Tribunal Supremo de Justicia ha desaplicado algunas leyes, que abren la compuerta para que se profundicen las invasiones en el país. Son cosas que se deben revisar”, dijo el abogado en el foro “Situación del sector agrícola y pecuario en Venezuela”, celebrado este martes.

Fedenaga registra 502 invasiones en todo el territorio nacional, algunas recientes y otras de vieja data. El abogado dice que Barinas es uno de los estados más conflictivos, donde registran 50.000 hectáreas afectadas en lo que va de año, entre estas hay despojos completos de unidades de producción.

El sector agrícola opera en un ambiente donde conviven la inseguridad jurídica, la escasez de combustibles esenciales como el gasoil para las maquinarias y vehículos, la falta de acceso a financiamiento, así como la ausencia de planificación y acompañamiento por parte de las instituciones del Estado. Por ejemplo, las cifras de las tierras intervenidas son un estimado de Fedenaga, pues el INTI, organismo encargado en brindar esa información, no la hace pública. 

El ingeniero agrónomo Luis Prado, quien también es vicepresidente de Fedenaga, dijo que el sector requiere de crédito, que brinde condiciones especiales para los agricultores. Este crédito debe ser “suficiente, oportuno (debido a que son actividades vinculadas a aspectos climáticos), estar correctamente apareado a los ciclos de producción y comercialización”. Por ejemplo, refirió que si es para una actividad de siembra que se lleva seis meses no se puede dar un plazo de pago de 30 días o 60 días. 

En julio la Sociedad Venezolana de Ingenieros Agrónomos (Sviaa) estimó que este año la cartera agrícola era de $100 millones, por debajo de lo que requiere el sector ($500 millones, aproximadamente).

El vicepresidente de Fedenaga puntualizó que necesitan financiamiento para renovar maquinaria, que ya está obsoleta y mejorar los pastizales que muestran disminución debido a la carencia de insumos y equipos. También requieren inversiones en tecnología y vehículos de trabajo. Prado indicó que la reducción del encaje legal a la banca sería una medida que beneficiaría a los productores para acceder a créditos.

Edison Arciniega, director de Ciudadanía en Acción, dijo que el país registra uno de los mejores momentos en cuanto a disposición de alimentos si se compara con los últimos cinco años. El especialista en seguridad alimentaria apuntó que el país pasó de 17 kilogramos de alimento por persona en 2019, para disponer de 24 kilogramos por persona en el primer semestre de este año. “Las tendencias generales son positivas, aunque todavía hay una brecha relevante de requerimientos por persona para llegar a los 36 kilogramos requeridos”, señala.

Arciniega se refirió a la poca rentabilidad que tienen los productores nacionales con respecto a países vecinos. Por ejemplo, mientras en Colombia un litro de diésel cuesta $0,55 en Venezuela muchos productores lo adquieren a $1,54 debido a la escasez. “Las importaciones colombianas han penetrado hasta Barquisimeto, convirtiéndose en casi la cuarta parte del anaquel nacional. Esto responde a la crisis de la rentabilidad, que sufre el campo criollo”.

“El sistema alimentario medido en el anaquel tiene tendencias claras y sostenidas a la recuperación. Aún tenemos una brecha en torno al 40 % (de desabastecimiento). Sin embargo, hoy tenemos rentabilidad en el anaquel y hay un incremento en el poder adquisitivo de los consumidores”, añadió el director de Ciudadanía en Acción. 

El especialista indicó que es necesario hacer cambios en los patrones de consumo de la población haciendo un esfuerzo por elevar el consumo de frutas tropicales. Pues actualmente la dieta está centrada en raíces, tubérculos y cereales, que en el futuro pueden llevar a la obesidad.

Con información de nota de prensa.

SOURCEAriadna García
Previous articleVacunación contra el COVID-19 a niños desde los 3 años comienza en octubre
Next articleFreddy Guevara aboga por la convivencia entre fuerzas políticas pero “no con estructuras dictatoriales”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here