Es casi un milagro que la producción del agro venezolano haya crecido en 2021, en lugar de contraerse tal como ocurrió en los últimos ocho años. Comienza a levantarse, pese a la falta de financiamiento, escasez de combustibles, voracidad fiscal, fallas en servicios públicos, restricciones impuestas por el Gobierno a las empresas para lidiar con el covid 19 y altos costos que la corrupción supone para los productores agrícolas y agroindustriales. ¿Cómo es posible?
Marianela Palacios Ramsbott
La falta de financiamiento limita el crecimiento de este sector productivo, pero están surgiendo alternativas innovadoras. Desde fondos agroindustriales en la Bolsa de Valores de Caracas para respaldar producciones y exportaciones de alimentos, hasta iniciativas de propuestas a organismos multinacionales para hacer viable el acceso a créditos en Venezuela.
En Venezuela en los últimos años ha ocurrido cierta flexibilización y apertura al mercado en algunas áreas. Esto incluye el levantamiento de controles de precios y cambiarios y la dolarización de hecho de la economía. Pero las intervenciones de empresas siguen destruyendo la confianza de inversionistas privados. Recientemente el gobierno de Nicolás Maduro recordó que esta amenaza sigue vigente: tomó control de Coposa, una de las principales productoras de aceites y oleaginosas del país y cuyo capital accionario se reparte entre más de 600 personas naturales, empresas y grupos familiares.
“La crisis política nacional es el principal factor que impide un crecimiento económico más vigoroso. Si eso no se soluciona, prevalecerán en el tiempo las sanciones de Estados Unidos a las empresas públicas y al gobierno de Nicolás Maduro, seguirá el aislamiento del país del sistema financiero internacional y no vendrán capitales ni tecnologías de empresas transnacionales de importancia. Urge una salida política a la crisis de Venezuela”, advierte el economista Alejandro Gutiérrez, profesor de la Universidad de Los Andes e individuo de número de la Academia de Ciencias Económicas de Venezuela.
Crecimiento tras la sequía
La agricultura venezolana creció 1,1% este año 2021 y se expandirá 6% en 2022, estima la firma de consultoría económica Ecoanalítica. Una tendencia similar se espera para la agroindustria.
La dolarización de facto, la flexibilización de los controles de precios y cambiarios, el aumento de las remesas de venezolanos desde el exterior, y del consumo -que favoreció al comercio tras los procesos de vacunación contra el covid 19 – se han sumado a la resiliencia del sector empresarial privado venezolano. Todos estos han sido factores claves cuando se trata de sobrevivir, reinventarse y seguir invirtiendo y produciendo en Venezuela en lugar de cerrar más empresas, sumarse a las olas migratorias y aumentar la fuga de capitales.
En la actualidad, los productores venezolanos cubren entre el 25% (2020) y 30% (2021) de la demanda interna de alimentos en Venezuela, de acuerdo con la Sociedad Venezolana de Ingenieros Agrónomos y Afines.
La Confederación de Asociaciones de Productores Agrícolas de Venezuela (Fedeagro), destaca que en algunos rubros el porcentaje es mayor.
Por ejemplo, la producción de café nacional satisface el 40% de lo que consumen los venezolanos y el resto se cubre con importaciones.
Contra inundaciones y sequía
Elías López, presidente de la Sociedad Venezolana de Ingenieros Agrónomos (SVIAA) señaló recientemente que el incremento de la producción del agro obedece casi en su totalidad a inversiones del sector privado.
“El 95% de los recursos invertidos provienen del sector privado que sigue trabajando a pesar de que los créditos agrícolas son inexistentes, hay escasez de combustible, gran precariedad en la prestación de servicios públicos y sin la ejecución de un plan de siembra que debió ser diseñado por el gobierno nacional”, manifestó en declaraciones recogidas por Visionagropecuaria.com.
Las cifras de producción siguen siendo inferiores a las producidas hace 10 años: 200.000 hectáreas de maíz (42% más que en 2020) y 140.000 hectáreas en arroz (8 % más).
“Y para fines de 2021 se habrán producido 200 mil toneladas extra de alimentos que el año precedente”, precisó.
El crecimiento hubiese sido mayor si desde el Estado se hubiese garantizado el suministro de combustible.
Pequeño y desigual
“Este año creció la producción agrícola, especialmente en algunos rubros, como maíz, caña de azúcar, palma aceitera y hortalizas. También crecieron la producción avícola, que pesa bastante en la producción animal, y la de café, por la liberación de precios”, precisó el economista Alejandro Gutiérrez.
Se trata de un crecimiento todavía pequeño y desigual porque la mayoría de los productores no tienen acceso a financiamiento y no pueden producir tanto como los que tienen recursos propios en divisas o acceso a recursos financieros internacionales.
Si uno evalúa series históricas estadísticas de producción nacional, puede captar rápidamente la fuerte disminución de la capacidad productiva nacional en las dos últimas décadas. Es decir, aunque hayamos crecido 1,1% este año, seguimos en el foso y producimos mucho menos que hace apenas una década.
Por solo citar un caso, de acuerdo con las bases de datos publicadas por Fedeagro, en 2008 se produjeron en Venezuela 4,7 millones de toneladas de arroz, maíz y sorgo, pero eso se redujo casi a la mitad en 2019: 2,741 millones de toneladas.
No hay datos de 2020 y 2021 publicados en el portal de este gremio empresarial.
Fertilizantes suben 132%
Además, durante la pandemia los precios de los fertilizantes aumentaron 132% por el alza de costos de fletes marítimos, asociados a los problemas logísticos que afectaron al transporte marítimo mundial. Expertos estiman que ese factor podría haber encarecido los costos de producción agrícola en al menos un 20%.
La crisis de la empresa Monómeros, una filial de Pdvsa ubicada en Colombia y que antes enviaba volúmenes importantes de fertilizantes a Venezuela a precios ventajosos, también debió haber afectado el desempeño del sector este año.
Pero no solo las importaciones de alimentos aumentaron este año, las exportaciones también.
Los productores que pueden dar a sus productos calidad de exportación y cuentan con permisos del Estado, están aprovechando esas oportunidades para obtener divisas. Incluso a veces logran mantener balances positivos en sus unidades de producción nacionales.
Financiamiento
La falta de financiamiento sigue siendo uno de los principales problemas para desarrollar a los sectores productivos nacionales, inclusive el agropecuario y agroindustrial.
El Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IIES) de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) ha propuesto a los organismos financieros multilaterales reestructurar sus modelos financieros actuales, con la aplicación de seguros mutuales, para salvar al agro venezolano abriendo oasis en medio del desierto económico que lo ha venido secando en los últimos ocho años.
“Condicionan el desarrollo de dicho sector a la existencia de una tríada conformada por el seguro agrícola, mercado de futuros para los precios de productos agrícolas y la posibilidad jurídica de la colateralización del crédito, y esto hace inviable el fundamental apoyo financiero internacional requerido para reconstruir el sector agroalimentario, no solo en Venezuela sino también en muchos otros países en desarrollo”, explica el abogado Juan Carlos Guevara, profesor e investigador asociado al IIES-UCAB.
Seguro mutual
Si bien el productor requiere de un seguro agrario que garantice su ingreso en el caso de fallos inesperados en su proceso productivo, el consumidor también está interesado en que el mercado esté lo suficientemente abastecido a precios asequibles, para lo cual es imprescindible que el productor se mantenga operativo.
“De allí nace nuestra propuesta de diseñar un seguro mutual, donde no solo aporte el productor sino también el consumidor. La mutualidad en el enfrentamiento de los riesgos de producir alimentos nos permite derivar un esquema de financiamiento donde el consumidor, mediante un mecanismo de prepagos a cambio de descuentos, financia el proceso productivo del sector agrícola y agroindustrial”, precisó Guevara.
Iniciativas de esta naturaleza, si llegan a practicarse con éxito y consolidarse en el corto y mediano plazo, y si el país logra salir de su crisis política actual, podrían atraer importantes cantidades de recursos para el financiamiento de la producción de alimentos.
Corregir fallas del mercado
“La agricultura y la agroindustria venezolana tuvieron en el Estado un ente que brindó un apoyo que condicionó su evolución por mucho tiempo: desde el subsidio al combustible, la tasa de cambio, el fertilizante y la semilla, hasta el crédito abundante y barato, la producción de alimentos en Venezuela realmente resultó privilegiada”, destaca Guevara.
Ese apoyo estatal, derivado de la fortaleza de la economía venezolana (la cuarta de América Latina hasta principios del siglo 21), permitió una significativa evolución en los rendimientos y tonelajes producidos por hectárea en los campos venezolanos.
Todo el andamiaje de apoyo que antes daba el Estado venezolano a sus productores y que ahora sucumbió, debe reinventarse y reenfocarse para la Venezuela “post rentista” del siglo 21.
“Tenemos que sustituir progresivamente las políticas tradicionales centradas en subsidios e incentivos o controles de precios en sectores preseleccionados, por medidas que hagan énfasis en la corrección de las fallas de mercado y de gobierno, en la coordinación entre sectores productores y reguladores y en una significativa mejora de la calidad institucional del país”, recomienda Guevara.
Hacerlo diferente
Es imposible reactivar al sector productor de alimentos venezolano con las mismas políticas fallidas que se han practicado en los últimos 22 años.
La lista es larga: antes se deben corregir las fallas estructurales del modelo económico vigente; garantizar la seguridad jurídica, el imperio de la ley y la independencia de los poderes públicos y la disciplina fiscal.
También es necesario poner fin a las violaciones de derechos de propiedad privada, expropiaciones e intervenciones amañadas o políticamente sesgadas y a los ineficientes controles de mercado, que en lugar de llevar a precios justos y mercados competitivos, llevaron a más escasez y a corrupción.
“En las dos últimas décadas, el Estado venezolano ha empleado la figura del “rescate de tierras” y reasignación de las mismas según intereses políticos. No son pocas las consecuencias de esas acciones, pero resalta la aguda desinversión en el campo y la consecuente contracción en la producción de alimentos, ante la posibilidad de ser despojado por el Estado de las unidades de producción agrícola”, acotó Guevara.
Para enmendar ese entuerto, el IIES propone emplear la ley de concesiones para que el Estado proceda de manera inmediata a la asignación de predios con vocación agrícola, bajo el marco legal existente y que permita cierto nivel de seguridad jurídica para los inversionistas.
Y el gremio empresarial Fedecámaras pide devolver a sus propietarios las unidades productivas que fueron expropiadas y que hoy producen nada o casi nada en comparación con lo pue producían antes de la llegada al poder de la llamada “revolución socialista” del siglo 21.
Estado con 676 demandas
Según las bases de datos del IIEES, en los últimos 20 años al menos 544 demandas por expropiaciones de fincas productivas y 132 acciones judiciales de agroindustrias han sido presentadas contra el Estado. Eso suma 676.
“La base de datos para estos 544 predios, que suman más de 1,7 millones de hectáreas, identifica la entidad federal en que se ubican, el municipio, tamaño, figura jurídica empleada por el ente público para su apropiación, persona natural o jurídica afectada, y el enlace al documento legal que sustenta cada reclamo”, aclara Guevara.
La segunda base de datos permitió identificar 132 empresas expropiadas o intervenidas, señalando la fecha de la expropiación, el nombre de la empresa y el rubro producido, el número de la Gaceta Oficial que informa del procedimiento de expropiación/intervención, y el enlace al mismo.
Pero la política de intervenciones estatales de empresas privadas sigue aplicándose actualmente.
La confiscación de Agroisleña y su red de empresas filiales marcó un hito en el derrumbe de la agricultura venezolana. El grupo de la familia Fraga era importante financista del sector y proveedor de asistencia técnica e insumos del campo.
Coposa, un hostil recordatorio
Uno de los casos más recientes es el de la empresa Coposa (Consorcio de Oleaginosas Portuguesa), ubicada en la ciudad de Acarigua, y que es una de las principales productoras de aceites y margarinas del país.
A través de un comunicado, publicado el pasado 15 de diciembre, la empresa informó que no logró cumplir con el pago de un crédito otorgado por el Banco de Comercio Exterior (Bancoex) para financiar una planta de producción de aceite de girasol.
Directivos de Coposa explicaron que el impago de esa deuda se debió a la crisis económica que enfrenta el país, el control de cambio, la asignación de cupo para la materia prima, la pandemia, la escasez de diésel y a que la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundee) tomó el control de la empresa por 180 días en 2020.
En ese comunicado, Coposa solicitó a las autoridades revertir las cesiones de la deuda (transferencia de la obligación al cambiar al deudor) para que “retorne dicha acreencia a Bancoex”.
Se estima que el valor de esa planta industrial oscila entre 100 millones y 200 millones de dólares.
El capital accionario de Coposa no está distribuido entre un pequeño grupo de personas o familias, sino repartido entre casi 700 accionistas del sector privado.
Nuevas opciones para proyectos
Con las limitaciones que ha impuesto el gobierno de Nicolás Maduro a la banca, principalmente el encaje legal y la prohibición de otorgar créditos en divisas pese a que más de la mitad de los depósitos del sistema bancario nacional ya está en dólares y monedas distintas al bolívar, los créditos bancarios al agro venezolano siguen ausentes.
La demanda es enorme, pero la falta de base legal para respaldarlos seca el sistema y frena su crecimiento.
Ante eso, otras organizaciones del sector privado se están promoviendo ahora como alternativas de financiamiento para el desarrollo de proyectos agrícolas y agroindustriales. Una de ellas es la Bolsa de Valores de Caracas (BVC).
La semana pasada, la compañía Montesco Fondo Agroindustrial se sumó a este mercado bursátil. Sus datos ayudan a entender mejor los escenarios del 2022.
Debut promisor
Montesco debutó en la bolsa haciendo una Oferta Pública de 60 mil Acciones clase A y 540 mil Acciones clase B.
Esta empresa se propone invertir, financiar y capitalizar todo tipo de actividad comercial relacionada o en conexión con el sector agrícola, agroindustrial o pecuario. Esto incluye la producción, recolección, cosecha, almacenamiento, transporte y comercialización de todo tipo de producto agrícola y agroindustrial. También, la cría, engorde, beneficio, preparación almacenamiento, transporte y comercialización de todo tipo de productos agropecuarios.
También contempla proyectos agroindustriales, de transporte, almacenamiento y comercialización de cualquier rubro agrícola y productos alimenticios o derivados.
En su primera etapa de operaciones, Montesco apoyará proyectos de producción de maíz y cacao y de exportación de café verde y manteca de cacao.
“La reactivación económica del país está vinculada al financiamiento y la Bolsa de Valores de Caracas es el sitio apropiado para buscarlo; tenemos la renta variable, a través de las acciones, y de renta fija, que son los bonos de deuda privada, es posible que más adelante Montesco pueda emitir deuda, para levantar capital”, subrayó el presidente de la BVC, Gustavo Pulido.
Gustavo Pulido, presidente de la Bolsa de Valores de Caracas
La BVC sigue operando en bolívares. Aunque han solicitado al Ejecutivo permitirle un esquema multimonedas, para operar en dólares, esa autorización aún no llega. Lo cual contrasta con lo que está ocurriendo con la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria y la Bolsa Descentralizada de Valores de Venezuela que en 2021 han operando en divisas distintas al bolívar e incluso en criptomonedas.
Perspectivas 2022
El economista Alejandro Gutiérrez estima que en 2022 la producción agrícola y agroindustrial de Venezuela crecerá más que en 2021, podría hasta quintuplicarse como proyecta Ecoanalítica. Pero mientras no haya cambios estructurales en la economía venezolana y no se salga de la crisis política no habrá desarrollo sostenible posible.
“En la medida en que se mantengan la liberación de precios y las facilidades para la importación de insumos, y que no se sobrevalore el tipo de cambio -como se está sobrevaluando ahora- que abarata las importaciones, va a haber competitividad para la producción nacional”, señala Gutiérrez.
También se puede anticipar que las limitaciones de suministro de combustibles, el aumento de cargas fiscales y parafiscales, así como el excesivo número de alcabalas militares y policiales que piden dinero o alimentos a los transportistas a cambio de permiso para continuar con sus tránsitos de alimentos (sobornos) y el pésimo estado de las infraestructuras y servicios públicos, encarecerán los costos de producción y serán transferidos a los consumidores finales.
