Este viernes, 1 de marzo, el Centro de Justicia y Paz (Cepaz) analizó junto a varios defensores de derechos humanos y miembros de organizaciones internacionales la sentencia de la Sala de Apelaciones sobre la situación del Caso Venezuela I ante la Corte Penal Internacional (CPI).
La Sala de Apelaciones de la CPI desestimó, de manera unánime, la apelación que había hecho el gobierno de Nicolás Maduro contra la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares, que había autorizado antes continuar la investigación por casos de asesinatos, torturas, desapariciones forzadas y uso excesivo de la fuerza en el contexto de las manifestaciones de 2017 y 2019, los cuales constituyen crímenes de lesa humanidad, según el Estatuto de Roma.
Ante la importancia de este suceso, Valentina Ballesta, de Amnistía Internacional (AI), Laura Dib, de la organización The Washington Office on Latin America (Wola), Michelle Reyes de Human Right Watch (HRW) y Calixto Ávila, de Provea, analizaron varios aspectos sobre la decisión que se detallan a continuación:
CPI Caso Venezuela: qué ocurrió este 1 de marzo
Sobre la sentencia dictada por la Sala de Apelaciones, el abogado e investigador especialista en derechos humanos, Calixto Ávila, señaló que “es un hecho de especial importancia para el tema de la lucha por la justicia y la lucha contra la impunidad de graves violaciones de derechos humanos que constituyen crímenes de esta humanidad”.
Ávila destacó que la decisión tomada el 27 de junio de 2023, mediante la cual se autorizaba al fiscal Karim Khan a reanudar la investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela, fue objeto de apelación por parte del Gobierno de Nicolás Maduro, pero este 1 de marzo esa solicitud de apelación fue desestimada de manera unánime, lo que calificó como “muy importante”, porque “no hubo diferencias entre los jueces, ni en los contenidos, ni en la decisión final de la Sala de Apelaciones, por lo tanto esto significa que es una decisión definitiva”, Es decir, la CPI va a llevar a cabo su investigación sobre el caso Venezuela I.
Calixto Ávila aclaró que de aquí en adelante se abre un proceso de investigación consolidado que no se sabe cuándo será porque no existe un plazo establecido, pero determinará responsables y estas personas podrían recibir órdenes de comparecencia o órdenes de arresto emitidas por los jueces.
Sobre la importancia de este hecho, Michelle Reyes, asesora legal de Human Right Watch (HRW), agregó que con la decisión que se informó hoy se reanudó y se devolvió la esperanza de que los crímenes de lesa humanidad que se cometieron en Venezuela sean juzgados.
“Es un camino de esperanza para quienes no han podido encontrar una respuesta judicial en el propio ordenamiento interno de Venezuela”, enfatizó Reyes.
¿Puede el gobierno venezolano seguir retrasando la investigación de la CPI?
La asesora de HRW destacó que los seis puntos presentados por el gobierno de Maduro en la apelación fueron desestimados por parte de la Sala de Apelaciones. “En esta etapa no solo se refiere a tener resultados concretos o tangibles, sino también que no se trate solo de promesas de que se van a llevar a cabo las investigaciones”, dijo.
Reyes coincidió con Ávila en que la unanimidad en la decisión no se puede revertir porque todos los elementos fundamentados por el gobierno fueron rechazados.
Al respecto, la directora adjunta de investigación para las Américas de Amnistía Internacional, Valentina Ballesta, explicó que con la decisión de hoy quedó confirmado que Venezuela no tiene más recursos para seguir deteniendo y dilatando la investigación de la CPI.
“Hay unos aspectos técnicos súper importantes en la lucha contra la impunidad en Venezuela, pero tengo una certeza de que el proceso ya no puede ser detenido. El proceso va a avanzar, pero no sabemos cuándo y cuánto exactamente va a demorar porque no hay un límite de tiempo particular o establecido en el Estatuto de Roma, pero sí sabemos que ya hoy se le acaban a Venezuela los recursos para tratar de detener la investigación”, dijo.
Sin embargo, Michelle Reyes, asesora de HRW, afirmó que el gobierno de Nicolás Maduro podría utilizar el principio de complementariedad, lo que significa que la justicia internacional no desplaza a la justicia nacional sino que se complementan.
Esto se traduce en que si el gobierno llegara a abrir o considerar abrir los casos específicos considerados como crímenes de lesa humanidad, puede también utilizar herramientas concretas que le brinda el Instituto Roma como es el artículo 19 para cuestionar la visibilidad de los casos concretos.
“Como en el caso de Libia, estamos viendo un fiscal que ha anunciado el cierre de varias investigaciones y está tratando de cerrar algunas que han llevado muchos años por falta de incorporación de perspectivas la sociedad civil otras porque no hay muchos casos”, explicó Reyes.
¿Está sola Venezuela, cuál es el rol de la Comunidad Internacional?
El rol de la comunidad internacional y de organismos defensores de derechos humanos que a diario tienen sus ojos posados sobre Venezuela, han sido de gran importancia para que la CPI haya decidido investigar crímenes de lesa humanidad.
A juicio de Michelle Reyes y Calixto Ávila, la interacción entre el Consejo de Derechos Humanos, la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, la Organización Internacional del Trabajo y demás organismos, que en general pueden tener mandatos distintos, tienen un punto en común que es la lucha contra la impunidad.
“Venezuela no está sola, hay muchos mecanismos trabajando y es necesario que la sociedad civil y en especial las víctimas, sigan de cerca el trabajo que estas organizaciones internacionales han venido realizando y que puedan participar de manera eficiente con el apoyo técnico”, explicó Ávila.
Para Michelle Reyes, la CPI tiene una tarea muy importante de seguir buscando ese balance en comunicar debidamente tratar de ser lo más transparente posible en un contexto donde también hay exigencias de seguridad y confidencialidad con la sociedad civil.
Agregó que la comunidad internacional va a jugar un papel importante en contribuir a la protección de las personas que están en riesgo, en buscar medidas para garantizar que quienes están trabajando en estos casos no sufran represalias y que si la sufren que puedan recibir protección en otros países.
El rol de la sociedad civil será fundamental
Michelle Reyes resaltó la intervención de la sociedad civil en todo este largo camino que ha sido el caso Venezuela I. “Realmente es para sacarse el sombrero por el trabajo incesante e incansable que ha hecho la sociedad civil en Venezuela y fuera de ella”.
Exhortó que la tarea para la sociedad civil también continúa con el aporte de testimonios, evidencias y la interacción dentro de la CPI con las limitaciones existentes.
Reyes agregó que por ser este un año electoral es importante que la sociedad civil cuente con estrategias y mecanismos para que pueda tener una interacción segura.
