La detención de Rocío San Miguel y su grupo familiar, aunado a la expulsión del país de los funcionarios de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, marcan una profundización de la represión contra la sociedad civil venezolana. “Este año electoral es muy delicado para el poder”, señala Gonzalo Himiob, vicepresidente del Foro Penal
Luisa Quintero|TalCual
2024 no solamente marcará un año electoral, sino una profundización de la represión contra la sociedad civil y la oposición venezolana, a través de acusaciones y detenciones por «conspiración», la salida de organismos internacionales y la amenaza de la puesta en práctica de leyes con el objetivo de restringir el espacio cívico. La estrategia aplicada por las autoridades, si bien se repite desde hace años, se ha hecho más sistemática desde principios de enero, advierten especialistas.
Durante su memoria y cuenta el pasado 15 de enero, el mandatario Nicolás Maduro afirmó que el año pasado lograron detectar cuatro conspiraciones, todas dirigidas a asaltar cuarteles del país y, en última instancia, asesinarlo junto a otras figuras del oficialismo. La más grande de ellas fue la denominada operación «Brazalete Blanco», que tendría un impacto importante en el estado Táchira.
Días más tarde de esa alocución, se detiene en Barinas al profesor Víctor Venegas y su hermano, a quienes luego se les vincularía a estos hechos. El 22 de ese mismo mes, el fiscal impuesto por la asamblea constituyente, Tarek William Saab, dijo que había logrado la detención e identificación de al menos 32 personas –entre civiles y militares– relacionadas al «Brazalete Blanco».
En menos de 24 horas, los cuerpos de seguridad se activaron nuevamente para detener, esta vez, a tres dirigentes regionales del partido Vente Venezuela, fundado por la candidata presidencial opositora María Corina Machado. Así llegamos al 9 de febrero, cuando se detuvo a la abogada Rocío San Miguel, presidenta de la ONG, Control Ciudadano, cuando se disponía a salir del país con su hija.
La detención de San Miguel tuvo repercusión internacional. La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con una oficina técnica en Venezuela producto de un memorando de cooperación firmado en 2019, lo calificó como una desaparición forzada. Dos días después se limitaron a tomar nota de su lugar de reclusión y solicitaron el respeto del derecho a la defensa y el debido proceso para la activista.
Para Gonzalo Himiob, abogado y vicepresidente del Foro Penal Venezolano, estamos frente a una «profundización» de la represión hacia el espacio cívico venezolano. «Este año electoral es muy delicado para el poder. El gobierno está definitivamente decidido a limitar cualquier posibilidad, cualquier cosa que pueda de alguna manera enturbiar su imagen, porque se está jugando básicamente la permanencia en el poder».
En esto coincide Rafael Uzcátegui, sociólogo y codirector de Laboratorio de Paz. «Pensábamos que en la medida que nos acercamos al proceso electoral iban a aumentar las situaciones de persecución y hostigamiento. Se ha armado una narrativa para intentar justificar el incumplimiento por parte de las autoridades del Acuerdo de Barbados basada en este plan de conspiración que está involucrando a diferentes líderes sociales y políticos del país. Esta narrativa podría tener más personas vinculadas los próximos días y vamos a estar atentos para denunciar esa situación».
A juicio de Uzcátegui, a la administración Maduro le interesa «ganar tiempo», por lo que también cree que retrasarán el anuncio de la fecha de las elecciones presidenciales que, según el Acuerdo de Barbados, deberían hacerse el segundo semestre del año.
«Les interesa ganar tiempo para mejorar sus propias condiciones de participación, porque Nicolás Maduro tiene un amplio rechazo en este momento, necesitan tener seguridad en este momento sobre su base electoral, que está profundamente descontenta como se demostró en la no participación del referendo del Esequibo. Necesitan tiempo, y para ganarlo están aumentando esta curva de represión con esta narrativa que está involucrando a defensores, a periodistas y otros líderes sociales y políticos», afirma.
Represión con patrones sostenidos
Este año, señala el vicepresidente del Foro Penal, se han producido esquemas de represión que, aunque se registran desde años anteriores, «no estaban siendo utilizados de esta manera sistemática».
Los abogados Omar Mora Tosta y Gonzalo Himiob enumeran los casos de Rocío San Miguel, el ingeniero Carlos Salazar, los tres activistas regionales de Vente Venezuela, el sindicalista Víctor Venegas, al igual que un abogado detenido en el estado Apure. Todos ocurrieron este año.
«Todos los patrones se repiten. Esto es algo que ha marcado definitivamente una diferencia de la represión hasta este momento. No es que antes no hubieran pasado esas cosas, pero ahora parece ser que son las reglas», lafirma Himiob.
Ambos identifican que las autoridades usan un esquema que incluye:
- Arrestar a las personas sin mostrarles orden de captura o sin decirles porque se las está arrestando.
- Llevárselas sin informar de su paradero a sus familiares, a sus allegados o abogados.
- Mantenerlas incomunicadas durante varios días. Hay casos donde se ha registrado esa incomunicación durante semanas. Se esconde su lugar de reclusión.
- Anuncio por parte de las autoridades sobre la presentación en tribunales, “normalmente fuera del lapso legal constitucional para presentarlo”.
- La presentación ante los jueces ocurre a altas horas de la noche, de madrugada, o incluso en sus lugares de reclusión.
- Imposición de defensa pública.
- Los recursos de amparo no son conocidos, ni tramitados.
- No dan respuestas en los lapsos establecidos a las solicitudes hechas en instancias de protección de los derechos humanos en el país, para agotar la vía interna.
- En algunos casos, por boca del fiscal general o de cualquier vocero del gobierno, se trata de consolidar desde el punto de vista mediático una supuesta versión de los hechos que «justifica» estas detenciones o arrestos.
Rafael Uzcátegui incluye además las intimidaciones a medios de comunicación, mayores bloqueos y promoción de la censura, y amenazas de aprobar leyes más restrictivas como el proyecto de ley de fiscalización contra las ONG.
«Con esto te das cuenta de que al poder el proceso penal no le sirve o no le interesa que sirva para determinar la verdad, sino para consolidar sus propias narrativas, sus propias versiones, sus propias historias sobre los hechos», dice Himiob.
Agrega el profesor Mora Tosta: «Quedas en estado de indefensión».
«Viraje táctico»
El codirector de Laboratorio de Paz, Rafael Uzcátegui, afirma que la única diferencia con otros episodios de represión es el «viraje táctico» hecho por la administración Maduro con la expulsión de los oficiales de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
La salida de estos funcionarios, que se concretó el sábado 17 de febrero, fue criticada en diversas instancias internacionales, e incluso derivó en un pronunciamiento de la expresidenta chilena Michelle Bachelet, con quien el Estado venezolano firmó un memorando de entendimiento en 2019 -que incluía la cooperación técnica de sus oficiales- durante su etapa como Alta Comisionada de la ONU.
Bachelet, junto al resto de los representantes de la Mesa de Reflexión Latinoamericana, dijo que esta medida «sólo expresa una miopía política y una obstinación autoritaria en mantener el poder, por encima de una mirada conjunta como nación sobre las mejores vías para salir de la crisis».
El abogado Omar Mora Tosta señala que este es un retroceso claro en materia de derechos humanos. «El que se pida el desalojo de Venezuela de la misión, que tiene por labor a nivel mundial la protección de los derechos fundamentales, (…) y se les dé 72 horas para salir del país porque no son complacientes con lo que ellos quieren hacer es un escándalo».
Rafael Uzcátegui destaca que hasta la semana pasada «utilizaban al sistema de Naciones Unidas a su favor. Es decir, intentaban decirle al mundo que su colaboración con el Alto Comisionado era una muestra de voluntad política para mejorar la situación de derechos humanos y esto se hacía para evitar que otros mecanismos similares continuaran trabajando sobre Venezuela».
Además, resalta que «hay más sensibilidad frente a este tipo de acusaciones (por crímenes de lesa humanidad) y el gobierno está tratando de proteger a las personas que pudieran ser señaladas como responsables de esos delitos».
«En las próximas semanas vamos a ser testigos de diferentes escenarios de negociación, uno va a ser por la solicitud del regreso de los oficiales a Venezuela. Sin embargo, la gran pregunta que nos hacemos los defensores de derechos humanos en el país es en qué condiciones va a volver esa oficina, si va a volver con el mismo mandato, va a regresar mucho más debilitada, o si la comunidad internacional pudiese presionar para que se fortaleciera la capacidad de trabajo de estos funcionarios dentro del país», explica Uzcátegui.
Opina además que si la oficina técnica regresa a Venezuela sin la capacidad de hacer denuncias públicas, menor capacidad de protección y se centra en la capacitación técnica a funcionarios venezolanos,»quizás es el momento de revisar si es más útil para los venezolanos que esa oficina se mantenga fuera del país. Eso está por verse».
También afirma que «ya existe un precedente», sin importar si la oficina retorna al país con las mismas competencias. «Eso va a ser tomado en cuenta en la discusión del mes de septiembre en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, donde en ese espacio se va a discutir si se mantiene por dos años más el trabajo de la oficina sobre Venezuela, pero también si se renueva o no la Misión De Determinación de Hechos sobre el país».
