Un grupo de trabajadores de la empresa básica CVG Ferrominera del Orinoco, encabezados por Rodney Álvarez, se encadenó de forma simbólica frente a la Defensoría del Pueblo, en Caracas, para exigir que el organismo sirva de mediador ante sus reclamos laborales.
Álvarez dijo en declaraciones a Efecto Cocuyo que agotaron las instancias y vías de resolución de conflicto en el estado Bolívar, por lo que decidieron trasladarse a Caracas ante la falta de respuesta de los ministros de Trabajo e Industrias, Francisco Torrealba y José Félix Rivas respectivamente.
“Ya se cumple hoy (4.10.2023) un mes de nuestros reclamos. Y por eso hemos decidido hacer este acto. Ya no aguantamos más el engaño y la mentira al no darle respuesta a nuestras exigencias”, declaró Álvarez a las puertas de la Defensoría en la avenida Urdaneta de la capital venezolana.
Dijo que además de su caso, hay compañeros y compañeras a quienes han despedido o mujeres que envían a sus casas, aunque están embarazadas, sin pagarle su salario.
“Estamos cansados de que compañeros de trabajo sigan siendo despedidos, que compañeras embarazadas sean enviadas a sus casas sin devengar ningún tipo de salario cuando eso es una violación flagrante a sus derechos laborales”, denunció Álvarez.
Recordó que pasó preso 11 años a la espera de un juicio. En 2022, lo absolvieron de todas las acusaciones y sin embargo, la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) se niega a pagarle los salarios de ese tiempo en que estuvo privado de libertad. Tampoco quieren reconocer los beneficios que por contratación colectiva le correspondían a sus familiares.
“Estamos en este momento en la Defensoría del Pueblo para pedir la reincorporación, no solo la mía, sino de cientos de compañeros a quienes despidieron y enviaron a sus casas sin devengar ningún tipo de salario”, recalcó Álvarez.
“Por eso pedimos al Defensor del Pueblo una mediación para que él sea quien interceda ante el ministro de Trabajo y el de Industrias”, añadió.
Los botaron en plena pandemia
Otro de los trabajadores, Héctor Delgado, explicó que por la pandemia del COVID-19 la CVG comenzó a desincorporar a compañeros y le “quitaron el 70 % de su salario”.
Tras la pandemia, al ir a la corporación a pedir su reintegro de operaciones, a los trabajadores los despidieron y en su lugar contrataron a nuevos.
“A los trabajadores los están obligando que vayan a su lugar de trabajo como puedan. No hay transporte y le dicen que agarren colas y estén dos horas trabajando”, sostuvo Delgado.
Calificó como “un esclavo moderno” al trabajador que no puede reclamar ni defender sus derechos.
El pasado mes de abril, el gobierno de Nicolás Maduro intervino la CVG al ordenar la aprehensión de la antigua directiva del holding, que encabezaba Pedro Maldonado, y designó a representantes que por un año tendrán el deber de reestructurar las empresas básicas de Guayana.
Con información de Mairet Chourio