Desde el régimen venezolano lanzan un enorme esfuerzo de manipulación de la opinión pública para esconder el temor por quedar expuestos ante el mundo por crímenes de lesa humanidad.
Dentro del régimen de Nicolás Maduro intentan disimular la preocupación real por el inicio de una investigación de la Corte Penal Internacional (CPI).
Tergiversando los hechos intentan torcer la narrativa para presentar como positivo el hecho de estar bajo la lupa internacional por crímenes de lesa humanidad.
El fiscal chavista, Tarek William Saab, ofreció una entrevista a EFE en la que intenta reivindicar la investigación del Tribunal de La Haya como un triunfo del régimen de Maduro.
Saab califica la situación como «una victoria institucional» compartida entre la CPI y el estado chavista.
A pesar de eso, Saab afirmó: «discrepo de esa decisión de la Fiscalía de la CPI» en referencia al inicio de la investigación.
La manipulación del fiscal chavista
Tarek WIlliam Saab agrega que el memorando de entendimiento que firmó Maduro con el fiscal de la CPI «establece algo decisivo, fundamental, que es que Venezuela, con su sistema de Justicia (…) hará una investigación propia de los hechos por los que fue objeto de examen”.
El fiscal chavista quiere hacer entender que los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen serán investigados por el mismo aparato judicial que controla la dictadura. Y que lo harán de forma autónoma y sin supervisión.
Sin embargo, claramente el documento que firmaron el dictador y Kharim Khan, fiscal de la CPI, dice que la investigación se hará «de acuerdo con los estándares internacionales, con el apoyo y el compromiso activo de la Fiscalía de la CPI».
Finalmente, lo que Saab considera como lo “importante” es que la investigación de la CPI se hará “sin elementos suficientes para ir en contra de nadie, de ninguna autoridad» del chavismo. La realidad puede ser totalmente diferente.
Lo que temen los chavistas
Una extensa nota en el diario español ABC desmenuza las implicaciones que tendrá la investigación de la CPI. El inicio de la nueva fase permitirá al fiscal recabar pruebas sobre el terreno, interrogar a personas objeto de investigación, víctimas y testigos.
También, si es necesario puede pedir órdenes internacionales de detención. Todo con base en el Estatuto de Roma, norma por la que se rige el Tribunal.
El examen preliminar sobre Venezuela había iniciado con la antecesora de Karim Khan, la gambiana Fatou Bensouda.
En 2018, abrió el proceso ante las denuncias de violaciones de derechos humanos al menos desde abril de 2017. Entonces, Venezuela vivía una ola de protestas contra el régimen que fueron reprimidas con extrema dureza.
Las fuerzas de seguridad chavistas son acusadas de emplear una fuerza excesiva para disolver las manifestaciones. También están señaladas de someter a abusos y malos tratos a numerosos detenidos.
En septiembre de 2018 seis estados miembros de la CPI –Argentina, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Canadá– pidieron abrir la investigación.
Después de más de tres años de análisis de las denuncias, la exfiscal dejó a su sucesor un informe que concluía que «autoridades civiles, miembros de las Fuerzas Armadas e individuos progubernamentales han cometido crímenes contra la humanidad en Venezuela».
Acusados de alto rango
Respecto a la tranquilidad del fiscal chavista Saab sobre que no hay sospechas sobre funcionarios venezolanos, la investigación no excluye a nadie por razón de su cargo. Según el Estatuto de Roma ningún alto cargo «eximirá de responsabilidad penal ni constituirá per se motivo para reducir la pena».
Eso significa que Nicolás Maduro podría ser llamado a declarar y, en último caso, podría ser acusado, enjuiciado y condenado.
Rafael Uzcátegui, coordinador de Provea, una organización defensora de los DDHH en Venezuela explica la importancia del proceso.
«Esta investigación va a derivar en abrir un procedimiento judicial contra individuos responsables de crímenes contra la humanidad», afirma. Y detalla que dicho proceso no irá solamente contra quienes dispararon y torturaron. «(…) también contra quienes dieron las órdenes y permitieron que esos crímenes ocurrieran».
Es decir, los altos mandos y altos cargos del régimen, no podrán eludir su responsabilidad.
Quiénes están bajo el foco
La ex fiscal Bensouda, ya de salida, concluyó en su informe había suficiente evidencia para investigar a los gobernantes de Venezuela por crímenes de lesa humanidad.
«La información disponible proporciona una base razonable para creer que, desde al menos abril de 2017, autoridades civiles, miembros de las Fuerzas Armadas y personas progubernamentales han cometido crímenes de lesa humanidad”, afirma ese informe.
El documento responsabiliza de los delitos descritos a la Policía Nacional Bolivariana (PNB), el Servicio Nacional de Inteligencia Bolivariano (SEBIN) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).
También señala a las Fuerzas de Acción Especiales (FAES), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS), y otras unidades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).
Y, la investigación derivará sobre quienes están u ocuparon las direcciones de esos cuerpos. También, los ministros que nombraron a esos funcionarios y en última instancia el jefe de Estado que avaló tales designaciones.
Primer Informe con información de EFE, ABC, La Prensa y El Estímulo.
