La Sala concluyó que, si bien Venezuela está tomando algunas medidas de investigación, sus procedimientos penales internos no reflejan suficientemente el alcance de la investigación prevista por la Fiscalía
La Corte Penal Internacional aprobó que continúe la investigación contra Venezuela por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en el país, confirmó la instancia mediante un documento difundido el martes 27 de junio.
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La resolución llega después de que el gobierno de Nicolás Maduro intentara impedir que la investigación continuara e incluso, a través de alocuciones públicas, intentaran desconocer los crímenes.
«Venezuela no está investigando (y no expresa ninguna intención de investigar) las alegaciones de hecho que subyacen a los elementos contextuales de los crímenes de lesa humanidad; y, en relación con esto, el hecho de que el enfoque de las investigaciones internas parece estar generalmente en los perpetradores directos/de bajo nivel», fue la conclusión de los jueces que decidieron que sigan las investigaciones.
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Para la corte las medidas que se tomaron en Venezuela parecen limitadas y tienen períodos de inactividad investigativa que son inexplicables, según la instancia. “Las investigaciones internas parecen no reflejar suficientemente las formas de criminalidad que la Fiscalía pretende investigar, destacando en particular la intencionalidad discriminatoria subyacente a los delitos alegados y la insuficiente investigación de los delitos de naturaleza sexual”, señala el texto.
La Sala, integrada por los magistrados Péter Kovács (presidente), Reine Adélaïde Sophie Alapini-Gansou y María del Socorro Flores Liera, examinó la solicitud de la Fiscalía, las observaciones de las autoridades venezolanas competentes, que colaboraron activamente con la Corte en estas actuaciones, así como 1.875 presentaciones de opiniones y preocupaciones transmitidas a través de la Sección de Reparación y Participación de las Víctimas.
«Esta conclusión no impide que Venezuela aporte material en el futuro para que la Fiscalía o la Sala determinen la inadmisibilidad sobre la base de la complementariedad», indicó la Sala.
Fiscal puede presentar casos de crímenes de lesa humanidad
A dos semanas de la tercera visita del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) Karim Khan a Venezuela, la Sala de Cuestiones Preliminares de dicho organismo de justicia internacional autorizó que continúe la investigación contra el Estado venezolano por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad, durante el contexto de masivas manifestaciones ciudadanas contra el gobierno de Nicolás Maduro (2014 y 2017).
Activistas de derechos humanos como Alí Daniels de la ONG Acceso a la Justicia y Simón Gómez Guaimara, profesor de Derecho Internacional Público en la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab) resaltaron que la decisión es una «reivindicación» a las víctimas de violaciones de derechos humanos y les da esperanza de justicia. También, que Venezuela se convierte en el primer Estado en América Latina con una investigación abierta en la CPI por presuntos crímenes de lesa humanidad.
«Con esta decisión quedó demostrado que si ha habido retardos en el proceso no es responsabilidad de la CPI sino de las estrategias dilatorias del gobierno venezolano como la última acción de querer responder a las víctimas (…) Es un día de justicia para las víctimas, se les está diciendo que sí puede haber justicia subrayó Daniels.
¿Qué sigue en el largo proceso iniciado en 2018, cuando se abrió el examen preliminar por presuntos crímenes de lesa humanidad?
La fiscalía de la CPI anunció en 2021 que abriría la investigación. El gobierno de Nicolás Maduro solicitó un aplazamiento, pero a finales del año pasado, Khan solicitó a la Sala de Cuestiones Preliminares la autorización para continuarla.
Reanudar las investigaciones también implica que las víctimas de nuevos casos puedan mandar información a la CPI, señaló Ali Daniels, profesor de derecho internacional humanitario y codirector de Acceso a la Justicia, una asociación civil dedicada a monitorear la administración de justicia y el Estado de derecho en Venezuela.
“La fiscalía puede procesar esos nuevos casos y puede recabar información y pruebas. En el futuro, la fiscalía podrá presentar casos concretos con nombre y apellido de posibles perpetradores”, detalló a la Voz de América.
Además, Daniels subraya la importancia de la decisión debido a que «ya no son las ONG las que dicen que en Venezuela no hay justicia, sino la Sala de Cuestiones Preliminares».
Alfredo Romero, director y presidente del Foro Penal, una ONG que brinda asistencia a detenidos de manera arbitraria y sus familiares, dijo que la decisión se traduce en una “victoria” para las víctimas.
Si bien se trata de un proceso para el que no hay un tiempo establecido, en lo adelante se comienza “formalmente a colectar evidencia y testimonios” para que se lleve a cabo un proceso judicial en el que se determinen responsabilidades específicas, apuntó Romero.También lea ¿Cuál será el trabajo de la oficina de la CPI en Venezuela?
Fernando Fernández, profesor de derecho penal internacional y DDHH, dijo que las partes citadas como investigados tendrán “todos los derechos de que sus casos sean revisados exhaustivamente”, lo que toma tiempo.
“Son casos complejos y sumamente difíciles donde existe una cantidad de garantías y derechos que están en el Estatuto. Mucha gente cree que esto es inmediato. Siempre lo planteamos en términos de que son carreras de mucha intensidad y de largo aliento”, comentó a VOA.
Calixto Ávila, abogado especialista en DDHH de Provea, una de las ONG defensoras de derechos fundamentales más antiguas de Venezuela, resaltó que la decisión de continuar la investigación se produjo en un lapso de tiempo “bastante reducido” en comparación con los dos precedentes.
En el caso de Afganistán y Filipinas, ambos actualmente en fase de investigación, la decisión de los jueces ocurrió, respectivamente, seis y cuatro meses después de la presentación del informe de las víctimas. En el caso de Venezuela, solo pasaron poco menos de dos meses.
Daniels precisa que el hecho de que la Sala de Cuestiones Preliminares se haya pronunciado más rápido en comparación con los otros se debe a que el caso venezolano es «más contundente».
El Estado puede apelar
Los expertos en DDHH señalan que puede producirse una apelación del Estado venezolano porque es un derecho establecido en el artículo 81 del Estatuto de Roma que no tiene efectos suspensivos de la investigación, es decir, no la paraliza mientras la CPI responde.
Gobierno de Maduro dice que quieren usar la CPI «como arma política»
El gobierno venezolano cuestionó el mismo martes la decisión de la Sala de la CPI de autorizar la reanudación de la investigación y anunció que “recurrirá de esta decisión” ante la Sala de Apelaciones.
“Venezuela lamenta que esta decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares se preste para alentar y construir con esta maniobra, que claramente desnaturaliza la razón de ser de la CPI y mina su credibilidad como organismo de justicia internacional”, resalta un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Ávila sostiene que el Estado venezolano puede apelar la decisión, pero considera que las facultades investigativas del fiscal “no serían suspendidas, de acuerdo a la jurisprudencia de la CPI en la situación de Filipinas”.
Gómez Guaimara advirtió que el gobierno venezolano debe evaluar bien si apela en esta oportunidad porque luego no podría hacerlo en el transcurso de un caso que presente el fiscal de la CPI. Igualmente indicó que la Sala de Cuestiones Preliminares deja la puerta abierta para que Venezuela demuestre que su conducta ha cambiado con verdaderas investigaciones sobre los hechos denunciados.
«A pesar de lo que el gobierno ha dicho, no ha demostrado por qué no hay crímenes de lesa humanidad y eso la Sala lo critica. Cuando hay investigaciones es solo sobre autores materiales y no la cadena de mando», apuntó Daniels.
Casos concretos ante la CPI
En noviembre de 2022, Khan notificó que tras evaluar información proporcionada por el Estado venezolano en su solicitud de aplazamiento del proceso en la CPI, concluyó que no se ha hecho lo suficiente para investigar y castigar las violaciones de derechos humanos denunciadas (torturas, violencia sexual, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, persecución política) que son competencia de la Corte, incluyendo las reformas judiciales de los últimos años.
En mayo de este año, se rechazó también la petición de Miraflores de responder a los testimonios de más de 8.000 víctimas. El gobierno de Maduro instó al fiscal Khan a inhibirse del caso por «su parcialidad» contra el gobierno venezolano. Pese a ello, el fiscal visitó Venezuela a principios de junio, cuando se reunió con representantes de los Poderes Públicos, incluyendo a Maduro y se aseguró que esta vez, la CPI sí abriría una oficina técnica en el país.
Igualmente en esta fase de reanudación de la investigación sobre Venezuela sin que haya un lapso determinado para ello, el fiscal Khan puede procesar y presentar ante la Corte, casos concretos de presuntos crímenes, entrar en contacto directo con las víctimas y citar a los presuntos responsables.
«Cabe esperar que el fiscal presente casos concretos de víctimas y presuntos perpetradores, recopilará información, sumará elementos que no haya presentado, habrá evacuación de pruebas, comunicación con testigos y víctimas, el fiscal actuará de manera libre, puede procesar lo que estaba paralizado y avanzar», indicó Daniels.
Los abogados subrayaron que no hay un tiempo determinado para la presentación de los casos y que lo más probable es que Khan aguarde porque se responda la posible apelación del Estado venezolano, para continuar el proceso. Daniels advirtió que lo que demore el fiscal dependerá de la complejidad de los casos, el rango del presunto perpetrador, número de víctimas, entre otros elementos.
«Los tiempos de la Corte son los que son, si se ha tardado es por las actuaciones dilatorias del gobierno, de resto ha respondido de manera oportuna hasta ahora», añadió Daniels.
¿Gobierno de Maduro cooperará?
Gómez Guaimara señaló que a partir de la última visita de Khan al país, se pudiera esperar que el gobierno venezolano colabore con la investigación del fiscal, sin embargo en caso de negarle total acceso al territorio, afirmó, es una «ventaja» que muchas víctimas de violaciones de DDHH estén fuera del país, por lo que podrán ser contactadas de manera más fácil para ser entrevistadas y aportar pruebas.
El consultor en DDHH también resaltó que durante la presentación de los casos si se lleva a juicio a los presuntos responsables, es una regla que acudan a comparecer ante la Corte para que ejerzan su derecho a la defensa, de lo contrario podrían ser declarados como fugitivos.
El abogado explicó además que en caso de emitirse una orden de arresto, como la CPI carece de una fuerza policial, el acusado debe ser detenido por el Estado involucrado y si está fuera del territorio de su país, puede ser arrestado si ese otro país es parte del Estatuto de Roma.
«En Venezuela ha existido una total inactividad para dar respuesta a las víctimas sobre estos hechos graves, por lo que está por verse si el gobierno está dispuesto a cooperar», añadió.
Con información de Efecto Cocuyo/Voz de América
