Sobre la presencia de militares en las escuelas públicas, Cecodap ha venido alertando que es “motivo de preocupación”
La socióloga e investigadora de Provea, Desirée González, afirmó que aunque se desconoce bajo qué preceptos los maestros serán vigilados, el hecho, evidentemente, constituye una violación al derecho a la educación
@yeannalyfermin/Runrun.es
El Ministerio de Educación decidió responder con amedrentamiento y control social a las exigencias del gremio docente por un salario justo. Por un lado, la presencia de militares en las escuelas públicas; y la implementación de un sistema automatizado para controlar y supervisar la asistencia de los docentes.
El pasado lunes, 2 de octubre, la presidenta de Formación de Dirigentes Sindicales (Fordisi) de Venezuela, Gricelda Sánchez, denunció que en varias instituciones de educación pública se presentaron militares y policías, con el fin de supervisar “la asistencia” de los maestros, como una medida de “presión y persecución”.
En entrevista para Runrun.es, Sanchez afirmó que la presencia de efectivos de seguridad “es sin duda, una campaña de amedrentamiento para neutralizar al gremio docente”.
La presidenta de Fordisi sumó que tanto a ella como al gremio, este hecho “les preocupa grandemente” porque la respuesta de la ministra Yelitze Santaella, después de más de tres años en conflicto, es “seguir persiguiendo a los maestros”.
QR para pasar lista
El pasado 29 de septiembre, dos días antes de que se diera inicio formal al regreso a clases, la ministra de Educación Yelitze Santaella anunció la implementación de un sistema electrónico para vigilar la asistencia de los educadores a los planteles del país.
En entrevista transmitida por el canal del Estado, Venezolana de Televisión (VTV), Santaella explicó que para combatir el ausentismo laboral iban a contar con un “representante de gestión humana” que va a permitir, a través de un sistema, saber todo lo relacionado con la asistencia.
“Ya elaboramos un sistema y ese sistema entra en práctica para todo lo que tiene que ver con la asistencia de los trabajadores de las trabajadoras de los niños niñas y jóvenes en la escuela. Nosotros vamos a colocar en cada institución educativa, un QR ese QR también te va a dar acceso a toda la información de cada una de las escuelas de los liceos de los centros de educación inicial, eso nos va a permitir tener también una visión general de quién está presente en la escuela quien no está presente en la escuela y poder tomar también los correctivos necesarios porque bueno, hay otros que están esperando mil oportunidades”, dijo.
Desde el inicio del año 2023, el gremio docente ha venido exigiendo a mediante protestas de calle un aumento salarial acorde a lo establecido en el artículo 91 de la Constitución, además de contrataciones colectivas y demás beneficios como seguro médico y funerario.
De acuerdo el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM), el costo de la canasta alimentaria en agosto de 2023 fue de 491 dólares, lo que equivale a 16.374,71 bolívares; mientras que los salarios del sector no superan los 30 dólares.
Durante años, las exigencias de los docentes han sido ignoradas por el Estado y para este nuevo año escolar la ministra de educación recomendó tener “fe y esperanza”.
No dije lo que dije
El anuncio de Santaella sobre los QR para controlar la asistencia de los docentes generó tal rechazo en el gremio, que la tarde de este jueves, 6 de octubre, en entrevista para Venevisión, la ministra reculó y dijo que tergiversaron sus declaraciones: “nunca dijo que los código QR que van a implementar en las escuelas estén diseñados para vigilar a los docentes y maestros”.
«Son declaraciones controversiales que ponen en la boca de uno, yo dije que estamos haciendo un trabajo en conjunto con el ministro del Poder Popular para la Planificación, los planteles educativos van a tener un código QR, pero eso no significa que vamos a tomar la asistencia de los docentes ni menos que vamos a perseguir al docente», explicó.
La ministra aseguró que como maestra venezolana «valora la gallardía y el compromiso que tiene el maestro y la maestra venezolana» y reiteró que los docentes no tienen mejores salarios por las sanciones del gobierno de Estados Unidos.
Intimidación verde oliva
A juicio de Egard Machado, presidente del sindicato venezolano de maestros del Distrito Capital, la presencia de militares en las escuelas genera “intranquilidad en los docentes y estudiantes y en general con toda la comunidad educativa”.
Afirmó que tiene conocimiento que está ocurriendo mucho “amedrentamiento” por parte se supervisores y directores hacia los docentes porque les exigen que deben trabajar los cinco días de la semana, pese a que el salario no les alcanza para siquiera cubrir los gastos de transporte.
Machado aseguró que aunque ha visto la presencia de militares en varios colegios, no se ha presentado inconvenientes excepto lo que sucedió el pasado mes de julio en una escuela en Propatria donde un policía entró armado al centro educativo, cosa que está totalmente prohibida.
La presencia de las Brigadas Comunitarias Militares para la Educación y la Salud (Bricomiles), para reparar las estructuras de las escuelas no es algo nuevo, desde hace varios años el gobierno de Nicolás Maduro ha venido insertando a las fuerzas castrenses en los colegios lo cual ha generado descontento, pues introducir elementos partidistas en el sector educativo no es bien visto debido a que el componente militar no conoce ni tiene experticia en temas educativos.
Sobre la presencia de militares en las escuelas públicas, el Centro Comunitario de Aprendizaje (Cecodap) desde hace varios años ha venido alertando que es motivo de preocupación. “Si bien la reparación de las escuelas es una necesidad, existen mecanismos para efectuarlo, sin necesidad de usar la fuerza castrenses”.
Cecodap enfatizó que los centros educativos son espacios civiles, por lo que “bajo ningún concepto se debe permitir que autoridades militares que no tienen formación pedagógica sean las personas que estimulen los procesos educativos”.
La socióloga e investigadora de Provea, Desirée González, afirmó que aunque se desconoce bajo qué preceptos los maestros serán vigilados, el hecho, evidentemente, constituye una violación al derecho a la educación, a la trayectoria profesional de los docentes y a su reconocimiento académico.
El artículo 104 de la Constitución expresa claramente que la educación estará a cargo de personas de reconocida moralidad y de comprobada idoneidad académica, también que “el ingreso, promoción y permanencia en el sistema educativo, serán establecidos por ley y responderá a criterios de evaluación de méritos, sin injerencia partidista o de otra naturaleza no académica”.
