El juez Carlos Alberto Jaimes Gómez, confiando en la solicitud de la Dgcim, de haber encontrado municiones y explosivos en el hato de Reyes Gabriel Hernández González, emitió orden de detención en su contra, el 29 de octubre 2020. El juez no sabía que El Finquero, como conocen a Hernández en los sótanos de DGCIM, estaba preso desde el 2017 y aunque terminó su condena el 20 de octubre, aun no lo habían liberado cuando él emitió la nueva orden de detención. Un año después le da libertad plena y ordena que le devuelvan el hato Chaparralito. Ahora el juez está preso y el abogado defensor también.
Por Sebastiana Barráez
A Juan Carlos Guillén Rosales, un capitán retirado del Ejército y abogado defensor de Reyes Gabriel Hernández González lo detuvo la DGCIM, el 10 de diciembre 2021, en horas de la tarde, en el despacho del juez Carlos Alberto Jaimes Gómez, un día después de la audiencia en la que el Tribunal Primero de Control de Apure declaró la libertad plena para su defendido. El abogado estaba buscando la orden para que el CONAS y la GNB lo acompañara para tomar el hato, además de la inspección de barrido de drogas.
El 9 de diciembre 2021 el juez Carlos Jaimes Gómez, juez primero de Control del estado Apure, le comunica a Hermes Eduardo Juárez, Fiscal Superior de esa entidad federal, las denuncias que se hicieron durante la audiencia preliminar de Reyes Gabriel Hernández González, a quien se le sigue causa como coautor del tráfico ilícito de municiones y explosivos en la modalidad de ocultamiento. Le anuncia que su Tribunal decretó sobreseimiento de esa causa y ordenó su libertad sin restricciones.
Entre las denuncias el Juez recibió en esa audiencia, por parte de la defensa, está que Hernández González, a quien en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) llamaban El Finquero, fue la tortura, violación de sus derechos humanos, desde el mismo momento en que fue detenido en septiembre 2017.
Otro de los argumentos es que la defensa denunció que Reyes Gabriel “poseía 12 armas de fuego, colocando a la vista del Tribunal los correspondientes permisos de cada una de ellas”. Lo relevante es cuando el 11 de septiembre 2017 fue detenido, por funcionarios de la Base de Contrainteligencia Militar Nr. 32 del estado Apure, “esas armas fueron tomadas o retenidas sin justificación alguna desconociendo actualmente dónde se encuentran”.
La defensa solicitó en la audiencia que se investigue dónde están esas armas para que no se pueda presentar algún hecho donde estén vinculadas y pretendan involucrar a Hernández.
Robo de ganado
Por otra parte, vecinos del hato Chaparralito denunciaron que “desde hace mucho tiempo han sustraído gran cantidad de animales, tanto bufalinos como bovinos, por lo que solicita la suspensión de movilización de animales herrados con la señal de los hierros que pertenecen al hato”.
Narra el juez que el abogado Guillén Rosales denunció que “existe información respecto a la estadía de animales pertenecientes al hato Chaparralito, sobre los predios que conforman la compañía Agroflora y Corporación ganadera Bravos de Apure, por lo que solicita una inspección con la finalidad de constatar la presencia de dichos animales dentro de los predios y que sean devueltos al lugar donde pertenecen”.
Es así como la defensa de Hernández González denunció a Wilmer Arcángel Rodríguez Véliz, presidente de la empresa del Estado Corporación Ganadera Bravos de Apure, “porque ordena la salida de gran cantidad de animales pertenecientes al hato, además de que, mediante interpuestos funcionarios de esa Corporación, se introducen el 21 de julio 2020, antes de que fuera ordena la incautación del Chaparralito, en compañía del director de la Base de Contrainteligencia Militar Nr. 32 Juan García, y realizan un acta de entrega de bienes muebles y animales de distintas razas sin orden previa; ello se evidencia en el acta de entrega IC-22-404-20″.
Así mismo, el juez destaca que le fue requerida “una medida de protección a favor de Reyes Gabriel Hernández González, por cuanto ha recibido múltiples amenazas de muerte en su residencia donde se mantiene bajo detención domiciliaria, por esa razón requiere de este órgano jurisdiccional que se emita una orden al Grupo Antiextorsión y Secuestro Nr. 35 de la Guardia Nacional Bolivariana, a efecto de que preste la protección y seguridad de sus derechos”.
El juez, quien ahora está detenido, le dice finalmente al fiscal superior de Apure que ordenó la devolución del derecho de propiedad que posee Reyes Gabriel sobre el hato Chaparralito, ubicado en la parroquia Guachara, municipio Achaguas, estado Apure, “en ese sentido se ordena el cese de la medida de incautación que fue decretada por este despacho”.
El otro caso
Anteriormente Horacio Morales León, Juan Chavarry Román y Rafael Gordon Ramos, otros abogados defensores de El Finquero, en un escrito donde ratifican la necesidad de celeridad en “el traslado por condición precaria de salud de Reyes Gabriel Hernández González”, relatan cómo fue detenido el 01 de septiembre 2018 por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).
Agregan que el hecho ocurrió a las 3 de la tarde, dentro del hato “sin orden de aprehensión” y que fue trasladado a la sede de la DGCIM en San Fernando de Apure “en donde permaneció aproximadamente 27 días, hasta que es trasladado a la sede de la DGCIM de Boleíta en Caracas”.
Explican que fue presentado el 5 de octubre 2018 ante la juez Ana María Gamuza, del Tribunal Séptimo de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Control del Circuito Judicial del Área Metropolitana de Caracas, donde Farik Karín Mora Salcedo, de la Fiscalía Sexagésima Séptima (67) Nacional, lo imputó por los supuestos delitos de Traición a la Patria y Asociación para Delinquir, por lo que lo dejaron privado de libertad.
“Nuestro patrocinado resultó condenado, por admisión de hechos, a una pena que cumplió suficientemente el 5 de octubre 2020, pero fue libreado el 3 de noviembre 2020 es decir, 28 días después de haber cumplido plenamente la condena”.
Ese día en que fue librado “el 3 de noviembre, en horas de la noche, recibe llamada de la DGCIM, para que se apersone a la sede de DGCIM en Boleíta, a efectos de atender una situación administrativa. Es así como El Finquero con sus abogados acude el 4 de noviembre a la DGCIM, pero lo dejan detenido “porque sobre él pesa una orden de aprehensión por el Tribunal Primero de Control de Primera Instancia de Apure, con fecha 29 de octubre 2020″.
Es decir, mientras Reyes Gabriel Hernández estaba preso y a punto de terminar la pena por la que estuvo en DGCIM desde el 2017 y que debía concluir el 20 de octubre, la DGCIM lo mantiene casi un mes más detenido mientras creaban otra causa e hicieron que el juez Carlos Jaimes Gómez, del tribunal del estado Apure, emitiera privación de libertad contra El Finquero, argumentando que encontraron municiones en su propiedad; ese hato está ocupado por funcionarios de la DGCIM desde que El Finquero fue detenido en 2017.
El 6 de noviembre 2020 El Finquero es presentado en el Tribunal Décimo Octavo de Control de Caracas, quien declinó la competencia a favor del Tribunal de Apure, porque la orden de aprehensión la había firmado el juez Carlos Jaimes y a él le remiten el caso.
Los abogados de la defensa relataron que después de eso a Hernández no lo trasladaban a Apure con la excusa de “la escasez de combustible y las restricciones por la pandemia de la Covid19″, a la vez que enumeran varios problemas de salud de su defendido: diabetes, circulación, problemas cardiacos y gástricos.
Hasta ahora hay mucho interés en El Chaparralito, ocupado por funcionarios de la DGCIM. Los vecinos desconocen qué hacen ahí, más allá de las fiestas y la venta y sacrificio de ganado.
