En todas las instancias en las que el Gobierno tiene el control, desde los Comité Locales de Abastecimiento (CLAP) hasta los ministerios, se ejerce presión y se pide supervisar que los ciudadanos participen el próximo 3 de diciembre en el referendo por el Esequibo, muchas veces bajo amedrentamientos expresos
Roison Figuera | Luna Perdomo
El gobierno de Nicolás Maduro planea llenar los centros de votación en el referendo sobre el Esequibo. El mandatario dijo en días pasados que aspira que 12 millones de personas participen en el mecanismo consultivo y para eso pidió a las estructuras de base movilizar a la ciudadanía en cada sector del país.
Tras la realización del simulacro del referendo realizado el pasado 19 de noviembre hubo denuncias de despidos y suspensión de cargos, como medidas intimidatorias. Muchos empleados públicos temen que estas acciones se repitan contra quienes decidan no participar en la consulta de este domingo 3 de diciembre.
Días previos a la realización del referendo, el gobierno comenzó a presionar a sus empleados públicos y a quienes reciben algún tipo de beneficio para que ejerzan su derecho al voto de manera obligatoria, situación que no se evidenció en el simulacro. Para esa fecha eran pocos los reportes de advertencias para que los trabajadores asistieran a participar.
En ese momento, el sociólogo Damián Alifa y el analista político Daniel Varnagy dijeron a TalCual que las presiones eran selectas, pero podrían escalar a medida que se acercara el referendo.
Los expertos afirmaron que hay un cambio de estilo significativo en el que parecería que el Gobierno se ha dado cuenta que los mecanismos violentos para arengar a la población se convierten en efectos negativos en su propia contra.
Supervisar sin presión
«Las líneas que tenemos los que ostentamos niveles de confianza y responsabilidad es acudir a las urnas a primeras horas de la mañana», dice un trabajador de la Gobernación del estado Vargas que pide resguardar su identidad.
El trabajador explica que «con relación al personal a mi cargo se les orienta a comprender que más allá del aspecto político y su línea de pensamiento esos 160.000 km² han constituido una lucha que data de varias décadas».
Según el funcionario regional, él solo «supervisa» al personal que está a su cargo, pero no ejerce presión sobre ellos.
«No se obliga, se supervisa en función que se entiende que las diversas agrupaciones políticas asignan actividades a sus agremiados y en función del cumplimiento del horario de trabajo se supervisa», insiste el trabajador.
En el Ministerio de Economía y Finanzas, la situación no es distinta. A los encargados de las diversas direcciones del ente los emplazaron a llenar un formato Excel con nombre y apellido, teléfono, cédula de identidad, correo electrónico, cargo y «unidad administrativa».
El documento, que lleva por nombre «caracterización de electores», se debe llenar y pasar a la sala situacional de Finanzas. «Ellos allí llevarán el monitoreo de que todos votemos», comenta a TalCual una trabajadora del ente.
Ya en el simulacro, celebrado el pasado 19 de noviembre, los trabajadores del Ministerio habían sido amedrentados. «Recuerden a su vez que toda la información está registrada y vinculada con nuestro órgano rector, lo cual significa que debemos actuar con la verdad y mentir puede traer consecuencias que estarán bajo la responsabilidad de cada trabajador», fue el mensaje que llegó en ese momento a algunos trabajadores.
Al sector salud también lo tienen monitoreado. TalCual accedió al link del formulario Google que trabajadores del gremio deben llenar el día de la votación. Además de los datos básicos de identificación, los trabajadores deben precisar la parroquia, tipo de trabajador y estructura de salud a la cual pertenece.
David Curvelo* es enfermero. Trabaja en la Fundación Fondo Administrativo de Salud para el Ministerio de Interior y de Justicia y en el Instituto Autónomo de Previsión Social para el Personal del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Ipsopol). Comenta que en el primer ente es en el que le han insistido que tiene que votar el 3 de diciembre.
«Esta semana prácticamente todos los días nos recuerdan que tenemos que votar», cuenta a TalCual.
El abogado y exfiscal del Ministerio Publico Zair Mundaray denuncia en la red social X que el presidente del Circuito Judicial de Municipio Civil del Área Metropolitana de Caracas, sede Los Cortijos, quien es un militar, envió un memorándum en el que se invita a los trabajadores a «ejercer el voto» en el referendo en defensa del Esequibo.
De la misma manera pide de forma «respetuosa» que se «baje inmediata y oportuna vía WhatsApp la información a cada unidad sobre quienes participaron en la jornada electoral», indicando nombre y apellido, cédula de identidad, cargo, número de contacto, lugar donde labora y centro de votación.
Mundaray también dice que se les exige una «constancia fotográfica de la participación» y pregunta. «¿Sin amenazas cuánta gente iría realmente?
Presión en las aulas por el referendo
El sector educativo no ha escapado de los exhortos del Estado. William Figueroa, integrante de la Federación Venezolana de Maestros, comenta a TalCual que se está intentando recopilar las denuncias de este tipo que se registran en el interior del país.
Hay algunos estados que vienen denunciando presiones para participar en el referendo por el Esequibo. Agrega que en algunas escuelas de Nueva Esparta se ha ordenado a maestros llenar formatos para comprometerlos a acudir a las urnas electorales.
Docentes del estado Sucre denuncian que son presionados para participar en el referendo. También aseguran que algunos maestros que no participaron en el simulacro el pasado 19 de noviembre fueron despedidos de sus cargos.
Francisco de la Cruz, integrante del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza, afirma que en el estado Sucre al menos 15 maestros fueron despedidos por no participar en el simulacro, y sostiene que esta decisión «arbitraria» de despedir a unos y coaccionar a otros docentes para que participen en el referendo es una medida que les causa «malestar» porque esas acciones perjudican directamente a los educadores.
Maira Marín, presidenta del Sindicato Venezolano de Maestros (Sinvema) de Anzoátegui, dice que «no solo son obligados a votar, sino también a hacer campaña para promover la participación en el referendo y a tomarse fotos».
Marín detalla que son forzados a tomarse una selfie el próximo domingo en el acto electoral por el Esequibo y asegura que esta orden también fue dada a los trabajadores de Petróleos de Venezuela (Pdvsa).
«La mayoría (de los docentes) fue obligado, más que todo los nuevos ingresos, pero no lo denuncian por temor a más represión. Obedecen, pero van en contra de su voluntad», condena Maira Marín.
La dirigente sindical recuerda que estas presiones son violatorias de la Ley Orgánica del Trabajo y que la participación es voluntaria. «Los sábados y domingos son días de descanso laboral, entonces, ¿por qué el patrono, bajo amenaza, tiene que obligar a los docentes a asistir a actos proselitistas de Gobierno?».
En redes sociales también hubo quejas sobre intimidaciones para participar en esta consulta. Un usuario de X llamado Juan Linares explica que a los trabajadores con cargos de jefatura se les exige una cuota mínima de votos.
Linares agrega que usando la «manipulación, amenazas, intimidación y chantaje», a la gente se le amedrenta con quitarle la bolsa del Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP) o la eliminación de bonos. Asevera que «las amenazas fueron más fuertes con los nuevos ingresos».
Los trabajadores de otros organismos públicos contaron a este medio que en sus oficinas les han dicho que el «domingo tienen que ir a votar sí o sí» y que serán llevados a votar donde les toque y devueltos a sus casas con transporte que estará habilitado ese día.
TalCual Digital
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