Fue presentada formalmente ante la Corte Penal Internacional el caso de los trabajadores de la Siderúrgica del Orinoco SIDOR, los cuales fueron desincorporando injusta e ilegítimamente por los funcionarios que ejercen la representación de la empresa, violando flagrantemente sus derechos constitucionales y humanos.
La información fue suministrada por Carlos Ramírez del Movimiento UNIDAD EN LA COINCIDENCIA, quien ejercía como delegado de prevención en la acería de Palanquillas y el dirigente sindical José Luis Alcocer.
Como es público notorio y comunicacional desde el 3 de noviembre del 2021, el Fiscal de la CPI abrió una investigación en la situación de Venezuela a raíz de la remisión hecha por un grupo de Estados parte al Estatuto de Roma el 27 de septiembre de 2018.
En el marco del lapso establecido a tal efecto Carlos Ramírez, asistido por el Dr Edwin Sambrano, con amplia trayectoria en el campo laboral, explicó que los trabajadores Jean Franco González, Luis Arriojas y César Soto fueron separados de sus cargos con el argumento que era por la pandemia Covid-19, aun cuando se sabe que fue por motivos políticos por ser parte del sindicato y porque , usando su derecho a la libertad de expresión han sido críticos de la forma como el régimen ha ido destruyendo en forma paulatina los puestos de trabajo y precarizó los sueldos y salarios en la empresa SIDOR. En el caso específico de Soto en más de una ocasión han tratado de amedrentarlo los órganos de seguridad del estado en su propia casa y al igual que Jean Franco González tienen coacción de un tribunal del trabajo.
Continuando con la explicación del contenido de la denuncia consignada ante la Corte Penal Internacional Carlos Ramírez dijo que tanto su persona como Yelitza Carrón y Cruz Hernández le fueron suspendidos sus salarios desde el 15 de Febrero de 2021 y hasta la fecha no han tenido respuesta por parte de la empresa SIDOR sobre su status en la misma. Estos trabajadores tienen 35, 34 y 32 años de servicios en la empresa.
“Ahora bien”, expresó Ramírez, las denuncias pertinentes se realizaron en la dependencia administrativa como son la Defensoría del Pueblo, la Inspectoría del Trabajo y la Fiscalía General de la República y no ha habido respuestas a nuestras denuncias quedando en un silencio administrativo que está afectando considerablemente la vida de los trabajadores involucrados y hostigados ilegal e injustamente”.
En cuanto a las acusaciones directas Carlos Ramírez dijo que en el documento responsabilizan directamente a Nicolás Maduro, Presidente de la República, Néstor Astudillo, Presidente de la empresa SIDOR, Noralys de la Rosa, Directora de Legal Laboral en SIDOR, Soraira Pérez, Directora de Talento Humano de SIDOR Y Magdiel Viamonte, Gerente de Relaciones Laborales de SIDOR.