Este pasado jueves 1° de Julio, la alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU Michelle Bachelet, presentó un nuevo informe sobre el Estado de los mismos en Venezuela y el acatamiento de las recomendaciones realizadas en sus irregulares visitas al país para comprobar las miles de denuncias. Decimos “irregulares” porque es imposible en este régimen, una clara visión de la real situación, al no contar con la colaboración del Estado para que los comisionados pudiesen realizar una trabajo con un mínimo de credibilidad y efectiva comprobación. Negaron los accesos a los centros de detención para verificar las inhumanas condiciones de los detenidos, bloquearon las entrevistas con muchos de los afectados y sus familiares, negaron informaciones básicas para la elaboración del dictamen, como informes médicos, estado de los procesos judiciales, sitios de reclusión y muchos otros que lejos de ocultar las violaciones, las magnificaron al añadir una concluyente y categórica presunción: “Si lo quieren ocultar, debe ser verdad”.
Después de cada visita mal recibida, los inspectores dejaban un rosario de recomendaciones que en su candidez creían que el Estado cumpliría, como una forma de ajustarse a las reglas universales de respeto de los derechos humanos, nada más alejado de la realidad. A estas alturas del partido no hay nada que el Estado pueda hacer para controlar, limitar y mucho menos eliminar las conductas violatorias desplegadas por las fuerzas del Estado en contra de la ciudadanía, lo que en principio fue estimulado como una forma de control político y significo una patente de corso a fuerzas militares, policiales y civiles para el control de la ciudadanía que se oponía al régimen, hoy rebaso con creces a la organización estatal y la sobrepaso volviéndose incontrolable. Similar al Rey Agrestes en Camelot que se vuelve loco y se come sus propias manos, el Estado manifiesta su incapacidad para controlar el monstruoso engendro creado, que poco a poco se lo está devorando. Le dieron absoluta libertad a las fuerzas represoras para actuar a sus anchas sin respetar las mínimas reglas en la detención de los ciudadanos, la orden judicial de visita domiciliaria, el acompañamiento de un fiscal del Ministerio Público, el resguardo de las evidencias, la presencia de testigos y muchas otras fueron obviadas por razones políticas y de conveniencia, transformándose en reglas comunes de actuaciones, hoy en día, un allanamiento va acompañado de robos, lesiones, atropellos, agresiones físicas, psicológicas, incomunicaciones y hasta ejecuciones extrajudiciales, la revisión de esas actuaciones ilegales por los tribunales de justicia son otro saludo a la bandera, porque los Jueces y fiscales son unos subalternos de las fuerzas represoras, llegándose al extremo de irrumpir audiencias judiciales para sacar esposados a funcionarios que se han negado avalar sus tropelías, dando por buenas cualquier actuación del estado por más extrema que la misma sea. El informe se queda corto, son parte de un mínimo porcentaje de héroes y valientes que continúan sus denuncias hasta las últimas consecuencias, apoyados por los Quijotes defensores de DDHH, la gran mayoría abandonaron la batalla, pasaron su dolor, secaron sus lágrimas y claudicaron en su lucha tratando de proteger a los familiares que quedan, primeros amenazados ante la insistencia de castigo por parte de las victimas. En tanto un estado fallido trata por todos los medios de maquillar la tragedia, traslada detenidos, procesa a chivos expiatorios, cubre la basura debajo de la alfombra, amontona los cristales rotos debajo de la escalera, pero de todo esto existe una sola certeza y es inocultable. “El Estado tiene miedo”, sabe que el brazo de la Justicia Internacional llega a cualquier rincón y que no existe madriguera donde esconderse, El Carnicero de los Balcanes Milosevich o Augusto Pinochet lo vivieron en carne propia y nosotros ansiamos verlos en el banquillo, no por venganza sino por justicia y ese día cada vez está más cerca. Seguiremos conversando.
