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Ejecuciones: así responde el Estado a las protestas por derechos básicos

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La ONG Justicia, Encuentro y Perdón publicó este miércoles un informe sobre el patrón represivo del Estado venezolano contra una población que reclama por sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Desde 2016 contabilizan 76 asesinatos en este contexto

Oscar Medina

23 de junio de 2021

¿Alguien recuerda a Alexandra Conopoi? Seguro que su gente allá en el kilómetro cero de la carretera Mamera-El Junquito sí. Ahí vivía Alexandra. Y ahí estaría con su hijo de no haber pasado lo que pasó el 31 de diciembre de 2017. Como tantos otros vecinos esperaba por la promesa del gobierno: un pernil. Los ánimos se agitaron cuando recibieron la orden de desalojar el centro de acopio. Eso les dijo un uniformado que parecía estar borracho. Unos se fueron, otros protestaron, otros se quedaron a ver qué pasaba: eran las 11 de la noche y queráis llevar el pernil a casa.

En medio de las discusiones, el uniformado de la Guardia Nacional sacó su arma y disparó. Dos personas quedaron heridas, uno de ellos tuvo la suerte de sobrevivir a dos balazos. Alexandra fue la tercera víctima, pero no puede contarse como herida porque la bala le entró por la cabeza y la mató de inmediato. Tenía 18 años.

También tenía 5 meses de embarazo y aunque la llevaron a un hospital, no pudieron hacer nada por el hijo. La cuarta víctima. El victimario está identificado: David José Rebolledo Cortez. Pero según la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, en todo este tiempo ni siquiera han hecho la audiencia para comenzar su juicio.

El caso de Alexandra es uno de los 76 asesinatos extrajudiciales que ha documentado la ONG desde 2016 solo en el contexto específico de manifestaciones en las que se exigen derechos económicos, sociales, culturales o ambientales (DESA) y que está contenido en el informe publicado este miércoles bajo el título «Ejecuciones extrajudiciales por exigibilidad de DESCA en Venezuela».

La data de JEP da cuenta de 126 personas asesinadas durante manifestaciones pacíficas y de estos, 76 durante la demanda de este tipo de derechos: 33 durante manifestaciones por DESCA y 44 en el marco de saqueos o intentos de saqueos. Y esto conduce a consideraciones: la emergencia humanitaria compleja por la que atraviesa Venezuela en un escenario de hiperinflación, desabastecimiento, crisis económica e incapacidad por parte del Estado de cumplir satisfactoriamente con las más elementales demandas de servicios por parte de la población.

«Los DESCA, así como los Derechos Civiles y Políticos, continúan en proceso regresivo de los lineamientos de inclusión y justicia social, como consecuencia de los impactos de medidas económicas que tienen gran incidencia en los costos sociales y, por supuesto, el mal diseño, planificación y ejecución de políticas con resultados paupérrimos», dice el documento de la ONG: «La ejecución extrajudicial se ha convertido en una de las formas más comunes de atentar contra la vida en el contexto de protestas; donde la autoridad aplica la pena de muerte en contra de aquellos que se encuentran ejerciendo su derecho constitucional a expresarse mediante acciones pacificas de calle que buscan hacer un llamado al Estado frente a cualquier situación de vulnerabilidad, corrupción o irrespeto al estado democrático».

De acuerdo a JEP en el estado Bolívar (17) y en Distrito Capital (19) se agrupan la mayor cantidad de víctimas, especialmente por las manifestaciones de 2019. En cuanto a segmentación por sexo, las ejecuciones en el marco de manifestaciones por DESCA son 26 hombres y 6 mujeres a lo que se suman las muertes en contextos de saqueos: 37 hombres y 7 mujeres.

¿Y por qué llamar la atención sobre esto justo en este momento? Para empezar, porque estas violaciones a los derechos humanos no deben olvidarse. Y porque la emergencia humanitaria compleja y las enormes carencias en servicios públicos están lejos de resolverse, de modo que tarde o temprano -pese a la amenaza del coronavirus- volverán las manifestaciones. Y nadie quiere que esta siga siendo la respuesta del Estado.

Nadie quiere que se repita lo de Alexandra, ni lo de Evelio José Rodríguez Robles, un niño de 12 años asesinado de un balazo durante la represión de una protesta por falta de agua y gas en el estado Bolívar.

Eso fue el 18 de julio de 2018. ¿Alguien se acuerda de Evelio?