El dirigente de CVG Alcasa, Javier Torres, recordó la serie de denuncias hechas ante el Cicpc, Fiscalía, Inspectoría del Trabajo y Defensoría del Pueblo por casos de corrupción en la empresa, persecución y represalias a los trabajadores.
Aunque las recientes detenciones que se han hecho en el contexto del operativo Mano de Hierro están vinculadas a tráfico de combustible, droga y extorsión, en Guayana consideran fundamental que el plan se extienda a las empresas básicas.
El presidente del Movimiento 7 La Voz Alcasiana, y miembro de la Coalición Anticorrupción en Bolívar, Javier Torres, informó que planifican ir a Caracas para hacer entrega de las pruebas de cada una de las denuncias hechas por irregularidades en CVG Alcasa, y solicitar que se aplique el operativo Mano de Hierro para los responsables de la debacle de esta y más industrias en la región.
“Si investigan al PSUV en Bolívar se quedarán sin militancia”, afirmó Torres, en relación a los presuntos vínculos de altos funcionarios gubernamentales y de las empresas básicas, con cada una de las denuncias que reposan en los archivos de instituciones como el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Fiscalía, Inspectoría del Trabajo y la Defensoría del Pueblo.
Parte de estas denuncias se hicieron durante la gestión de Arquímedes Hidalgo y del actual gobernador Ángel Marcano, como presidentes de Alcasa. En ningún caso hubo respuesta por parte de ambos, tampoco una investigación concluyente por parte de las instituciones competentes.
Así como en la reductora de aluminio, existen denuncias de corrupción en el resto del holding CVG. Estas incluyen la persecución, acoso y despidos injustificados, principalmente a los que han denunciado públicamente estas irregularidades
Torres recuerda, por ejemplo, un video grabado el 20 de diciembre de 2020. En el mismo se muestra una gandola con estructuras de celdas que salía de la empresa sin la respectiva guía de despacho. También el caso de unas bobinas que desaparecieron sin explicación.
La denuncia fue puesta en Fiscalía y la investigación quedó a cargo de los fiscales Danny Zambrano y Fernando Betancourt. Torres señaló que “casualmente” cuando comenzaron con las investigaciones, al primero lo destituyeron, y al segundo lo detuvieron bajo la acusación de corrupción.
Las averiguaciones nunca avanzaron y fueron archivando cada denuncia en la Fiscalía Cuarta contra la Corrupción.
Relató también que antes de las elecciones de gobernadores y alcaldes, acudieron al despacho del exfiscal superior de Bolívar, Manoel Gil Da Silva, detenido recientemente por presunto tráfico de combustible. Nunca los atendió.
“Estuvimos toda la mañana esperándolo. Cuando salió le dijimos que, por favor, nos atendiera porque teníamos denuncias de irregularidades en CVG Alcasa. Nos miró y se fue. Allí nos dimos cuenta que había conchupancia de estas instituciones con lo que ocurre en las empresas básicas”, dijo Torres.
Las denuncias
En febrero de 2020, la Coalición Anticorrupción en Bolívar presentó un informe con evidencias de la corrupción en Alcasa.
Uno de los casos es el de José Gregorio Soffia Sandoval, quien se desempeñaba como jefe de seguridad patrimonial. Torres denunció que este fue víctima de persecución, hostigamiento, acoso y despedido por informar las autoridades de la estatal lo que ocurría con una serie de hurtos.
Las denuncias, de 2017, fueron presentadas ante el Cicpc y Fiscalía Cuarta contra la Corrupción.
Una de las denuncias fue en febrero de 2017 por el intento de hurto de los juguetes de los hijos de los trabajadores. Esto consta en el expediente K-17-0071-02409. La Coalición denunció que en este hecho estuvieron involucrados dos empleados de la reductora de aluminio, identificados con su número de ficha.
La segunda denuncia, que consta en el expediente en Cicpc K-17-0071-02242, fue el 16 de marzo de ese mismo año por el hurto de unos transformadores de grúa HP en la planta. A la fecha sigue en proceso de averiguación.
El 29 de marzo de 2017 se abrió una investigación por el hurto de materiales y equipos en las instalaciones del polideportivo de Alcasa, que consta en el expediente K-17-0071-02532.
Las denuncias de Soffia Sandoval incluyeron la pérdida de un material estratégico de cobre, el cual se ordenó cambiar de lugar en la planta, por orden de un jefe designado por Ángel Marcano, y posteriormente desapareció.
Millones de dólares en contratos
La directiva ad hoc de la Corporación Venezolana de Guayana, presidida por Enrique Castells, llegó a denunciar que el Gobierno nacional invirtió alrededor de 600 millones de dólares supuestamente para la reactivación de CVG Alcasa, así como la compra de un nuevo laminador con un empresa china, y que nunca se entregó oficialmente.
En octubre de 2019, el exsecretario del Sindicato de Trabajadores de Alcasa (Sintralcasa), Henry Arias, denunció que entre 2009 y 2012 se firmaron en esta empresa una serie de contratos multimillonarios por venta de toneladas de aluminio, y que en su mayoría fueron fraudulentos.
Algunos de ellos fueron con las compañías Glencore y Noble, y a través del convenio China-Venezuela se firmó un punto de cuenta por más de 403 millones de dólares para el Proyecto de Rescate de la Soberanía Productiva del Sector Aluminio, y debía darse en un plazo de tres años.
Estuvimos toda la mañana esperándolo. Cuando salió le dijimos que, por favor, nos atendiera porque teníamos denuncias de irregularidades en CVG Alcasa. Nos miró y se fue. Allí nos dimos cuenta que había conchupancia de estas instituciones con lo que ocurre en las empresas básicas”
Javier Torres, miembro de la Coalición Anticorrupción en Bolívar
Arias también señaló el caso de Palmat. Esta empresa envió una comunicación a Alcasa por tener más de un año desde el último despacho que recibieron, y ocho meses sin respuesta. Además, Palmat reclamó que ese último despacho llegó en estado muy delicado y no se estaban tomando las previsiones de manejo adecuado.
Torres no dejó de lado a Kavec de Venezuela por la compra de 2 mil toneladas de desechos de ripio contaminado y ubicados en el búnker de Celdas III. El precio ofertado fue de Bs. 100 mil (en 2018) por tonelada, con pagos y retiros parciales de 300 toneladas semanales.
Serlaca fue otro de los proyectos de grandes inversiones. Sostuvo que “altos militares de la FANB tenían 11 contratos para la construcción de este proyecto”.
“Ambas plantas CVG Alcasa y Serlaca alimentarían al laminador en frío. Este es un proyecto con una inversión de 843.248.728,82 dólares. Nicolás Maduro, en cadena nacional, hace una transferencia en noviembre año 2019 de Serlaca a CVG Alcasa sin solicitar una auditoría selectiva”, agregó.
Así como en la reductora de aluminio, existen denuncias de corrupción en el resto del holding CVG. Estas incluyen la persecución, acoso y despidos injustificados, principalmente a los que han denunciado públicamente estas irregularidades.
CdC
