En medio de los acercamientos cada vez más frecuentes entre Gobierno y gremios empresariales, mostrando posturas afines en diversos temas, Consecomercio presenta una propuesta contundente para corregir el desempeño de la economía con un petitorio que recuerda a los cientos de llamados hechos con anterioridad y que nunca fueron respondidos por el Estado
El Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio), entregó al Ministerio de Comercio Nacional y a otros organismos públicos del país, una propuesta que incluye cambios en siete ejes centrales de la economía en un intento por encauzar al país hacia una senda de crecimiento económico sostenible.
Así lo informó el presidente de Consecomercio, Gustavo Valecillos, al leer un comunicado que inició con la frase «todas las cosas ya fueron dichas, pero como nadie escucha, es preciso comenzar de nuevo», del premio nobel de la Literatura André Gide, haciendo alusión a que el sector privado ya ha presentado estas solicitudes reiteradas veces en el pasado, sin que las autoridades tomen medidas concretas.
El primer punto priorizado por Consecomercio es la necesidad de acelerar la transición hacia una economía de mercado, un cambio que ha afrontado el Gobierno en los últimos cuatro años, pero a medias.
Los representantes del sector del comercio y los servicios exigen que los precios de todos los bienes y servicios, incluyendo las divisas, queden libres de regulaciones y se definan, en su lugar, por la ley de la oferta y la demanda.
«Es indispensable que los bienes y los servicios, incluyendo las divisas, se transen de acuerdo con la ley de oferta y demanda, evitando la sobrevaluación de la moneda y estimulando las exportaciones en el marco de una economía inclusiva que impacte a todas las fuerzas productivas», expuso Consecomercio.
Esto se traduciría en el fin de la política de intervención cambiaria aplicada por el Banco Central de Venezuela (BCV), con la cual inyectan dólares a la economía en un intento por contener el alza del tipo de cambio.
En segundo lugar, priorizan la reactivación del crédito bancario, especialmente dirigido al consumo, en un intento por recuperar el poder de compra de los venezolanos, azotado por unos salarios paupérrimos que limitan el consumo y, por lo tanto, imponen un techo muy bajo para el crecimiento económico.
Consecomercio sostiene que ninguna economía moderna puede crecer de manera sostenida sin financiamiento bancario, necesario para invertir y generar fuentes de empleo. En este proceso se debe cuidar la aplicación de las tasas de interés para que no queden desfasadas gracias a la inflación.
«Es indispensable que las tasas de interés pasivas —las que se pagan a los ahorristas por los depósitos— sean superiores a la tasa de inflación, con la finalidad de incentivar el ahorro y que los tenedores de bolívares no teman perder el valor de su dinero refugiando sus ahorros en otras monedas», puntualizan.
El tercer punto del gremio de los comerciantes se centra en la erradicación de la inflación mediante la eliminación del déficit fiscal del Gobierno, algo posible reduciendo el gasto público del Estado y aumentando «racionalmente» la recaudación tributaria, proponiendo la formalización de los trabajadores informales como mecanismo para lograrlo.
Como cuarto punto, remarcan la necesidad de adecuar la Ley del Trabajo (Lottt). El nuevo instrumento legal tendría que apuntar a la generación de un ingreso «real y apropiado» para los trabajadores a través del incremento de la productividad en el país.
«Se requiere incrementar de inmediato el ingreso de los trabajadores y generar las condiciones para la creación de nuevos puestos de trabajo en el sector privado», sostienen.
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Bajo este panorama, sería necesario un cambio radical en la política salarial del Estado y su tendencia a otorgar remuneración a través de bonos. En su lugar, el salario permitiría dinamizar la economía.
«Todo ingreso otorgado a los trabajadores debe ser pagado en dinero disponible, de forma tal que contribuya al giro de la economía y a la generación de tributos», acota el documento.
En línea con la reforma, tendría que implementarse un plan tributario nacional que permita ampliar la base tributaria nacional y llevar a la formalidad a todas las actividades económicas del país.
«Toda actividad económica, por más pequeña que sea, debe contribuir con impuestos, acorde a su capacidad, para el funcionamiento del Estado (…) Se sugiere revisar todo el marco legal que genera irracionalidad en tributos. Las únicas personas que no deben contribuir con el Estado son las personas que viven exclusivamente de las pensiones y jubilaciones», sostienen.
También solicitan un proceso de adecuación del tamaño del Estado, bajo el argumento de que creció en el contexto de una economía mucho más grande que ya no existe y actualmente mantiene gastos insostenibles.
«Hay que adecuar ese Estado a lo que se puede costear con los ingresos reales del fisco y devolver al sector privado las empresas bajo el control del Estado, para que pasen de ser una carga a ser una fuente de tributos», precisan.
Ya Fedecámaras, que agremia a Consecomercio, adelantó que discute con el Gobierno la devolución de unas 800 empresas expropiadas que están inoperativas o en manos del oficialismo, pero la propuesta de Consecomercio va más allá y sugiere incluso la participación privada en los servicios públicos gracias a un modelo híbrido de gestión.
«Proponemos incentivar el modelo de gestión mixto, donde se incorporen las mejores prácticas de los sectores público y privado», razonan.
Como último punto, Consecomercio insta a restaurar la autonomía del BCV y retomar su función principal: «garantizar la estabilidad financiera y de precios de la economía nacional».
Para que cumpla con esta meta, los representantes del comercio defienden que debe ser un ente autónomo e independiente de intereses políticos y partidistas.
«Una política monetaria bien conducida garantiza al país una estabilidad económica sin inflación, proporcionando beneficios para los trabajadores, los empleados públicos, los empresarios y el Gobierno. Un Banco Central complaciente con el Gobierno de turno no trae beneficios para ningún sector de la población», subrayan.
El documento se presentó en un contexto de acercamiento entre el Gobierno y los gremios representativos de la empresa privada, que han dejado las marcadas diferencias que los separaban hasta 2019 y empezaron a estrechar sus lazos, a la expectativa de que el Gobierno, que afirma escuchar al empresariado, ejecute acciones concretas para corregir el rumbo de la economía a raíz de estos encuentros con los privados.
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