Los sectores de desarrollo tecnológico, industrial y turismo recibirán un impulso económico con esta ley. Nicolás Maduro firmó los decretos de activación de cuatro «zonas económicas especiales» (ZEE) ubicadas en distintas regiones estratégicas del país, a fin de avanzar en la construcción de un «nuevo modelo pospetrolero».
«Estoy seguro (de que esto) nos va a permitir (…) seguir avanzando, con mucho empeño, con mucha perseverancia, en la construcción de un nuevo modelo económico que permita integrar, perfectamente, las potencialidades económicas, productivas, tecnológicas de las distintas regiones del país, con nuevas fuentes de inversión nacionales (…) e internacionales», dijo Maduro.
Se trata de la «activación» de la Ley Orgánica de las Zonas Económicas Especiales, que Maduro consideró un «instrumento de primer orden» con el que se podrá «avanzar en un ensayo» que ha sido «exitoso en muchos lugares del mundo».
Asimismo, con estas «zonas especiales», se tomará la «senda del desarrollo tecnológico, industrial» y de la «diversificación de fuentes de ingresos» para la nación, aseguró el jefe de Estado durante el acto, transmitido por el canal estatal VTV.
La Tortuga, ambicioso proyecto turístico
Una de las cuatro ZEE es la isla La Tortuga, donde se desarrollará «uno de los proyectos (turísticos) más importantes» en el Caribe, «elaborado» por «una empresa italiana», destacó Maduro.
El mandatario también activó zonas en la Península de Paraguaná, el punto más septentrional del país y en el también estado La Guaira, donde se desarrollarán actividades relacionadas con el turismo, la pesca y la industria, entre otras áreas.
Los militares no se quedan atrás
Asimismo, ordenó la activación de una «zona económica especial militar» en el estado Aragua para el «desarrollo de toda la potencialidad científica, tecnológica e industrial» de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).
Por su parte, la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, señaló que algunos de los incentivos que establece la Ley de las ZEE son la «reducción del 50 % de los servicios portuarios y aduaneros para la exportación» y el «reintegro del Impuesto Sobre la Renta (ISLR), que puede alcanzar, en los primeros seis años, hasta un 100 %, dependiendo de la actividad exportadora».
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