Víctor Álvarez R. / @victoralvarezr
El gobierno y la oposición finalmente se pusieron de acuerdo en el “Procedimiento para la revisión de las medidas de inhabilitación” que impide a varios precandidatos postularse a las Presidenciales 2024. A través de la red social “X”, la Embajada de Noruega en México informó que: “Como facilitador del Proceso de Diálogo y Negociación de Venezuela, confirmó la recepción del procedimiento, conforme al Acuerdo Parcial sobre la Promoción de Derechos Políticos y Garantías Electorales para Todos”.
El paso que se ha dado es una señal de la voluntad de las partes de seguir trabajando en torno a las condiciones electorales que regirán las Presidenciales de 2024 y las Megaelecciones de 2025, y despeja temporalmente la amenaza de reactivar las sanciones que hizo el gobierno de EEUU, en caso de que no se definiera un proceso y plazos precisos antes del fin de noviembre.
Del 1 al 15 de diciembre de 2023, “Cada uno de los interesados acudirá personalmente ante la Sala Político Administrativa del TSJ para ejercer el recurso contencioso administrativo que corresponda contra la medida de inhabilitación dictada por la Contraloría General de la República, acompañada de una solicitud de amparo cautelar”.
Posteriormente, “La Sala Político Administrativa del TSJ se pronunciará sobre la admisión de la demanda y el amparo cautelar solicitado, conforme a los principios de celeridad y eficiencia recogidos en la Constitución». El Procedimiento dice que “Los interesados asumen el compromiso de acatar, en el marco de la Constitución, la decisión del TSJ que emane de ese recurso”. Huelga decir que en Venezuela se cuestiona la autonomía de los poderes públicos.
“En la demanda presentada y en declaraciones públicas, los interesados se abstendrán de incorporar conceptos ofensivos o irrespetuosos contra las instituciones del Estado, en cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica del TSJ”. Adicionalmente, indica que cada uno de los interesados asume el compromiso de:
- Respetar la Constitución y las leyes.
- Cumplir con el deber de honrar y defender a la patria, sus símbolos y valores culturales; resguardar y proteger la soberanía, la nacionalidad, la integridad territorial, la autodeterminación y los intereses de la Nación, recogido en el artículo 130 de la Constitución.
- Acatar en el marco constitucional la decisión del Tribunal Supremo de Justicia que emane de este recurso.
- Rechazar cualquier forma de violencia en el ejercicio político, así como cualquier tipo de acciones que atenten contra la soberanía, la paz y la integridad territorial de Venezuela.
En estos cuatro puntos subyace el argumento para mantener, e incluso extender, la inhabilitación de todo aquel precandidato o precandidata que hayan solicitado sanciones económicas contra Venezuela, invocado una intervención militar externa a través del TIAR, promovido nacional e internacionalmente el reconocimiento de un gobierno paralelo, apoyado el intento de golpe militar, respaldado la prolongación de funciones de la Asamblea Nacional 2015-2020 y haberse pronunciado a favor del aislamiento internacional, la máxima presión y la amenaza creíble contra Venezuela. Estas son acciones que el oficialismo considera como violencia política y traición a la patria y seguramente serán utilizadas como razones para insistir en la pérdida de derechos políticos y mantener las inhabilitaciones.
En el discurso de MCM suelen escucharse con frecuencia afirmaciones como estas:
- “Venezuela está secuestrada por un narco-régimen”
- “Estamos gobernados por una banda de criminales”
- “Hay quienes quieren lavarle la cara a un criminal como Maduro”
- “Maduro, te quiero vivo para que enfrentes a la justicia”.
- “Desplazar a la tiranía. Eso quiere decir el Hasta el Final”.
- “El régimen está débil y aterrado”
- “Una negociación sólo para la salida de Maduro”.
Su narrativa radical y amenazante le cierra las vías para inscribirse como candidata en el CNE. Maduro no va a dejar correr en la carrera presidencial a quien lo amenaza con convertirse en su verdugo. No quiere pasar por el mismo calvario por el que han pasado Rafael Correa, Lula Da Silva, Cristina Kirchner y Evo Morales. Tratará de impedir que la bola de nieve de la Primaria presidencial siga creciendo y se transforme en una indetenible avalancha que lo barra en las Presidenciales de 2024.
Si el PSUV pierde las Presidenciales de 2024 puede perderlo todo. Teme no poder aguantar la euforia triunfalista de la oposición, ser barrido en las parlamentarias y perder la mayoría de gobernadores, alcaldes, diputados regionales y concejales. El oficialismo sabe que en las Presidenciales de 2024 se juega su sobrevivencia y por eso no se descarta una Megaelección que le permita desplegar toda su maquinaria electoral bajo el lema: o nos salvamos todos o no se salva ninguno.
¿Le entregará el chavismo el poder a María Corina Machado si ella gana las elecciones? ¿Qué incentivos hay que ofrecerle al chavismo para que no se aferre al poder? ¿Cuáles son las condiciones que se deben crear para celebrar unas elecciones competitivas y facilitar la alternabilidad en el poder por la vía pacífica y electoral?
El gobierno de Nicolás Maduro no tiene ningún interés en mejorar las condiciones electorales que estimulen a votar masivamente en su contra y lo saquen del poder. Mejorar las condiciones electorales a cambio de flexibilizar las sanciones es necesario más no suficiente para convocar unas elecciones libres y transparentes. Maduro necesita vender el petróleo a precios de mercado y recuperar los fondos bloqueados para financiar los programas sociales que levanten su popularidad antes de las elecciones, pero lo que más le interesa es negociar las garantías políticas que impidan una cacería de brujas contra el chavismo, en caso de perder las elecciones y tener que entregar el poder.
La solución electoral y pacífica del conflicto venezolano -que haga posible una alternancia en el poder sin revanchismos y afanes de venganza- tiene que ser pactada antes con el chavismo, al cual se le deben dar garantías y confianza de que no será perseguido, enjuiciado ni encarcelado. Solo así entregarán el poder. Para no dinamitar los Acuerdos de Barbados y lograr que estos finalmente conduzcan a unas elecciones competitivas, a tono con los estándares internacionales. Por lo tanto, un tema clave para hacer posible la alternabilidad en el poder en Venezuela es el de las garantías que se le ofrecerán -tanto al gobierno como a la oposición- para que el resultado electoral no se convierta en una tragedia para los perdedores.
De allí la necesidad de completar el Acuerdo Parcial sobre la Promoción de Derechos Políticos y Garantías Electorales con un Pacto de Convivencia Pacífica que garantice los derechos políticos del perdedor. Este puede ser el paso clave que finalmente permita el avance hacia una solución electoral y pacífica del conflicto venezolano.
