por Mariana Souquett Gil @nanasouquett
La organización no gubernamental Acción Solidaria documentó 1.436 sucesos relacionados con vulneraciones al derecho a la salud en Venezuela durante el año 2020, de los cuales 455 estaban vinculados con poblaciones vulnerables y 164 de estos últimos eran sobre niños, niñas y adolescentes.
El informe llamado “Salud en Emergencia: el caso de Venezuela”, presentado este 25 de agosto por la Unidad de Exigibilidad de Derechos Humanos en Acción Solidaria, destaca que la emergencia humanitaria compleja ha tenido un impacto diferenciado y más grave en las mujeres y en los niños, niñas y adolescentes.
El documento recopila información de 21 portales de medios nacionales e internacionales, y de 27 organizaciones de la sociedad civil, y la analiza a partir de los estándares del derecho humano a la salud: disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad.
La organización resalta que la afectación al derecho a la salud en Venezuela “es sistemática”, se extiende por todo el territorio nacional y se espera que se agrave en lo que resta de 2021.
Además concluye que el deterioro de la infraestructura, la capacidad de atención y servicios médicos evidencian el colapso del sistema de salud público. Del total de eventos documentados, 21% corresponden a situaciones ocurridas en 109 centros asistenciales pertenecientes al sistema de salud público en 22 de 24 entidades del país.
En referencia a los niños, niñas y adolescentes, los 164 eventos representaban 36% del total de casos detectados en las poblaciones vulnerables. Poco más de un tercio de ellos se suscitaron en el contexto de un centro de salud público, principalmente en los hospitales JM de los Ríos (Caracas), Maternidad Concepción Palacios (Caracas) y Manuel Núñez Tovar (Maturín) .
De esos 164 registros, 37 están relacionados con problemas de agua y saneamiento, especialmente la falta de agua corriente en los hospitales públicos. También se ha documentado la ingesta de aguas de río contaminadas y el fallecimiento de niños por infecciones derivadas de ese consumo, principalmente en las comunidades indígenas waraos.
El patrón de vulneración más importante del estándar “disponibilidad” fue la escasez de insumos y medicamentos, “incluyendo vacunas”, y además se recogieron casos de bebés que fallecieron por falta de antibióticos y otras medicinas o por falta de incubadoras y ventiladores mecánicos.
En cuando al estándar de “accesibilidad” relacionado con la salud de los niños, niñas y adolescentes, Acción Solidaria destacó preocupación por la exigencia de algunos hospitales a demostrar a los padres y representantes capacidad económica debido al desabastecimiento generalizado de medicamentos e insumos. También reportaron el cierre de servicios de salud como terapias intensivas.
“Hubo mucha documentación de que se les exige a los padres y representantes el pago de todos los insumos y medicamentos para poder tratar a los niños, niñas y adolescentes en los centros de salud públicos. Incluso documentamos casos donde no los aceptaban en las emergencias a menos que pusieran por delante dinero para poderlos atender”, dijo Natasha Saturno, coordinadora de la Unidad de Exigibilidad, durante la presentación del informe en la sede de la organización.
Igualmente, el informe reseña que el 18,3% de los registros están vinculados a niños, niñas y adolescentes con insuficiencia renal o trasplantes, el 9,1% con condiciones oncológicas, 7,9% con VIH y 7,3% con hemofilia. La principal vulneración fue el desabastecimiento de medicamentos e insumos para sus afecciones.
Además, 17% de los registros se vincularon a problemas de alimentación y desnutrición de niños, niñas y adolescentes. Citan datos de Unicef que reportaban al menos 4.000 niños con desnutrición aguda.
“Los niños, niñas y adolescentes se encuentran desprotegidos. Durante todo el año se registraron diversos hechos a escala nacional que evidencian la vulnerabilidad en la que se encuentra la infancia venezolana”, resaltó el informe.
Pandemia de COVID-19
Juan Rodrigues, miembro de la Unidad de Exigibilidad de Derechos Humanos de Acción Solidaria, destacó que el COVID-19 fue el tema con la mayor cantidad de eventos identificados con respecto a las otras categorías. El monitoreo mostró 558 registros relacionados con COVID-19, 38,85% de todo 2020.
“Hay un subregistro muy elevado sobre los casos de COVID-19 en Venezuela y eso es consecuencia de la desestructuración del sistema sanitario público no solo a nivel de estructura de hospitales sino a nivel de manejo epidemiológico. No hay cifras oficiales desde hace cinco años”, indicó este 25 de agosto.
Destacó que la pandemia evidenció que el personal de salud entró entra las poblaciones vulnerables debido a su alta exposición, falta de equipos de bioseguridad, aunado a la migración y los bajos sueldos.
Además de exhortar a garantizar insumos, tratamientos, medicamentos y servicios, Acción Solidaria recomienda invitar a la Relatoría sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental de la Organización de Naciones Unidas (ONU) a una visita in loco a Venezuela.
También llama a continuar e incrementar el trabajo de cooperación técnica con las agencias especializadas de la ONU, y aumentar las capacidades de los actores humanitarios en el país.
Vea aquí el resumen del informe
