Al hacer un recuento de la situación laboral en el país y en Guayana, el también ex secretario de organización del Sindicato de la Industria Siderúrgica y sus Similares (SUTISS) manifestó que los trabajadores sentenciados a 16 años de prisión, Emilio Negrín, Gabriel Blanco, Reinaldo Cortés, Alonso Meléndez, Alcides Bracho y Nelson Astudillo, quienes en su mayoría son sindicalistas vinculados a los gremios del aparato administrativo del Estado venezolano, como los tribunales y el poder legislativo. La supuesta “actividad subversiva” de la que se les acusa es defender derechos laborales como el aumento del salario y el cumplimiento de los Convenios Colectivos, y los ampara, no solo la Constitución y las leyes, también el convenio 87 de libertad sindical de la OIT (Organización Internacional del Trabajo).
Asimismo el mundo fue testigo de un hecho insólito en el país de las mayores reservas petroleras del planeta y poseedor de incalculables riquezas minerales y naturales; los pensionados y jubilados que tienen meses frente a la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) en el centro de Puerto Ordaz al no obtener respuesta de sus reclamos en cuanto a ingresos dignos, derecho a la atención de salud y alimentación por mencionar solo algunos de los derechos que vienen siendo vulnerados sistemáticamente por el Estado venezolano a través de la CVG, entonces, decidieron emprender una acción extrema como la de declararse en huelga de hambre, exigiendo el pago de sus prestaciones sociales y un compromiso por escrito por parte de la directiva de mejorar las condiciones de la nómina inactiva para respetar la contratación colectiva que plantea beneficios como el servicio de Hospitalización, Cirugía y Maternidad (HCM). Al final levantaron la huelga después de firmar un acta compromiso y que la revolución del siglo XXI no ha cumplido, porque si bien es cierto que fijaron un cronograma para cancelar las prestaciones sociales, lo están haciendo en forma arbitraria y chucuta. Una situación similar la vivieron los jubilados de PDVSA con una huelga de hambre por los mismos motivos.
“Por otra parte”, continuó José Luis Alcocer, “Después de cinco días de protesta a principios de año, trabajadores de Sidor se apostaron en la avenida frente a la Siderúrgica del Orinoco SIDOR para exigir la indexación del salario, pago de bonificaciones adeudadas y demás beneficios contractuales menoscabados, Al igual que en ocasiones anteriores la respuesta fue represión y más represión”
Alcocer relató que el reclamo terminó con la detención de 18 personas vinculadas a la protesta. El tribunal les imputó el cargo de instigación al odio y los obreros fueron liberados bajo régimen de presentación.
“No puede llamarse obrerista un gobierno que arremete en contra de la clase trabajadora” insiste Alcocer, en el caso de los sidoristas la persecución ha sido brutal y prueba de ello es que los dirigentes Leonardo Azocar y Daniel Romero todavía están detenidos, igualmente por participar en una protesta durante el mes de Junio y cuyo delito fue defender derechos laborales y no la cartilla presentada por el régimen de “Asociación para delinquir e instigación al odio”.
“Dos años sin aumento salarial, trabajadores detenidos, incumplimiento de las Convenciones Colectivas, bajas en la producción, inflación galopante, destrucción de los puestos de trabajo, el saldo laboral del gobierno obrero es paupérrimamente negativo” finalizó diciendo José Luis Alcocer.
