La conflictividad social va en aumento en Venezuela; de acuerdo al Observatorio Venezolano de Conflictividad Social se produjeron 3.088 protestas en el país en los primeros cinco meses del 2023, y la mayoría son sobre exigencias ciudadanas por Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales. El estado Bolívar, se mantiene entre los primeros lugares del índice de conflictividad social, y no es para menos, los docentes pasan más tiempo protestando en la calle por los bajos y paupérrimos salarios que en las aulas de clase, la sede de la Corporación de Guayana (CVG) en Puerto Ordaz, es un campamento de los trabajadores en protesta.
Han transcurrido catorce meses desde el último ajuste salarial, en los cuales los trabajadores venezolanos han sido sometidos a continuar en la sobrevivencia ante un gobierno que no atiende los reclamos y exigencias de los venezolanos. A diario los ciudadanos expresan su inconformidad por las precarias condiciones de vida como consecuencia de una economía dolarizada, en medio de escenarios de corrupción e impunidad, donde el régimen es indolente ante el hambre y la miseria de la gente.
Los salarios y pensiones son insuficientes y no garantizan las condiciones mínimas para vivir con dignidad. El último ajuste de salario mínimo fue fijado en 130 bolívares que se traduce en 4,7 dólares mensuales a tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BVC), y además con tendencia a bajar por las constantes devaluaciones de la moneda.
Frente a la CVG se dan cita diariamente, los Accionistas Clase B, reclamando la cancelación de las acciones, los jubilados de manera forzosa que no le han cancelado las prestaciones sociales, los familiares de trabajadores fallecidos que tampoco le han cancelado las prestaciones sociales, los trabajadores no requeridos solicitando su restitución a su puesto de trabajo, los trabajadores con el salario suspendido y que no le informan su status y ahora se suman los familiares de los trabajadores privados de su libertad por protestar por los beneficios laborales y que además se puede decir que están secuestrados porque no permiten que ni abogados ni familiares los visiten.
La última acción del régimen para calmar los ánimos en Guayana fue instalar cinco mesas de trabajo para abordar los temas de defensa y producción de la operatividad de la CVG; planificación obrera para el bienestar social, eficiencia productiva, contraloría obrera y fortalecimiento productivo. Sin embargo, esta decisión no genera confianza porque quienes representan a los trabajadores son afectos al chavismo y han actuado como esquiroles y verdugos en la eliminación de los beneficios expresados en las contrataciones colectivas.
Guayana sigue siendo el epicentro de la conflictividad social en el país, y el régimen madurista no da señales de querer resolver la situación. La Junta interventora de la CVG, nombrada a raíz de la detención de su Presidente y varios gerentes de las empresas, inició desde el 05 de abril una serie de reuniones y visitas a los sitios de trabajo y hasta ahora no han dado respuestas parciales, mucho menos definitivas a los planteamientos y exigencias de los afectados. Por el contrario, la violencia gubernamental se ha recrudecido.
La conflictividad social en el país ha pasado al plano político y electoral. Al no vislumbrarse una salida, todo indica que la vía de solución está en un cambio en el modelo político, social y económico. Es decir, un cambio de gobierno.
Economista José Luis Alcocer
Ex secretario de Organización del Sindicato Único
de los Trabajadores de la Industria Siderúrgica y Sus Similares SUTISS
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