Estado socialista venezolano debe reactivar el programa de trasplantes tras seis años paralizado

Anabell Arminio, asesor médico de la ONTV, aseveró que el tema de los trasplantes está directamente relacionado con los Derechos Humanos, pues se compromete la salud y esta es necesaria para desarrollar un proyecto de vida

“Queremos que se termine de decidir el Estado y de reactivar el sistema de salud, que funcionen todas estas condiciones. No podemos exigir un personal de calidad que reciba unos salarios de hambre sin dignidad”, señaló Katherine Martínez de Prepara Familia

Tras casi seis años de paralizarse el programa de trasplantes de donante cadáver en Venezuela, defensores de los derechos humanos exigen al Estado venezolano que invierta en políticas públicas para la reactivación de este programa.

De acuerdo con la doctora Anabell Arminio, asesor médico de la Organización Nacional de Trasplantes de Venezuela (ONTV), no existen cifras oficiales sobre la cantidad de personas que están en diálisis y tampoco las hay sobre quienes necesitan trasplante.

Según Arminio, se estima que existen unos 7.000 pacientes en diálisis, de los cuales el 40% podría necesitar un trasplante, aunque no es posible precisar una cifra debido a la opacidad que mantiene el Estado.

Katherine Martínez, directora de la ONG Prepara Familia, señaló que desde la paralización del programa de trasplante cadáver, en 2017, hasta el año 2022, murieron unos 70 niños, que aunque no se sabe si todos fallecieron a la espera de un trasplante, muchas de esas muertes eran “evitables”.

“No tenemos acceso a las cifras de otras unidades de diálisis donde conocemos que han fallecido personas. Este año llevamos cuatro niños fallecidos, tres en el JM de los Ríos, y otro niño que se volvió joven falleció esperando una salida”, denunció Martínez.

Unos pocos centros activos para trasplante de donante vivo

Durante una rueda de prensa del Observatorio Social Humanitario, Anabell Arminio señaló que actualmente, en Caracas, solo está habilitada la Clínica Popular de El Paraíso para hacer trasplantes de donante vivo.

“Este año han hecho 36 trasplantes, pero los resultados no se conocen. Es un solo centro y solo donante vivo”, aclaró la especialista.

Asimismo, indicó que en el Hospital Coromoto de Maracaibo, estado Zulia, también se han realizado trasplantes, así como en el Hospital de Niños JM de los Ríos, que se realizó uno en noviembre de 2022, y en el Hospital Militar de Caracas, pero sigue siendo insuficiente para la necesidad que existe en el país.

Por su parte, Katherine Martínez, directora de la ONG Prepara Familia, señaló que el sistema de procura de órganos se suspendió desde junio de 2017 y, aunque se realizan trasplantes de donante vivo, “las operaciones que se están realizando son muy contadas”.

“En todos hay un impacto en la población que presentan una enfermedad crónica y que están a la espera de alguna solución, algunos casos el trasplante”, señaló Martínez.

No todos pueden acceder a un donante vivo

La doctora Anabell Arminio explicó que no todos los pacientes que requieren un trasplante tienen la disponibilidad de un donante vivo, recordando que la legislación venezolana permite el trasplante vivo con familiares hasta el quinto grado de consanguinidad.

“Están permitidos también trasplantes entre parejas cuyo nexo se pueda comprobar e inclusive padres e hijos adoptivos”, indicó Arminio.

Asimismo, recordó que en Venezuela no está permitido, como sí ocurre en otros países, que un amigo o persona cercana al paciente sea el donante. Está impedido por las leyes venezolanas.

Un tema de DDHH

Anabell Arminio, asesor médico de la Organización Nacional de Trasplantes (ONTV), aseveró que el tema de los trasplantes está directamente relacionado con los Derechos Humanos, pues se compromete la salud y esta es necesaria para desarrollar un proyecto de vida.

La especialista señaló que, aunque el programa de procura de órganos se suspendió desde el 2017, ya desde el año 2014 muchos centros hospitalarios reconocidos por realizar trasplantes se vieron obligados a suspender estas operaciones por las precarias condiciones del sistema de salud.

“Se suspendió el programa de trasplante de donante cadáver porque no había seguridad de obtención de medicamentos que asegurara el tratamiento. El Seguro Social se comprometió a que esto sería solventado en dos o tres meses, pero ya van seis años y seguimos en lo mismo, con el programa suspendido”, denunció.

Katherine Martínez recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió medidas cautelares para el Servicio de Nefrología del JM de los Ríos, así como otros 13 servicios del centro de salud, pero el Estado no las ha cumplido.

“La respuesta del Estado ha sido negar la situación o culpar a las sanciones. En el caso de los trasplantes, esto ocurrió mucho antes de las sanciones. No hay inversión, no hay políticas públicas serias. No tenemos información, todo lo hacemos a ciegas”, añadió.

Un Estado que no cumple con sus responsabilidades

Enfatizando en el caso de los pacientes en diálisis, Anabell Arminio señaló que, si no se conoce la cantidad de pacientes de diálisis que hay, no es posible saber cuántos necesitan un trasplante. 

“Además de garantizar trasplantes, el Estado tiene que garantizar la calidad de diálisis. Números oficiales no hay, los números se obtienen por los canales verdes”, cuestionó la especialista.

En ese sentido, señaló que el Estado venezolano debe recuperar la actividad de trasplante de donante cadáver. Sin embargo, aclaró que esta es una tarea difícil, pues se requiere entrenamiento del personal.

También, consideró necesario que el programa se reactive y se mantenga como una constante, además de resaltar la necesidad de que la sociedad entienda “que es un problema que no se resuelve de hoy para mañana”.

Arminio lamentó que, debido a las condiciones de los centros de diálisis, “la única posibilidad que tiene un paciente de salir de diálisis, si no tiene trasplante, es fallecer. Es costoso y no hay personal”.

“Queremos que se termine de decidir el Estado y de reactivar el sistema de salud, que funcionen todas estas condiciones. No podemos exigir un personal de calidad que reciba unos salarios de hambre sin dignidad”, añadió Katherine Martínez de Prepara Familia.

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