La República Francesa premió el proyecto que presentó Cedesex para la prevención del embarazo adolescente en Ocumare del Tuy. Con este galardón se garantizará educación para la sexualidad, acceso a métodos anticonceptivos y fortalecimiento de las redes juveniles, detalla la directora ejecutiva de la organización, Suzany González. También ejecutan un proyecto en Apure que incluye el apoyo a una casa de paso
Texto, fotos y videos: Vanessa Davies
El Centro de Estudios de Derechos Sexuales y Reproductivos (Cedesex) todavía no ha cumplido cuatro años se trabajo y ya tiene un reconocimiento internacional: Es uno de los cinco ganadores de la edición 2022 del premio de derechos humanos «Libertad-Igualdad-Fraternidad» que concede la República Francesa.
«En este momento estamos ejecutando un proyecto en Apure y otro en Ocumare del Tuy, que tiene indicadores dramáticos en violencia y embarazo adolescente. Los estamos ejecutando gracias a cooperación internacional, a proyectos humanitarios y alianzas con otras organizaciones», describe Suzany González, directora ejecutiva de Cedesex.
En Apure se centran en mujeres de 15 a 45 años de edad y se abordan la salud sexual y reproductiva, la violencia basada en género y la autonomía económica. «Incluye el acceso a métodos anticonceptivos y a salud sexual y reproductiva para mujeres en situación de vulnerabilidad; incluye la formación y sensibilización en violencia basada en género y el apoyo a una casa de paso con la organización Tinta Violeta. También incorpora capacitación y acompañamiento para siembra de cacao y cestería».
El esfuerzo en Ocumare del Tuy es el que premió la República Francesa. «De más de 140 organizaciones que se postularon a escala mundial estamos entre las cinco seleccionadas», reivindica. Hace tres años comenzaron a trabajar, por lo que ya tejieron una red de mujeres. En marzo próximo empezarán el proyecto formalmente, destinado a la prevención del embarazo en la adolescencia, y que consiste en una «Ruta de prevención, atención y educación integral de la sexualidad para adolescentes en situación de vulnerabilidad en Ocumare del Tuy».
«Valles del Tuy es el eje con mayor cantidad de embarazo adolescente en el país. Por eso creemos que es importante atacar el problema desde las escuelas. Vamos a abordar tres liceos de Ocumare del Tuy con educación integral de la sexualidad para las y los adolescentes, maestros y maestras, madres y padres, representantes y comunidades aledañas», detalla. Han logrado articularse con el equipo de educación integral de la sexualidad del Ministerio de Educación, con maestras que han decidido apoyarlas.
Garantizarán, por otra parte, métodos anticonceptivos modernos para al menos 700 jóvenes, y para las 200 chicas en mayor vulnerabilidad se dispondrá de métodos de larga duración como implantes subdérmicos. «También vamos a fortalecer las redes juveniles que ya existen» a fin de «darles herramientas para construir una red juvenil de educación integral de la sexualidad».
¿Mejoró para las mujeres?
Por el esfuerzo de activistas y militantes feministas nació Cedesex en un año de muchas dificultades en Venezuela como lo fue 2019.
«Los métodos anticonceptivos desaparecieron, insumos de salud y de higiene menstrual totalmente desaparecidos y, por supuesto, como en todo contexto de crisis, las mujeres nos llevamos la peor parte. Y nos la llevamos con embarazos no planificados, embarazos a temprana edad. Venezuela es el país con el mayor número de embarazo adolescente en la región, que es una región con alto índice de embarazo adolescente», señala.
Entre 20% y 30% de los embarazos que se registran anualmente son de adolescentes, y de esos al menos 12% son de niñas de 12 años o menos, que es abuso sexual infantil en un país donde el aborto está penalizado. «Son niñas no solo abusadas sexualmente sino obligadas a una maternidad forzada, lo cual condena su proyecto de vida», enfatiza González.
El gobierno asegura que la situación del país mejoró. ¿Realmente mejoró para las mujeres? «Para nada. Las mujeres seguimos en un contexto de crisis humanitaria compleja», indica. Aunque se ha reducido algo la mortalidad materna porque finalmente «el Estado aceptó la estructura humanitaria liderada por organismos de Naciones Unidas» y ha inyectado recursos la realidad es que «seguimos estando entre los países que tienen mayor mortalidad materna».
No ha disminuido el embarazo adolescente, aclara; por el contrario, aumenta. «Según cifras actualizadas por el Fondo de Población de Naciones Unidas se estima que 98 de cada 1000 adolescentes venezolanas se embarazan. La tasa mundial es de 46. La tasa en Venezuela duplica la tasa mundial. La tasa de América Latina, que es crítica, es de 60. Estamos hablando de mucho más de 50% adicional en Venezuela».
Las venezolanas sufren la crisis humanitaria especialmente en sus derechos sexuales y reproductivos, considera González. «Las heridas más crueles de este contexto las llevamos las mujeres en nuestros cuerpos. No podemos tomar decisiones sobre nuestros propios cuerpos. Existe cero disponibilidad de métodos anticonceptivos en el sistema público de salud» para planificar la familia y el futuro. «Se consiguen en farmacias, pero la gran mayoría de las mujeres no puede acceder a ellos porque la pastilla anticonceptiva más económica está entre 10 y 15 dólares mensuales en un país donde el salario mínimo no llega ni remotamente a eso».
Las mujeres priorizan por la alimentación «y la planificación familiar queda atrás», lo que reproduce la pobreza. «O se mueren con un aborto clandestino, o siguen teniendo hijos e hijas no deseados», concluye.
Además de la ausencia de métodos anticonceptivos asequibles las venezolanas se encuentran con varios tipos de cáncer y la imposibilidad de diagnosticarlos. «No hay mamógrafo en los servicios públicos» y «acceder al tratamiento de quimioterapia y radioterapia es misión imposible». Cáncer de mama, cáncer de cuello uterino podrían abordarse con diagnóstico precoz y tratamiento, recuerda. «La herida más cruel de la crisis es en la mujeres», reitera.
Violencia «rueda libre»
La violencia basada en género también se mantiene. «En todos los países en contexto de crisis las violencias aumentan, especialmente la violencia basada en género, porque ocurre en entornos íntimos en la mayoría de los casos, en entornos domésticos, y por ende la vulnerabilidad es mucho mayor». Paradójicamente no están denunciando.
-¿Por qué?
-El efecto COVID. La pandemia aisló aún más a las mujeres con el agresor. En todas partes se estima que la violencia de género se quintuplicó. Esto, sumado a la imposibilidad de movilidad, y a que muchos órganos receptores de denuncias estaban casi cerrados, y a que muy pocas políticas públicas estaban habilitadas para la denuncia a distancia, hizo que las mujeres denunciaran mucho menos.
Pero aparte ha aumentado la desconfianza en los órganos receptores de denuncia ya que, según González, «rebotan a las mujeres, hay procesos de revictimización y si no vas con el ojo guindando no te toman la denuncia porque eso no es violencia; hay falta de formación y sensibilización en los órganos receptores de denuncia». Los esfuerzos de formación del personal naufragan en la alta rotación de los funcionarios.
Al cuadro que describe se le agrega la autonomía económica: «El contexto de crisis ha aumentado la doble y triple jornada» para las mujeres; las venezolanas están en trabajos muy precarios con menos ingresos y mayor dependencia.
El país tiene una ley y un ministerio, pero eso no necesariamente se traduce en acciones para proteger los derechos humanos de las mujeres. «El Estado está muy debilitado producto del contexto en que nos encontramos, y también tenemos un tema cultural que no hay voluntad política de transformar». En 80% a 90% de los casos reina la impunidad. Y se necesita más organización, considera.
«La politización es maravillosa, pero la polarización no» porque «nos hace ser irracionales. Las organizaciones y movimientos de mujeres muchas veces nos dividimos, porque apoyas aquí o allá y no nos encontramos para la defensa de los derechos. Por eso politización sí, polarización no».
Para la cooperación internacional el apoyo a las mujeres en su salud sexual y reproductiva ha sido una prioridad, destaca González. No basta la entrega de insumos, apunta, porque se hace poco con métodos sin educación para la sexualidad y sin capacitación para el personal de salud. Si se ve así «tiene patas cortas».
«Engavetaron» ley que despenaliza el aborto
Cedesex, explica, se «casa» con tres premisas: educación integral en sexualidad para decidir, métodos anticonceptivos modernos y accesibles y aborto legal y seguro. El aborto «es un tema de justicia social, porque en este país se aborta todos los días, solo que las que tienen recursos económicos lo pueden hacer de manera segura, amorosa y acompañada, mientras que las que no los tienen se mueren en el intento».
Como Cedesex forma parte de la llamada Ruta Verde, que lucha por la despenalización del aborto, es una de las organizaciones que presentó a la Asamblea Nacional un proyecto de ley orgánica sobre derechos sexuales y reproductivos que reconozca estos derechos como derechos humanos, que obliga al Estado a tener una política integral para la sexualidad y que despenaliza el aborto según causales como violación, inviabilidad de vida extrauterina, riesgo para la vida de la mujer, razones socioeconómicas y adolescentes.
La propuesta de ley se presentó en septiembre de 2022, se ofreció crear una comisión mixta «y aunque nos hemos cansado de presionar no nos han convocado. Eso está engavetado, pero nos estamos planteando recoger firmas para plantearlo por iniciativa popular». En las actividades con comunidades, cuando se rompe el tabú, «las mujeres estamos de acuerdo en que la legislación es retrógrada y hay que avanzar en la legislación».
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