El delito de exterminio contra la población venezolana por las acciones de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro y la multiplicidad de víctimas que ha causado este tipo de crimen definido en el Estatuto de Roma, forma parte de los recaudos por lesa humanidad consignados en la Corte Penal Internacional
Francisco Olivares
Desde hace 4 años están suspendidos los trasplantes y la donación de órganos en Venezuela; hay paralización de equipos, de suministro de materiales e interrupción de medicamentos para las personas trasplantadas, según registra el informe sobre “Privación a los Derechos a la Salud” de la ONG Codevida (Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y la Vida). La situación se profundizó cuando el Ministerio de Salud asumió en 2015 el control de los trasplantes en Venezuela y suspendió ese servicio en mayo de 2017.
“Esa acción dejó en lista de espera a 6.000 personas que requerían trasplantes y más de 3.000 pacientes quedaron condenados a estar conectados a una máquina de diálisis o a la muerte”, dice el informe.
Este es un ejemplo de cómo acciones del gobierno chavista están generando lo que se califica como “crisis humanitaria” a la que algunas ONG no dudan en añadirle la condición de “emergencia”.
La situación ha llevado a casi la tercera parte de la población a salir del país; ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, estima 7 millones de desplazados para este año. Migrantes que prefieren arriesgar la vida atravesando el desierto de Tacna, entre Perú y Chile, o el peligroso paso del Río Bravo en la frontera de México y Estados Unidos, en la búsqueda de un mejor nivel de vida, escapando de la persecución política o más aún, para buscar medicamentos y atención médica que no encontraron en su propia tierra.
Estas historias acumuladas durante 20 años ahora forman parte de los recaudos que podrían llevar a las más altas autoridades venezolanas y sus cómplices a un proceso en la Corte Penal Internacional (CPI). Organizaciones de Derechos Humanos venezolanas e internacionales aspiran a que, con los cambios recientes en la plantilla al frente de la CPI, los delitos de lesa humanidad, tipificados en el Estatuto de Roma, puedan ser procesados en el llamado “Caso Venezuela”.
En los delitos de lesa humanidad que podría procesar la CPI se suma una categoría que es el “exterminio”, correspondiente a una acción recurrente y deliberada de un gobierno contra una parte de su población.
Según el Estatuto de Roma, se trata de acciones reiteradas y conscientes por parte de un Estado que busca someter a la población mediante condiciones mínimas de subsistencia. El artículo 7 contempla el “exterminio” junto a otros 11 delitos en los que figuran asesinato, tortura, desaparición forzada, persecución a un grupo o colectividad, ataque a la población civil, deportación o su traslado forzoso como acciones que conducen al “genocidio”. En el caso del “exterminio” se establece que “comprenderá la imposición intencional de condiciones de vida, la privación del acceso a alimentos o medicinas, entre otras, encaminadas a causar la destrucción de parte de una población”.
El cambio en la CPI
“El manto de impunidad que cubrió la actividad criminal del chavismo durante muchos años con la colaboración de fiscales, jueces y magistrados en Venezuela contó además con la alianza en la Corte Penal Internacional de los fiscales Luis Moreno Ocampo y Fatou Bensouda, lo cual permitió que la cúpula del chavismo se sintiera intocable y pensaran que nada podría pasarles como consecuencia de sus acciones en contra del pueblo venezolano”, sostiene el abogado William Cárdenas, presidente del Comité Internacional Contra la Impunidad en Venezuela (CICIVEN).
Cárdenas, junto a Walter Márquez y un equipo de abogados, expertos en derecho internacional, han incorporado este delito de “exterminio” en las denuncias contra el gobierno de Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad, ante la CPI.
Desde los primeros años del gobierno de Hugo Chávez, en 2002, este equipo de abogados y expertos en derechos humanos, observaron que los ataques contra la población civil venezolana se hacían en forma generalizada y sistemática. No eran delitos comunes y se trataba de ataques que comenzaban a ser parte de una “política de Estado” dirigida contra una parte de la población. Desde allí comenzaron a establecer que esas conductas criminales estaban tipificadas en el Estatuto de Roma. Es así que formularon las primeras denuncias contra Chávez y 26 colaboradores en la Asamblea Nacional de España. Esa querella fue posteriormente remitida a la Fiscalía de la CPI en La Haya y se inició el proceso que hoy se conoce como “Caso Venezuela”.
Hoy, numerosas organizaciones nacionales e internacionales junto a algunos países que forman parte de El Estatuto de Roma han procedido a denunciar a los regímenes de Hugo Chávez y Nicolás Maduro en la CPI. Para Cárdenas, en este momento se está ante la posibilidad que la CPI atienda “finalmente este clamor de justicia”. A su juicio, el más grave delito cometido por el chavismo, más allá de los muertos, perseguidos y torturas, ha sido contra un amplio sector de la población venezolana por la multiplicidad de víctimas que ha causado, y ello se considera un crimen de “exterminio”.
“Lo que no previeron quienes condujeron a la población a la crisis humanitaria que hoy padecen la mayoría de los venezolanos es que esa conducta sistemática por parte de un régimen, establecida en el artículo 7.b del Estatuto, abarca, no solo los casos de tortura, persecuciones, violencia y muertes por represión; sino, además todas las privaciones a las que ha sido sometida la población de una manera sistemática en alimentos, medicinas, trabajo, servicios públicos y seguridad, entre otros, como un mecanismo de sometimiento y sumisión”, explica Cárdenas.
Estas denuncias fueron presentadas ante la CPI en enero de 2018 y además de los testimonios y recaudos documentados contienen cerca de 100 láminas que registran el “exterminio venezolano” desde 2002.
Se abre una vía de justicia
En un foro organizado por CICIVEN el pasado 28 de julio, Cárdenas, acompañado de otros panelistas, expuso detalles de la estrategia planteada por este equipo de abogados a partir de la asunción de Karim Khan como Fiscal de la CPI, hecho que –para ellos- abre las vías para iniciar un proceso penal.
Khan es un abogado británico de 51 años y registra una impecable trayectoria. Especializado en derecho penal internacional y derechos humanos, antes de ser electo fiscal de la CPI se desempeñaba como subsecretario general de la ONU, y estando en el cargo dirigió la investigación sobre los crímenes de Estado Islámico. Entre los objetivos de Khan está disminuir la duración de los exámenes preliminares, pues considera que esta fase tan larga puede erosionar la confianza en el sistema y profesionalismo de la Fiscalía. Una actitud muy diferente a la anterior fiscal Fatou Bensouda, que en el caso venezolano tardó 16 años para pasar a la segunda fase de los “exámenes preliminares”.
Fiscal Bensouda, de la Corte Penal Internacional (CPI) ofreció una decisión antes de su salida el 5 de junio y no cumplió (Foto: ASHRAF SHAZLY / AFP)
“La Fiscal Bensouda no incluyó el delito de exterminio en sus valoraciones cuando hizo público el informe anual que presentó en el año 2020 de los fundamentos por los cuales consideró que en Venezuela se habían cometido crímenes de Lesa Humanidad. En el informe registró los casos de detenciones arbitrarias, torturas y usos excesivo de la fuerza; pero no mencionó este crimen de exterminio. Quedó suficientemente demostrado el retardo para llevar adelante la investigación: con 9 años como Fiscal jefe de la CPI fue incapaz de abrir la investigación, más los 7 años de Fiscal adjunta, en total 16 años en la CPI y no fue capaz de mover el proceso a favor de las víctimas de Venezuela. Si se abre la investigación, las víctimas podrán volver a presentar sus denuncias”, precisa Cárdenas.
El presidente de CICIVEN explicó que en los crímenes de lesa humanidad está presente la intencionalidad. Por eso el Estatuto de Roma establece que quien incurre en un delito de esta naturaleza está consciente de lo que está haciendo.
Para Cárdenas todo lo que ha ocurrido en estos años no ha sido producto de la casualidad o la impericia de los gobernantes: “En Venezuela ha habido un plan, una política de Estado y a los efectos del proceso ante la CPI solo tenemos que demostrar los hechos probados que conducirán a estos funcionarios y operadores políticos a un proceso penal. En el país se han cometido los peores crímenes que se han registrado contra un pueblo en los últimos años”.
De Ruanda a Venezuela
En su exposición Cárdenas explicó que el crimen de lesa humanidad siempre estuvo ligado a la existencia de un conflicto armado. Así ocurrió en los procesos de Núremberg (1946) después de la Segunda Guerra Mundial, emprendidos por las naciones aliadas por el caso de exterminio de la población judía. Más tarde, en convenciones de La Haya se estudió la evolución de estos crímenes y se llegó al Estatuto Penal Internacional para el caso de Yugoslavia. Allí todavía se mantuvieron los nexos del crimen de lesa humanidad y la existencia de un conflicto armado interno o externo.
Esto cambió con el estatuto del Tribunal Penal Internacional para el genocidio en Ruanda (1994). En ese caso ya hubo una desvinculación entre un conflicto armado y ataques a la población. Esta evolución se materializó más tarde en el Estatuto de Roma, aprobado en 1998. En el caso de Ruanda el Tribunal Internacional condenó a 61 mandos militares, políticos y religiosos por el exterminio de 800 mil personas; que incluyó incluso a quienes desde los medios de comunicación emitieron mensajes de odio y auspiciaron el exterminio.
En esos casos los delitos obligaron a establecer una nueva jurisprudencia. Es decir, primero ocurrieron los hechos, los conflictos y luego el derecho aplicó la justicia. En el caso venezolano nos encontramos en una situación inversa porque existe el Estatuto de Roma, establecido en 1998 y puesto en vigencia en julio de 2002; justo cuando en Venezuela comenzaron a producirse los ataques más violentos contra la población civil.
La acción destructiva
El equipo de investigadores de CICIVEN llegó a la concusión de que el más grave de los crímenes que se ha cometido contra el pueblo venezolano es el de exterminio porque se ha materializado la destrucción de una parte de la población civil.
“Ahora contamos con un Estatuto de Roma que ha previsto justamente la conducta que los jefes del chavismo han desplegado contra la población venezolana. Nunca pensaron que podían quedar sumergidos dentro de una tipicidad penal que los hace responsables de los crímenes que han cometido”, indica Cárdenas.
Advierte que detrás de los altos jefes civiles y militares están numerables cómplices, como los ministros que destruyeron el sistema sanitario, la industria y la producción de alimentos; personajes como Alex Saab que se enriquecieron con la asignación de alimentos subsidiados; los famosos bolichicos y una larga lista de beneficiados con estos negocios que destruyeron gran parte de la infraestructura industrial del país.
Otros aspectos que destaca son la intención destructiva, el discurso de odio hacia quienes piensan distinto o el rechazo a la ayuda humanitaria.
El Estatuto de Roma logró la unificación mundial del Derecho Penal Internacional, con el objetivo de evitar y castigar los delitos más atroces contra la población civil: el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra, sin establecer límites en el número de víctimas para que puedan ser enjuiciados los responsables.
Cárdenas asegura que los jefes del chavismo sabían cuáles eran las consecuencias; que obviamente era la destrucción de una parte de la sociedad: “Ellos pensaron que han cometido el crimen perfecto contra una población civil. Millones de venezolanos tuvieron que huir del país; con ello se acabó la protesta, bajó el nivel de resistencia. Así se destruye a una población. Ese ha sido el mecanismo de Nicolás Maduro: sofisticación y silencio”.
Sin medicamentos ni atención
Francisco Valencia, director y fundador de CODEVIDA, ONG que agrupa a organizaciones de la salud en las distintas especialidades, explicó que esta organización viene alertando desde el año 2014 a la comunidad venezolana e internacional sobre la grave situación de la salud en Venezuela. Una realidad que las autoridades suelen esconder y justificar al señalar que es producto de las sanciones internacionales.
Valencia refiere que la situación se agravó a partir del año 2014 y lamenta que a la comunidad internacional le costara tanto tiempo entender que en Venezuela se estaba produciendo una emergencia humanitaria donde muchas personas estaban falleciendo por la falta de insumos y medicamentos.
“Tal vez no pensaban que un país petrolero que debería ser rico llevara a una población a estar sin medicamentos”, señala: “Entonces hicimos un trabajo muy duro desde CODEVIDA de mostrar a la comunidad internacional lo que estaba ocurriendo. En paralelo, las autoridades promovían un lobby con mucha influencia acudiendo a instancias internacionales como la ONU donde se negaba una y otra vez y decían que ellos (el gobierno) estaban capacitados para surtir a cinco países si ellos quisieran”.
El director de CODEVIDA indica que de 300 mil venezolanos que dependen de medicamentos de alto costo con situaciones de salud crónica o trasplantados (VIH, cáncer de mama, etcétera) están a la deriva y sin tratamientos. “Esto ha ocasionado muchísimas muertes y hemos dicho que son acciones deliberadas del gobierno que han llevado a esta situación de emergencia humanitaria”. Como ejemplo, indica que 15 mil personas recibían diálisis hace 4 años; ahora solo 5 mil son atendidas: “El resto ha fallecido por falta de diálisis y medicamentos y por no contar con un programa de trasplantes. En el Hospital de Niños van 20 muertes de infantes por falta de trasplantes”.
Valencia denuncia que en 2017 el gobierno eliminó las listas de compras de medicamentos para personas con condiciones de salud crónicas. El IVSS decidió no comprar más medicamentos a los trasplantados y a las personas con cáncer en fase terminal: “Así de criminal se ha comportado el régimen ante la situación de salud”.
La ONG Médicos Unidos de Venezuela ha detallado en informes la grave situación hospitalaria y la falta de insumos.
Para Valencia, el panorama actual es más duro. “Desde 2017 las organizaciones que trabajamos el tema de salud ya denunciamos la emergencia humanitaria compleja que abarca todo lo social, lo político y obviamente la salud”. Sostiene que la situación “ya es ingobernable porque no hay capacidad de respuesta por parte del régimen ante lo que ha causado y ha llevado al desmantelamiento del sistema de salud en Venezuela”.
El presidente de CODEVIDA reconoce que “las instituciones internacionales están hoy en día más claras de la situación; pero por otro lado tenemos un gobierno que sigue negando la crisis humanitaria aunque tímidamente ha permitido uno que otro avión con insumos médicos. La situación es tan devastadora que es imposible aliviar la emergencia que viven 18 millones de personas”.
