Contaminación de las aguas y destrucción de la selva amazónica en Guayana no son el único problema grave medioambiental en Venezuela. Desde el 2004 construcciones están prohibidas
en el parque nacional Los Roques porque desde ese entonces está al límite
de su capacidad de carga. Pero en los últimos años se han levantado nuevas edificaciones con la venia de la administración de Nicolás Maduro
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Aunque existe un marco legal que protege al Archipiélago, estos desarrollos turísticos lo han ignorado y ponen en riesgo fauna y flora en mar y tierra
Por Lorena Meléndez G, Nadeska Noriega, María Josefa Maya
El avión que va de Maiquetía hasta Los Roques surca azules desde que comienza a elevarse. Ya cuando se bordea el parque nacional, la belleza sucede. Una barrera de arrecifes contiene un juego de verdes y turquesas con límites que se desdibujan. Islotes emergen para dar respiros de arena blanca al mar. Piscinas naturales se asoman como ojos aguamarina en medio de figuras de coral. Pero toda la majestuosidad de este paraíso tropical se interrumpe con el último pecado original: construcciones de cemento y bloques, al lado de una laguna de agua turbia y restos de manglar, dan la bienvenida al turista antes de que aterrice.
–¿Y eso?
–Ah, sí. Esas son las nuevas casas que están construyendo. Quién sabe de quién serán…
El diálogo ocurrió entre dos viajeros que miraban por la ventanilla de una de las últimas aeronaves que voló al Parque Nacional Archipiélago de Los Roques antes de que la pandemia decretara el confinamiento en Venezuela. No fueron los únicos. Otros cuestionaron el porqué había construcciones tan cerca del lugar en donde aterrizan. La ubicación de las edificaciones impacta: están al lado de la pista del aeropuerto, justo donde el avión gira para acercarse a la torre de control y permitir el descenso de los pasajeros. Para muchos turistas, esas casas son lo primero que ven cuando tocan tierra.
Visitar Los Roques en los noventa o incluso en la primera década de este siglo era llegar a un espacio prístino, donde las intervenciones del concreto habían sido mínimas y la naturaleza ganaba en todo terreno. Las construcciones que se habían mantenido y modificado estaban dentro del área poblada de la isla de El Gran Roque.
“Por su carácter de Parque Nacional la construcción en Los Roques está limitada. La estructura del aeropuerto se reduce a una pequeña zona de espera y la pista de aterrizaje; mientras que las edificaciones hoteleras son inexistentes. Aquí los turistas se albergan en posadas – las hay de lujo más modestas- pensiones, o dormir en las embarcaciones”, se lee en un extracto del libro “Los Roques desde el aire, la arena y el agua”, de Federico Cabello Álvarez.
Aquel pueblo de pescadores con casas privadas en algunos cayos comenzó a cambiar tras ser declarado parque nacional y luego de que se permitiera la apertura de hospedajes. Ya en la década de los noventa, arribaron al archipiélago decenas de inmigrantes italianos que compraron las viviendas de los pescadores para remozarlas y convertirlas en posadas y pensiones, en donde durante años atendieron a sus compatriotas, el conglomerado extranjero que más visitaba el lugar. Eran tantos que, en la escuela local, daban clases de italiano a los niños, afirmó una fuente de la zona. Esas nuevas edificaciones respetaron el espacio de la ranchería adquirida y se mantuvieron con una sola planta. En las calles permaneció la tranquilidad y las noches apacibles para viajeros que buscaban relajarse en un espacio de naturaleza sin estridencias.
Pero ese panorama se trastocó nuevamente con los nuevos capitales que llegaron hace más de un lustro. Pequeñas posadas se agrandaron al comprar otras propiedades, mientras que otras construyeron terrazas que son, en realidad, segundas plantas. Se abrieron discotecas y más restaurantes. Hoy, una caminata nocturna implica escuchar música a un volumen estruendoso. Y aunque las vías siguen siendo de arena, el ambiente no es el mismo.
“Lo que pasa es que ahora ya no hay posadas, sino empresas”, explicó una fuente en el parque nacional. “Con la caída del turismo, hoy se hace en un mes lo que antes se hacía en un día y por eso todo está a la venta. Nadie se quiere quedar aquí porque es muy difícil mantenerse. Entonces, en lugar de vender una posada al precio real, terminan vendiendo la propiedad por 30 o 40% de su verdadero valor”, concluyó.
Al primer parque nacional marino creado en Venezuela lo amenaza el concreto que levantan capitales privados provenientes de empresas beneficiadas con concesiones, contrataciones y permisos a lo largo de la permanencia del chavismo en el poder. Se trata de una intervención que pone en riesgo al arrecife más importante de todo el Caribe Sur y a uno de los cinco humedales del país protegido por la Convención de Ramsar desde 1996. Los expertos coinciden en que modificar apenas una pequeña porción de territorio afectará el perfecto equilibrio que se ha mantenido durante siglos entre los principales elementos que lo componen: manglares, corales y praderas de Thalassia, que a su vez son hábitat y fuente de alimentación de cientos de especies de peces, tortugas, crustáceos, moluscos, mamíferos y aves que hacen vida en el archipiélago.
Este daño de concreto es consecuencia de una serie de cambios que se han registrado desde hace varios años en el parque nacional, los cuales han perseguido cambiarle la faz a esta área protegida y abrirle la puerta, por un lado, a un turismo masivo y, por otro, a la nueva elite económica y chavista que busca satisfacer sus exigencias de exclusividad, privacidad y lujo al precio que sea.
Las transformaciones se perciben física y visualmente, desde la apertura de un nuevo aeropuerto –que de ser una pequeña choza de techo de palma pasó a ser un edificio de bloques y ventanas panorámicas– hasta las nuevas casas que se construyen en los cayos. Pero también se detectan en los nuevos señoríos, representados por los propietarios de los nuevos complejos y posadas, y en las formas en las que se maneja el poder, que desde hace una década ha estado casi siempre en manos de militares. Mientras, los roqueños padecen las ineficiencias de los servicios públicos como nunca antes, a pesar de que se anunciaron ambiciosos proyectos de mejora que jamás se concretaron y que hoy son elefantes blancos.
PELIGRO
En 2019, la Sociedad Venezolana de Ecología (SVE) publicó un extenso documento sobre las construcciones en el que confirmó que los trabajos impulsaron el “corte y destrucción de manglares, movimientos de arena y relleno de lagunas”.
El texto, titulado “Violaciones de disposiciones legales por construcciones zona de la cabecera noreste de pista de aterrizaje de isla Gran Roque y otros problemas ambientales del Parque Nacional Archipiélago Los Roques”, también critica la construcción de “espigones o malecones mediante rellenos con materiales sólidos arrojados al mar sin ningún estudio de impacto ambiental, ni de los posibles efectos de estos sobre los patrones de corrientes y de sedimentación de esta zona de la isla Gran Roque”. Efectivamente, en este espacio se levantaron varias especies de muelles con piedras que, según los lugareños, fueron extraídas de los cerros del islote.
“Justamente la falta de transparencia es lo que motiva las dudas sobre cómo se están haciendo estas construcciones. Y ahí uno puede imaginarse las consecuencias”, señala Alejandro Luy, biólogo y gerente general de la Fundación Tierra Viva.
Para Luy, si el turismo no se maneja de manera adecuada y con regulaciones puede dar lugar a un turismo masivo que no le convendría a un parque con un ecosistema tan vulnerable. Un incremento en el número de viajeros podría atentar contra las capacidades de carga del archipiélago y así los viajeros generarían más desechos y harían un uso excesivo de servicios públicos que pondrían en riesgo la calidad de los mismos.
Ese turismo masivo, continúa el biólogo, también podría atentar contra la preservación de espacios que están reservados para la anidación de tortugas marinas o incluso provocar una mayor luminosidad, proveniente de las fuentes de luz de las construcciones, que afectaría el desplazamiento tanto de estas especies como de aves marinas que podrían desorientarse.
Ya el peligro del desborde del turismo lo había advertido un estudio conjunto de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y la Universidad Simón Bolívar, cuando en 2003 llegaron a la conclusión de que el parque ya estaba saturado y no se debían permitir más construcciones de ningún tipo. A raíz de las recomendaciones de ambas instituciones, el 14 de abril de 2004 el gobierno ordenó a través de un decreto publicado en la Gaceta Oficial 37.917, firmado por la entonces ministra de Ambiente Ana Elisa Osorio, la suspensión de concesiones de actividades comerciales, recreacionales, turísticas, y de servicios. La duración de este decreto se fue renovando hasta la Gaceta Oficial 39.887 del 20 de marzo de 2012, cuando se estableció que el decreto tendría vigencia por dos años más, es decir, hasta el 15 de abril de 2014. Desde entonces no se ha hecho oficial ninguna otra actualización del decreto.
El hecho de que el parque haya alcanzado hace rato su máxima capacidad de carga y que, además, no cuente con el mantenimiento adecuado de sus fuentes de energía y recursos, ha decantado en el colapso de sus servicios públicos, lo que abona todavía más en el impacto que estos producen en el ambiente. La basura, que debería ser transportada a tierra firme, solo se colecta y se quema en El Gran Roque; las aguas servidas se vierten en una “laguna de oxidación” que con frecuencia se desborda y hace que los líquidos terminen en el mar; la electricidad depende de plantas que ofrecen un suministro muy irregular y que, en varias temporadas, han obligado a los lugareños a estar varias horas al día sin luz, pese a que en 2015 se instalaron una serie de paneles solares que abastecerían a unas 400 viviendas y nunca entraron en funcionamiento; el agua dulce llega a través de una pequeña desalinizadora, mientras que en un viejo container permanece una planta gigante, que los roqueños apodaron como “la millonaria”, que nunca se armó; y la crisis del combustible mantiene a los lancheros dependiendo de la reventa ilegal de gasolina y de los cupos semanales para adquirir unos cuantos litros a precios subsidiados.
ARCHIPIÉLAGO
SIN LEY
La protección de los parques nacionales tiene todo un marco legal que comienza por la Carta Magna, recuerda Zoila Martínez, líder de Gestión de la Biodiversidad de la organización ambientalista internacional Vitalis. Señala que dentro de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), el artículo 127 especifica que “el Estado venezolano debe garantizar un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado”.
Artículo 127. Es un derecho y un deber de cada generación proteger y mantener el ambiente en beneficio de sí misma y del mundo futuro. Toda persona tiene derecho individual y colectivamente a disfrutar de una vida y de un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado. El Estado protegerá el ambiente, la diversidad biológica, los recursos genéticos, los procesos ecológicos, los parques nacionales y monumentos naturales y demás áreas de especial importancia ecológica. El genoma de los seres vivos no podrá ser patentado, y la ley que se refiera a los principios bioéticos regulará la materia. Es una obligación fundamental del Estado, con la activa participación de la sociedad, garantizar que la población se desenvuelva en un ambiente libre de contaminación, en donde el aire, el agua, los suelos, las costas, el clima, la capa de ozono, las especies vivas, sean especialmente protegidos, de conformidad con la ley.
La también bióloga refiere el artículo 129 de la Carta Magna, en el que se exige la realización de estudios de impacto ambiental y socio cultural ante cualquier actividad humana.
Artículo 129. Todas las actividades susceptibles de generar daños a los ecosistemas deben ser previamente acompañadas de estudios de impacto ambiental y socio cultural. El Estado impedirá la entrada al país de desechos tóxicos y peligrosos, así como la fabricación y uso de armas nucleares, químicas y biológicas. Una ley especial regulará el uso, manejo, transporte y almacenamiento de las sustancias tóxicas y peligrosas. En los contratos que la República celebre con personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, o en los permisos que se otorguen, que afecten los recursos naturales, se considerará incluida aun cuando no estuviera expresa, la obligación de conservar el equilibrio ecológico, de permitir el acceso a la tecnología y la transferencia de la misma en condiciones mutuamente convenidas y de restablecer el ambiente a su estado natural si éste resultara alterado, en los términos que fije la ley.
“Este artículo causó una cierta controversia, incluso dentro del antiguo Ministerio del Ambiente, porque cualquier actividad humana puede ser la construcción de una casa o la práctica de la minería. Pero aquí estamos hablando de parques nacionales, que no son un capricho de los ambientalistas o biólogos, sino que son zonas que deben protegerse porque tienen unos ecosistemas muy susceptibles, como son los manglares y los corales en Los Roques. Además, esa es una zona de anidación de especies de tortugas marinas que se encuentran en peligro de extinción, destacando la tortuga verde (Chelonia Mydas)”, apunta Martínez.
La bióloga insiste en que las edificaciones también violan el Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso (PORU) del Parque Nacional Archipiélago de Los Roques, publicado en 1991, que regula cualquier tipo de actividades públicas y privadas que se ejecutan en este territorio y que subraya la necesidad de que se proteja debido a su origen coralino, su diversidad biológica y todos los ecosistemas que allí conviven.
En ese marco jurídico lo que no existe, lamenta Martínez, es una normativa que permita que este tipo de estudios sea conocido por el colectivo.
“No sabemos si hay estudios de impacto ambiental de lo que se está haciendo en Los Roques ni cómo estas construcciones, que también están violando el PORU, han sido permitidas”, concluye la bióloga, quien explica que estos documentos deberían contener, además de la descripción geográfica del suelo, la biodiversidad y la identificación de los ecosistemas vulnerables sensibles a cualquier tipo de intervención, cómo será la afectación de la edificación y cuáles serán las medidas de mitigación para evitar o disminuir el daño. En la parte socio cultural, resalta, también debe indicar cómo incidirá en los servicios públicos. “Eso se tiene que prever en cualquier tipo de construcción, el cómo va a afectar al entorno natural y también a la población que está allí asentada”, subraya.
Otro obstáculo para la transparencia, apunta Martínez, es la organización político-administrativa a la que está sometido el parque nacional. Desde 2011 es parte, junto a las islas La Orchila y el archipiélago Las Aves, del Territorio Insular Miranda, cuya autoridad única es directamente nombrada por el Ejecutivo. Esta jefatura, hoy al mando del almirante Eladio Jiménez Rattia, ha sido principalmente ocupada por militares que, según los mismos pobladores de Los Roques, han aumentado el secretismo.
Pese al avance de las construcciones, todavía no se conoce su alcance y afectación porque hasta ahora ninguna institución lo ha estudiado. “Podemos considerar como daño ambiental la afectación de los componentes ambientales de una parte de la naturaleza o de un ambiente, tanto en su cantidad como en su calidad. En el caso de Los Roques, podemos inferir que hay delitos ambientales tomando en cuenta lo que se define jurídicamente como tal, además de la parte científica, porque se están violando algunos de los aspectos contenidos en el PORU”, recalcó Martínez.
Sin embargo, la especialista explicó que la ocurrencia de un delito ambiental o de un ecocidio (que sucede cuando el daño es totalmente irreversible) la determina la actuación de un fiscal ambiental, figura que en Venezuela se conoce como fiscal del Ministerio Público en Defensa Ambiental.
Si las estructuras se demuelen, tal como se hizo con numerosas construcciones cuando el archipiélago se convirtió en área protegida, el parque pudo recuperarse, dijo Martínez. Por ahora queda generar una alarma sobre estos nuevos inmuebles y los efectos que desde ya pueden haber causado, deben ser investigados por “entes de autoridad” en la materia “que no despierten ninguna duda”, apuntó Martínez.
La Alianza Rebelde Investiga solicitó información a los ministerios de Ecosocialismo y Turismo y Comercio Exterior sobre los efectos de las construcciones de Los Roques y los permisos que obtuvieron para iniciarlas, pero hasta la fecha de publicación de este trabajo no se obtuvo respuesta de ninguna institución.
