El Estado Venezolano tiene en este momento todos los «honores» en materia de abusos contra los derechos humanos. Y eso explica la andanada de recomendaciones que acaba de recibir en el marco del Examen Periódico Universal de la ONU y el hecho mismo de que exista una investigación abierta por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Pero hay que estar atentos con los interesados en crear expectativas desbordadas e inciertas. Sobre eso conversamos con Alfredo Romero, de la ONG Foro Penal
Oscar Medina
Si se hace ese tipo de lectura, al Estado venezolano no le fue muy bien en la jornada de recomendaciones del Examen Periódico Anual de la Organización de Naciones Unidas. El martes 25, la verdad, que le hayan hecho tantos señalamientos sobre presuntos crímenes de lesa humanidad y sobre la necesidad de reformar sus instituciones indica que es poco o nada lo que se ha avanzado desde el examen anterior hecho hace cuatro años, con todo y el apoyo recibido por parte de sus aliados. Pero ahora falta que se presente el informe correspondiente a este nuevo EPU: mientras tanto, estamos hablando nada más que de impresiones.
El tratamiento de este tipo de informaciones merece mayor seriedad y atención. Y el que se hace desde intereses políticos suele ser desafortunado: lo vimos ya con respecto a la investigación en la Corte Penal Internacional, por ejemplo. Alfredo Romero, abogado y director de la organización defensora de derechos humanos Foro Penal, ayuda a poner las cosas en perspectiva.
Mejor dicho, en la perspectiva correcta. Y vamos a decirlo de una vez: a Nicolás Maduro ninguna instancia internacional o multilateral le ha acusado de nada. Al menos, por ahora.
-Estos asuntos que tienen que ver con la comunidad internacional o con organismos multinacionales se manejan con interpretaciones erradas o a conveniencia de discursos interesados, ¿cómo podemos entender bien la comparecencia del Estado venezolano en el Examen Periódico Universal? ¿Qué lectura correcta tiene ese evento?
-Primero, hay que entender que el EPU es un examen que se le realiza a todos los países miembros de la Organización de Naciones Unidas, por parte del Consejo de Derechos de la ONU. En el caso de Venezuela no es algo excepcional ni especial que se le haya hecho, cada cuatro años todos los países son evaluados. A Venezuela le tocó ayer la ocasión en la que son emitidas las recomendaciones de los diferentes Estados parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
-Puntualicemos: no hay un llamado de atención especial a Venezuela…
-Especial, no. Es decir, no es que sea solo Venezuela el Estado sometido al EPU, pero obviamente hay países donde las recomendaciones o los llamados de atención no son como los que le hacen a Venezuela que están referidos a la existencia de detenciones arbitrarias, a la persecución de defensores de derechos humanos, a la tortura… No en muchos países se habla de eso tan concretamente como en el caso venezolano.
-Claro, a cada país se le hacen recomendaciones en función de su situación interna.
-Exactamente. Y a Venezuela se le hicieron recomendaciones hace cuatro y años y ahora, en 2022, se evalúa si mejoraron o no mejoraron.
-¿Y queda claro para esos países si mejoraron o no?
-En el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, a pesar de ser la máxima instancia multilateral de “resguardo” de los derechos humanos, existen países que violan los derechos humanos y otros que no los violan. Entonces, para Cuba –por ejemplo- mejoraron. Para Somalia, mejoraron. Para China y Siria, mejoraron. Pero para Suecia, empeoraron: hay violaciones a los derechos humanos. Para Reino Unido, Francia, Bélgica, España, Chile, Uruguay, hay violaciones a los derechos humanos.
-Uno tiende a ver eso como la historia de siempre: lo que dicen los aliados que se hacen los locos y se suman al discurso oficial del Estado venezolano y lo que dicen los críticos.
-Claro. Pero lo más importante es que la lectura del reporte que va a derivar de esas recomendaciones y del Examen Periódico Universal servirá también para ratificar o no, por ejemplo, la investigación que lleva a cabo la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, la investigación que lleva a cabo la Misión de Determinación de Hechos de la ONU, los reportes que emita la ONU, particularmente la oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, en relación con Venezuela. Esas son situaciones que van a quedar ratificadas.
Hablar del EPU como una sola situación no es tan importante como relacionarlo con todo lo que está ocurriendo en cuanto a Venezuela. Hay que tener en cuenta que Venezuela tiene todas las “medallas” de abuso de los derechos humanos –irónicamente hablando- que tendría un país violador de los derechos humanos. Venezuela tiene la mayor cantidad: tiene una Misión de Determinación de Hechos abierta específicamente, tiene una investigación en la Fiscalía de la CPI, algo que sí es excepcional porque es el único país en América y uno de los pocos en el mundo que tiene abierta investigación; y tiene a los representantes de la oficina de la Alta Comisionada de DDHH de la ONU en el país. Todo eso se complementa. Y las recomendaciones que se hicieron evidencian que no ha mejorado la situación, como se pretende hacer ver. Más allá de eso, ¿qué más quieres? ¡Se abrió una investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela! Eso debe llamar muchísimo la atención porque por algo se abre y no es porque haya una ataque político contra Venezuela, como se pretende hacer ver.
-En este contexto, ¿cómo se interpreta el plazo que le ha dado la Fiscalía de la CPI al Estado venezolano para informar si investiga o no las denuncias sobre violaciones a derechos humanos?
-Ha habido mucha tergiversación de la información. Vamos hacia atrás un poco. Cuando fue notificado el Estado venezolano sobre la apertura de la investigación –y a su vez también fueron notificados los Estados que denunciaron la existencia de crímenes de lesa humanidad en Venezuela-, cosa que se hizo el 16 de diciembre, hubo una noticia: “Maduro fue notificado de la investigación que abrieron en su contra”. Eso es falso, tergiversado, es información manipulada. Y eso hay que decirlo con crudeza porque se crean expectativas falsas.
Lo que pasó el 16 de diciembre es que como en todo proceso formal de investigación fueron notificadas las partes, entre ellas el Estado venezolano, no Maduro ni ninguna persona en específico, para que empezaran a correr los plazos. La investigación se abre el 3 de noviembre, pero la notificación se hace el 16 de diciembre y corren los plazos de conformidad con el artículo 18 del Estatuto de Roma para que las partes, los interesados, respondan sobre esa investigación. El Estado venezolano –no el gobierno- puede decir: mis instituciones sí funcionan y esa investigación debe hacerse de tal o cual manera. O puede decir que sí, que se haga. Para eso tenía un mes que culminó el 16 de enero. Lo que hizo la Fiscalía de la CPI fue extenderle el tiempo, por tres meses más, para responder sobre si están o no las instituciones funcionando. Y si las instituciones están funcionando e investigando, se rompe el principio de complementariedad: la Fiscalía de la CPI solo investiga si no se está investigando en Venezuela. Eso es todo lo que está ocurriendo allí.
Para mí lo más importante –y es algo de lo que no se ha hecho mención- y que sí debe ser considerado con cierta expectativa positiva, es que la Fiscalía ya dijo que iba a visitar nuevamente a Venezuela, pero esta visita sería muy distinta a la que hizo en noviembre porque ahora sí hay una investigación abierta. En esta visita sí pudiera existir la potestad para recolectar evidencia, entrevistar a víctimas, a testigos, etcétera. Podría hacerlo. No sé si lo hará, pero podría hacerlo.
Y otro punto importante es el siguiente: la investigación se abrió desde el año 2017 en adelante y ahora se hará desde febrero de 2014 en adelante.
-Y si se extiende el periodo de investigación, aumentan los casos a investigar, ¿no?
-Sí, aumentan los casos. Y aumentan las responsabilidades que pudiesen existir, incluyendo a quienes fueron responsables de actuaciones como, por ejemplo, lo que ocurrió durante las protestas del año 2014.
-¿Eso podría conducir a que se extienda o se abra un nuevo plazo para recabar nueva información sobre ese periodo o ya la tienen?
-No, para que ellos señalen que la investigación va hacia allá es porque ya tienen información en relación con eso. Es importante notar que esa investigación está en marcha ya. Ellos están recolectando evidencias y recibiendo denuncias, información, pruebas. Ya se abrió la investigación, ya se abrió la puerta para que formalmente se reciban evidencias, se evalúen las situaciones y se sustancien. El tema ahora es si se va a abrir o no un caso específico, porque cada investigación resulta en un caso concreto: el caso contra fulano o contra tales personas responsables por torturar a tantas personas en tal lugar, por ejemplo. Eso todavía no ha ocurrido. Lo que hay en este momento es una investigación general que va a resultar –si acaso resulta- en un caso.
Luego viene el otro proceso: se abre un caso, pero para que el proceso judicial abra se requiere la presencia del imputado. Si no la hay porque no se presentó o porque no se pudo detener o lo que sea, el proceso judicial no se puede abrir porque se abren procesos judiciales en ausencia. En el caso incluso de que una persona esté en el tribunal porque se haya presentado o porque lo hayan detenido de forma preventiva, esa persona tiene el derecho a la defensa. Y ahí es donde comienza la acusación de las víctimas, la defensa del acusado… Eso se toma su tiempo.
-Es peligroso ese juego de manipulación informativa, por ejemplo con esto de que supuestamente Maduro tenía tres meses “para responder a los crímenes de lesa humanidad”.
-Eso es falso y quienes conocen del tema lo saben. Eso lo que refleja son ganas de manipular una situación para –lamentablemente- utilizar los derechos humanos con fines políticos. Y eso lo que crea es una falsa expectativa a quienes realmente están interesados en que se haga justicia, como las víctimas, por ejemplo.
Lo positivo, lo importante, es que se abrió una investigación, pero de ahí a crear expectativas que no son ciertas es bastante negativo y preocupante, porque uno tiene que combatir no solo con los que pueden ser victimarios sino también con aquellos informantes que crean expectativas inciertas.
-Tal como lo es la propia expectativa de que Maduro sea señalado como responsable es incierta y manipulada.
-Hasta el día de hoy sí. Maduro no ha sido señalado como responsable. De hecho, no hay nadie señalado como responsable, todavía. O por lo menos, que se sepa de manera oficial. Y tampoco hay un caso abierto. Cuando haya una imputación, será porque se abrió un caso. Pero hasta ahora no hay un caso abierto.
Imágenes: Daniel Hernández
El Estimulo
En la perspectiva correcta. Y vamos a decirlo de una vez: a Nicolás Maduro ninguna instancia internacional o multilateral le ha acusado de nada. Al menos, por ahora. Peligroso ese juego de manipulación informativa, manipular para utilizar los derechos humanos con fines políticos
