Cuatro magistrados que militaron en el chavismo presiden salas en el máximo tribunal del país, dos tienen vínculos estrechos con la primera dama Cilia Flores –según documenta Suprema Injusticia de Transparencia Venezuela– y dos están sancionados por el gobierno canadiense por “ser responsables o cómplices de graves violaciones a los derechos humanos y corrupción en Venezuela”
Aunque la ley prevé la renuncia a la militancia político-partidista para ser elegible magistrado del Poder Judicial, la actuación de estos juristas pone bajo cuestionamiento el vínculo que mantienen con el gobierno venezolano y la independencia de sus decisiones.
De acuerdo con el artículo 263 de la Constitución, los requerimientos para poder ser magistrado son:
1.- Tener la nacionalidad venezolana por nacimiento y no poseer otra nacionalidad.
2.- Ser ciudadano o ciudadana de reconocida honorabilidad.
3.- Ser jurista de reconocida competencia, gozar de buena reputación, haber ejercido la abogacía durante un mínimo de 15 años y tener título universitario de postgrado en materia jurídica; o haber sido profesor universitario o profesora universitaria en ciencia jurídica durante un mínimo de 15 años y tener la categoría de profesor o profesora titular; o ser o haber sido juez o jueza superior en la especialidad correspondiente a la Sala para la cual se postula, con un mínimo de 15 años en el ejercicio de la carrera judicial, y reconocido prestigio en el desempeño de sus funciones.
4.- Cualesquiera otros requisitos establecidos por la ley.
Adicionalmente la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (LOTSJ) vigente, publicada en Gaceta Oficial Nº. 39.522 de fecha 1° de octubre de 2010, establece otros ocho requisitos:
1.- Ser ciudadano o ciudadana de conducta ética y moral intachables.
2.- Ser abogado de reconocida honorabilidad y competencia.
3.- Estar en plena capacidad mental.
4.- No haber sido sometido a procedimiento administrativo o sancionatorio ni a
juicio ni haber sido condenado mediante el correspondiente acto o sentencia
definitivamente firme.
5.- Renunciar a cualquier militancia político partidista, y no tener vínculo, hasta
el cuarto grado de consaguinidad o el tercer grado de afinidad, con los
Magistrados o Magistradas del Tribunal Supremo de Justicia, con el
Presidente de la República, el Vicepresidente Ejecutivo de la República, los
Ministros del Ejecutivo Nacional, el Fiscal General de la República, el
Defensor del Pueblo y el Contralor General de la República.
6.- No estar unido por matrimonio ni mantener unión estable de hecho con
alguno de los Magistrados o Magistradas del Tribunal Supremo de Justicia.
7.- No realizar alguna actividad incompatible con las funciones y atribuciones de
los Magistrados o Magistradas de conformidad con la ley.
8.- Tener título universitario de especialización, maestría o doctorado en el área
de derecho, correspondiente a la Sala para la cual se postula.
A continuación el perfil de los presidentes de las seis salas que configuran el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Sala Constitucional
Tania D´Amelio. “Nació en la Provincia de Avellino, Italia, el 5 de diciembre de 1971. Es hija de Salvatore D’Amelio y Gladys Cardiet. Su infancia y su vida estudiantil se desarrollaron en el estado Vargas, ahora estado La Guaira, donde también inició su trayectoria profesional, política y su formación en la fe cristiana”.
La información, publicada en la página oficial del TSJ, contradice el requisito constitucional que exige tener la nacionalidad venezolana por nacimiento.
La única forma de que la magistrada cumpla con lo establecido es que su caso entre en los extremos del artículo 40 de la Constitución que señala que: “Gozan de los mismos derechos de los venezolanos y venezolanas por nacimiento los venezolanos y venezolanas por naturalización que hubieren ingresado al país antes de cumplir los siete años de edad y residido en él permanentemente hasta alcanzar la mayoridad”.
Es abogada y exrectora principal del Consejo Nacional Electoral (CNE). En 2009 fue postulada por el Poder Ciudadano y designada a pesar de que su candidatura fue objetada por ser militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv).
Fue sancionada por Canadá por su papel en “socavar la seguridad, la estabilidad y la integridad de las instituciones democráticas de Venezuela”. También por Estados Unidos (OFAC) por estar presuntamente implicada en la organización o “apoyar la creación de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela y participar en acciones antidemocráticas”.
Sala de Casación Social
Edgar Gavidia. Nació en Caracas el 18 de Mayo de 1950. Es abogado egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Santa María, con especialización en esta misma Casa de Estudios en Derecho Penal.
Es magistrado desde 2014. Militó en el extinto Movimiento Quinta República (MVR), partido fundado por el fallecido presidente Hugo Chávez, en representación del cual ocupó la vicepresidencia del Cabildo Metropolitano de Caracas durante dos periodos legislativos.
Según el portal Suprema Injusticia de Transparencia Venezuela, es hermano de Walter Gavidia Rodríguez, quien estuvo al frente de la Fundación Misión Negra Hipólita y exesposo de Cilia Flores.
Acceso a la Justicia alertó que no consta si Gavidia renunció a la militancia política, a lo que estaba obligado como magistrado.
En 2018, el periodista de Sucesos Deivis Ramírez informó que el magistrado fue señalado de atentar contra la vida (disparo en el fémur) de su esposa Francis Flores, durante una discusión por celos, ocurrida en la urbanización privada en Lechería, estado Anzoátegui.
Del hecho también advirtió Acceso a la Justicia tras haber sido difundida la noticia en algunos medios de comunicación.
Sala Político Administrativa
Malaquías Gil. Nació en Carache, estado Trujillo, el 27 de Febrero de 1960. Estudió Derecho en la Universidad de Los Andes (ULA), estado Mérida (1989). Realizó un postgrado en la Universidad Rafael Urdaneta, extensión Valera, Trujillo, donde se recibió como especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social (1997). Para el año 2008, cursó estudios de postgrado y obtuvo el título de Magíster Scientiarum en Ciencias Jurídicas en la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional (UNEFA).
Antes fue magistrado principal de la Sala Electoral en la que ejerció como vicepresidente. Fue electo diputado nacional por Trujillo entre los años 2000 y 2010 por el partido Podemos, fundado en 2002 por dirigentes provenientes del Movimiento Al Socialismo (MAS). También se desempeñó como contralor municipal durante varios años.
Es uno de los magistrados que ha permanecido en el TSJ más allá del límite de 12 años que ordena la Constitución Nacional.
Está sancionado por el gobierno de Canadá, señalado como “responsables, o cómplices, de graves violaciones a los derechos humanos y corrupción”.
El magistrado tiene en sus manos la decisión sobre la habilitación de la opositora María Corina Machado. La Sala Político Administrativa es la que debe dar respuesta sobre la admisibilidad de la demanda que interpuso el equipo legal de la dirigente de Vente Venezuela en contra de la inhabilitación que le fue impuesta por la Contraloría General de la República.
Sin embargo, la sala sigue sin pronunciarse un mes después, además de impedir el acceso de la defensa de Machado al expediente del caso, lo que viola sus garantías procesales, de acuerdo con Acceso a la Justicia.
Sala de Casación Penal
Elsa Gómez Moreno. Vicepresidenta de esta sala desde 2014. Magistrada principal nombrada por la AN de 2010. Antes de llegar al TSJ fue Jueza Titular Superior Penal de la Sala 2 de la Corte de Apelaciones de Caracas (2005) y Jueza Provisoria de la Sala Única de la Corte de Apelaciones con Competencia en casos Vinculados con Delitos Asociados al Terrorismo, con Jurisdicción a Nivel Nacional (2004) entre otros cargos.
Ponente de la sentencia que solicitó al Reino de España la extradición activa del dirigente opositor Leopoldo López, en mayo de 2021, para que terminara de cumplir ocho años que restan de su sentencia de 13 años de prisión tras encabezar las protestas antigubernamental del 12 de febrero de 2014, frente al Ministerio Público. López huyó del país en octubre de 2020.
Según información publicada en los portales Suprema Injusticia y Runrun.es, Gómez Moreno es tía de la esposa de Walter Gavidia Flores, hijo de Cilia Flores.
Sala de Casación Civil
Henry Timaure Tapia. General de División del Ejército. Fue presidente de la Corte Marcial y del Circuito Judicial Penal Militar entre 2014 y 2017.
En abril de 2018, el portal Crónica.Uno reseñó que, antes de ser destituido del cargo por Nicolás Maduro el 22 de diciembre de 2017, firmó la anulación de la sentencia del tribunal militar segundo accidental de Maracay en el estado Aragua, de fecha 11 de enero de 2017, en la que se condenaba a cinco militares y tres civiles a cinco y diez años de prisión por los supuestos delitos de instigación a la rebelión y contra el decoro militar, en el caso conocido como “Golpe Azul”.
Este militar es de la promoción “Tomás Montilla” de 1987, conocida como “Los Montilleros”, la misma a la cual pertenece Diosdado Cabello y otros militares con destacada participación en el gobierno.
En 2013, Timaure Tapia fue designado integrante de la Comisión Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes de la Defensoría del Pueblo.
Sala Electoral
Caryslia Beatriz Rodríguez Rodríguez. Es la nueva presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y también preside la Sala Electoral. Fue alcaldesa encargada de Caracas tras la renuncia de Erika Farías poco antes de las elecciones regionales y municipales del 21 de noviembre de 2021.
También se desempeñó como presidenta del Concejo Municipal de Caracas, concejal por el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) y antes lo fue del Cabildo Metropolitano.
Durante su gestión como alcaldesa encargada del municipio Libertador dio una entrevista al portal Ciudad Ccs, en la cual se le describió como “una mujer profundamente comprometida con las tareas que delega la Revolución. Leal al comandante Hugo Chávez, al presidente obrero Nicolás Maduro y a los proyectos para la construcción del socialismo”.
Efecto Cocuyo
