La ONG Espacio Público documentó que Tarek William Saab es el funcionario público que más cuentas de Twitter ha bloqueado, lo que restringe el libre acceso a la información.
Por Wincarlys Ramos @Wincarlysramos
Caracas. En 2021 la organización no gubernamental Espacio Público registró más de 100 casos de restricciones a la libre expresión en internet, lo que equivale a 42,62% del total de limitaciones documentadas en materia de libertad de expresión, incluidas las vulneraciones que ocurren fuera de línea. Mientras que en lo que va de 2022 esta cifra incrementó a casi 50 %.
En los últimos cuatro años la violación a la libre expresión se intensificó, de acuerdo con la ONG. El 2018 tiene un registro de 13,44 %, con 387 casos reportados; en 2019 ascendió a 19,87 %, con 468 restricciones y 2020 cerró con 30,77%, que corresponde a 398 vulneraciones.
En el reciente informe Te ha Bloqueado: Sin Acceso a Información Pública se detallan los bloqueos en Twitter desde las cuentas de funcionarios públicos en el país.
Tarek William Saab, fiscal general designado por la extinta Asamblea Nacional Constituyente (ANC), es el funcionario que más cuentas bloqueó en la red social. Espacio Público logró identificar 27 cuentas bloqueadas por Saab.
Seguidamente están el diputado de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, con siete cuentas; el mandatario Nicolás Maduro con cinco y el alcalde del municipio El Hatillo, Elías Sayegh con tres. Entre las instituciones figura Corpoelec, con una cuenta bloqueada.
A quiénes bloquearon y por qué
En una encuesta realizada por Espacio Público se identificó que 50 % de las cuentas afectadas pertenecen a periodistas. El otro grupo, poco más de 49 %, son defensores de los derechos humanos, activistas y organizaciones de la sociedad civil.
Los posibles motivos de bloqueo, según los afectados, son la manifestación de opiniones sobre temas de interés público. También por mensajes relacionados con el desempeño de funcionarios en sus cargos o por pedir información sobre la gestión pública y rendición de cuentas. En otros casos, los bloqueos han ocurrido luego de difundir contenido periodístico o contenido crítico que involucren a los funcionarios.
De acuerdo con Espacio Público, la mayoría de los funcionarios publican en sus perfiles de redes sociales contenido personal y, de forma voluntaria, contenido institucional. Por ello, los victimarios –quienes bloquean– suelen justificar que sus cuentas son personales y eso les da derecho a ejecutar los bloqueos en Twitter.
Algunos funcionarios públicos comparten información a través de Twitter, a pesar de que no existe una ley u obligación de difundirlas por ese medio.
Twitter debe respetar los derechos humanos
Marysabel Rodríguez, coordinadora del Observatorio de Libertad de Expresión de Espacio Público, explicó que en los últimos años Twitter se ha convertido en una plataforma cada vez más común para acceder a la información, pues también grandes medios de comunicación difunden contenido.
Resaltó que, aunque esta red social no tiene el deber de garantizar el derecho a la información y expresión, como los Estados, debe respetar los derechos humanos. Para esto se requiere de una estructura que no interfiera en el ejercicio de los derechos y evite la vulneración de los mismos.
Durante la presentación del informe, Rodríguez mencionó que “estamos ante prácticas abusivas generadas por la “cultura de opacidad”.
Añadió que muchas veces se ignora que los bloqueos en Twitter constituyen “una restricción del acceso a la información”. En ese sentido, subrayó que es importante que se tenga la iniciativa de documentar este tipo de situaciones. Esto debido a que en ocasiones no hay registros para denunciar y exigir el desbloqueo por medidas que “no son democráticas”.
“No hay una conciencia clara de que esto es un bloqueo al acceso a la información”.
Derecho a la libertad de expresión
El Comité de los Derechos Humanos indicó que el derecho a la libertad de expresión es extenso e implica inclusión, libertad para acceder y difundir informaciones de cualquier tipo sin ninguna limitación, tanto en la web como fuera de ella.
También, el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos expone que:
“La libertad de expresión es una condición necesaria para el logro de los principios de transparencia y rendición de cuentas que, a su vez, son esenciales para la promoción y la protección de los derechos humanos”.
Casos de bloqueo en la región
Por otro lado, Rodríguez mencionó el caso del periodista mexicano Miguel Ángel León Carmona, quien en marzo de 2019 fue bloqueado en Twitter por el exfiscal general del estado de Veracruz, Jorge Winckler.
La Suprema Corte de Justica de la Nación de México, ante la evidente violación al derecho a la información pública, le otorgó amparo y protección al periodista. En el histórico fallo se ordenó que Winckler desbloqueara al comunicador en esa red social.
Winckler había justificado el bloqueo por su derecho a la privacidad e intimidad. No obstante, la Corte indicó que la cuenta de este antiguo fiscal era un perfil público en el que se difundía información de interés público.
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