Instituciones públicas incorporan a las bases del partido de Gobierno en la gestión de asuntos locales, como el acceso a la alimentación, el agua y el gas doméstico; esto, a pesar de que la Ley contra la Corrupción prohíbe que la función pública esté al servicio de una parcialidad política
Por Unidad de Contenidos Especiales
Caracas. Nelson Flores, bombero jubilado, vive en el sector Los Cocos del estado Aragua, en una de tres casas seguidas que se inundan cada vez que llueve. Para buscar soluciones, decidió apuntarse al censo del programa gubernamental “Barrio Nuevo, Barrio Tricolor”, de rehabilitación de viviendas. Sus datos no fueron recogidos por funcionarios públicos sino por un grupo de personas que conforman en su comunidad la Unidad de Batalla Bolívar Chávez, mejor conocida por sus siglas UBCh, agrupación de base del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
Flores perdió las esperanzas de ver la ayuda para su hogar, y también duda de contar de nuevo con la bolsa de alimentos subsidiada por el Estado a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) del Ministerio de la Alimentación.
“Las personas de la UBCh se molestan mucho cuando las denuncian. Creemos que ya nos sacaron del censo para Barrio Nuevo y que nos sacaron también del Clap. Estamos en una lista negra”, dijo al recordar las críticas que él ha expuesto, tanto en redes sociales como en murales de la zona, sobre vicios en la intermediación que hace la UBCh entre los ciudadanos y el auxilio oficial.
“He denunciado con diputados y otros periodistas, pero hasta ahora, nada”, lamentó.
Él no es el único en reclamar: otras 246 personas denunciaron en 2022 irregularidades con los Clap y las UBCh a través del servicio de asistencia legal anticorrupción de la ONG Transparencia Venezuela. Pero son muy pocos los que, como Flores, sostienen la denuncia como para llevarla a instancias superiores, según María Alejandra Pérez, coordinadora del servicio. En muchos casos, prefieren reservar su identidad por miedo a que la UBCh de su localidad los excluya de los espacios propicios para resolver los problemas del día a día.
El temor parte de que las UBCh influyen en la cotidianidad local a lo largo del territorio venezolano.
Una base de datos construida por Crónica.Uno, a partir del monitoreo de cuentas de Twitter de entes del Estado, constata que las UBCh intervienen en la gestión estatal de asuntos comunitarios en los 23 estados de Venezuela y el Distrito Capital. Específicamente, estas agrupaciones partidistas son incluidas en la administración pública de la alimentación, las aguas, las infraestructuras, la educación, la electricidad, el gas doméstico, la gestión ambiental, la atención a personas con discapacidad y la recreación.
Aunque el artículo 14 de la Ley contra la Corrupción prohíbe que funcionarios públicos estén al servicio de una parcialidad política, son diversas las instituciones públicas que favorecen el liderazgo de las UBCh en la gestión local: alcaldías, gobernaciones, concejos municipales, empresas públicas de gas doméstico, empresas hidrológicas regionales, así como también el Ministerio de Alimentación, el Ministerio de la Juventud y el Deporte, el Ministerio de Educación, el Ministerio de la Salud, el Ministerio de Vivienda y Hábitat, el Ministerio de la Mujer, el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad y la Defensoría del Pueblo.
“Tú puedes hacer vida partidista en la Asamblea, a través de la vida parlamentaria, pero lo que no puedes es colocar a estructuras partidistas en la gestión de Gobierno, porque eso es discriminatorio y un elemento de corrupción. Una cosa es el partido, la vida partidista, los planteamientos partidistas; y otra cosa es el ejercicio de la gestión pública desde el Estado”, aclaró el politólogo Piero Trepiccione.
El partido por encima de la comunidad
Durante el III Congreso del PSUV, en 2014, se definió a las UBCh como una “organización esencial y base de articulación de las patrullas socialistas para la ejecución coordinada de los planes de acción política y social en un radio de acción determinado”. Su decálogo está publicado en la página web del partido. Tienen funciones –entre otras– de estudiar y practicar la doctrina chavista; así como de organizarse y cumplir tareas para ganar elecciones.
Las UBCh también están encargadas desde 2018 de las Redes de Articulación y Acción Sociopolítica (RAAS), mecanismos de vigilancia social del partido a nivel comunitario.
https://twitter.com/PartidoPSUV/status/1191141758681387008?t=h7UP2sSZlHYd1y7f6wgvBw&s=19
“La incorporación de las UBCh, como uno de los grupos oficialistas llamados a conformar los CLAP, constituye un indicio de la instrumentalización político electoral del programa gubernamental para la distribución de alimentos”, denunció un informe de Transparencia Venezuela, en referencia a la solución del Gobierno frente a la crisis alimentaria del país desde 2016.
A diferencia de los consejos comunales, grupos comunitarios que pueden ejercer proyectos sociales y políticas públicas directamente, las UBCh están conformadas por militantes de un mismo partido, por lo que responden prioritariamente a intereses políticos.
“Al incorporar las UBCh a lo que son los servicios básicos y el Clap, se favorece solamente a un grupo, es decir, al grupo de ellos que pertenece a la UBCh y al PSUV, cuando se debería atender a toda la comunidad”, aseguró una vocera de un consejo comunal del estado Lara, que pidió reservar su identidad.
Un residente de la parroquia Petare de Caracas, con el mismo temor a represalias, precisó: “Aquí en el barrio José Félix Ribas hay 17 UBCh que son las que dirigen y determinan quién recibe el Clap, el beneficio de medicinas, el gas y todo lo que se supone que debería ser labor del consejo comunal. Ellos se encargan de que no haya mucha injerencia de otros partidos u organizaciones independientes”.
Un total de 14.095 UBCh permanecen activas en todo el país, tras un proceso interno de elecciones realizado entre agosto y septiembre de 2022. La cifra representa un promedio de 42 UBCh por municipio en Venezuela.
Una campaña continua
La Asociación Civil Súmate presentó una denuncia ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) por el uso de medios de comunicación del Estado por parte de Nicolás Maduro para promocionar al PSUV, entre enero y octubre de 2022. La organización destacó el periodo de elecciones para la renovación de sus estructuras base de Jefes de Calle, Jefes de Comunidad y UBCh.
“Hemos identificado informaciones en favor de la parcialidad política del PSUV en las cuentas Twitter y portales Web del Poder Ejecutivo Nacional”, planteó Súmate como una violación a varios artículos. Uno de ellos es el artículo 75 de la Ley contra la Corrupción, que establece: “La funcionaria pública o funcionario público que abusando de sus funciones, utilice su cargo para favorecer o perjudicar electoralmente a un candidato, grupo, partido o movimiento político, será sancionada o sancionado con prisión de un (1) año a tres (3) años”.
La propaganda a la UBCh, sin embargo, abunda en las cuentas de Twitter de autoridades de la administración pública.
Uno de los temas de promoción más recurrentes es el servicio del gas doméstico, según una búsqueda sistemática realizada en Twitter por Crónica.Uno.
https://twitter.com/secdespachogob1/status/1198743846819155968?t=FzexBig6nMgUV5yJtEbouQ&s=19
Las UBCh también figuran, junto con organismos públicos, en la construcción y reparación de pozos de agua; la repartición de juguetes; la rehabilitación de vías; la certificación de personas con discapacidad; la entrega de bastones y sillas de ruedas; el mantenimiento de colegios; el funcionamiento del Programa de Alimentación Escolar (PAE); la distribución de kits médicos y la entrega de material deportivo.
Griselda Colina, rectora suplente del CNE, indicó que las normativas que regulan el uso de recursos públicos a favor de campañas políticas están circunscritas a los períodos electorales. “Lo que se hace previo a la campaña no está normado o sancionado; esto hay que limitarlo”, consideró la experta en temas electorales.
Crónica.uno envió una solicitud de entrevista a la Contraloría General de la República el 7 de junio de 2023, pero hasta la fecha de esta publicación no se ha recibido respuesta.
Represión local a la contraloría ciudadana
El Manual para denunciar corrupción, de Transparencia Venezuela, presenta distintos tipos de corrupción, entre ellas la corrupción política, definida como “el uso de cualquier recurso público para fines políticos partidistas, ya sea para campaña electoral o para propaganda, con la intención de llegar o de mantenerse en el poder”.
La ONG cuenta desde 2016 con la aplicación móvil “Dilo Aquí” para recibir y canalizar denuncias ciudadanas de casos de corrupción.
Juan Carlos Torcat, vocero de la Organización para la Prevención Nacional de la Corrupción (Orpanac) e integrante de la Coalición Anticorrupción de Transparencia Venezuela, expresó: “Lo que hacemos nosotros, Transparencia Venezuela y Orpanac, es que recibimos los hechos, investigamos, hacemos contraloría social de estos ilícitos y se hace una denuncia formal ante el Estado, según sea el caso”.
María Alejandra Pérez, coordinadora del servicio Dilo Aquí, explicó: “Una vez recibida, se revisa y se analiza la denuncia, y dependiendo de lo que se trate y de los elementos de corrupción que se identifiquen, contactamos a la persona y le damos asesoría jurídica. Le informamos sobre las posibles acciones que se pueden ejercer dependiendo del lugar del país donde se encuentre la víctima”.
Pérez aclaró que es frecuente que las personas denuncien de forma anónima y posteriormente se resistan a continuar cuando deben ser identificadas por temor al poder de las UBCh en la comunidad.
“Cuando la parte clientelar desaparece, porque no hay suficiente dinero, al Gobierno le queda la parte represiva. Y para esa represión, existe una gran cantidad de cuerpos intermedios, es decir, cuerpos del partido”, planteó el politólogo Fernando Spiritto.
Enfatizó: “En este caso, las UBCh son lo más importante para cumplir ese objetivo”.
CRÉDITOS
Texto: Cristina González
Investigación: Betania Franquis, Héctor Antolinez, Andy Aguilar, Cristina González y María Victoria Fermín
Edición: Natasha Rangel
Coordinación editorial: Cristina González y María Victoria Fermín
Dirección general: Celina Carquez
Crónica Uno
