La Sala Constitucional «se tapó los ojos» para obviar el ámbito penal cuando las acciones de amparo constitucional refieren una situación de tortura. Acceso a la Justicia y la abogada Martha Tineo aseguran que esta acción desnaturaliza las torturas y los tratos crueles, al transformarlos en «faltas administrativas». Tineo también señala que se revictimiza a quienes han sufrido este delito, considerado como un crimen de lesa humanidad
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia emitió el pasado 27 de julio una sentencia donde limita la responsabilidad de los funcionarios incursos en los delitos de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes a simples «faltas administrativas».
En la sentencia número 966 se rechazó por «incompetente» una acción de amparo constitucional presentada por un ciudadano extranjero detenido por presunto narcotráfico en la sede de Interpol de Parque Carabobo. El ciudadano denunció, a través de su abogada, las torturas y tratos crueles a los que era sometido por un comisario de ese organismo desde el momento de su arresto y en espera de extradición. El amparo se introdujo en septiembre de 2017 y estaba en manos de la magistrada Gladys Gutiérrez desde mayo de 2022, cuando se reasignó la ponencia.
Según el criterio de la magistrada Gutiérrez, la Sala Constitucional es incompetente para conocer de un amparo ante tortura y otros tratos crueles en un centro policial, pues considera que corresponde a los tribunales contencioso administrativos.
La decisión judicial de Gutierrez tiene tres fallos importantes, a criterio de Acceso a la Justicia y la abogada especialista en derechos humanos y sistemas de justicia Martha Tineo: Se eluden las denuncias de torturas para resolver el asunto por mera competencia, se obvia la existencia de una Ley especial en la materia, sancionada en 2013; y además se desestima el ámbito establecido en el derecho penal internacional sobre torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes.
En la decisión de la presidenta del TSJ no se mencionan acciones contentivas para atender las denuncias de torturas, como solicitar una investigación al Ministerio Público con ayuda de la Defensoría del Pueblo, sino que se limita a resolver el asunto por mera competencia, señala la también coordinadora general de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón.
Acceso a la Justicia apunta que no se tomó en cuenta la existencia de la Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y Otros Tratos Crueles Inhumanos o Degradantes, que no solo específica los sujetos activos en estos delitos, sino las sanciones y penas que se imponen a los perpetradores, colaboradores y encubridores sin distingo de rango.
La Ley Especial contra la Tortura, sancionada en julio de 2013, identifica como perpetradores de tortura a aquellos funcionarios que, en ejercicio de su cargo, atenten contra la integridad de personas bajo su custodia. Los perpetradores no se limitan al ámbito de efectivos de cuerpos de seguridad. También impone penas de hasta 25 años de prisión y suspensión por la misma cantidad de años a aquellos señalados de este tipo de delitos.
Otra cuestión que establece la norma es que cualquier funcionario que «tenga conocimiento que se ha producido uno de los delitos previstos en esta ley, deberá notificar a la Defensoría del Pueblo, en un lapso no mayor a 48 horas». Quienes incumplan esta previsión pueden ser sancionados con multas entre las 50 y 250 unidades tributarias, trabajo comunitario o la destitución del cargo (art. 24).
«Esta Ley establece sanciones para dichos hechos punibles, que solo puede condenar un tribunal penal, con lo cual un tribunal administrativo sería incompetente para ello», explica Acceso a la Justicia.
¿Torturas o papeleo?
La sentencia firmada por la presidenta del TSJ insiste en que «se evidencia que el ámbito en el cual se generaron las lesiones fue el administrativo, por cuanto la presunta violación de derechos constitucionales por parte del comisario Gerardo Contreras, responsable de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) sede Parque Carabobo, delatada por el actor, claramente se enmarca dentro de los conflictos objeto de control por parte de la Jurisdicción Contencioso Administrativa».
La coordinadora general de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón afirma que esta sentencia causa estupor y vergüenza, «si es que se puede llamar una sentencia, pues se supone que se dictan conforme a derecho. Es una decisión aberrante y sin duda revictimiza a quienes han sufrido un crimen internacional de derechos humanos como lo son las torturas».
Para Acceso a la Justicia resulta inconcebible que la Sala Constitucional utilice como estrategia jurídica «para la impunidad de un delito que viola derechos humanos a la jurisdicción contencioso administrativa, que básicamente incumbe a actos administrativos y jamás penales».
La organización también califica de «alarmante» la posición de la Sala, pues considera que «desnaturaliza los tratos crueles catalogados como delitos, convirtiéndolos en simples faltas administrativas».
En esto coincide la abogada Tineo. «Es una decisión inedita pero macabra, donde de alguna manera te están diciendo que la tortura no es un delito, sino en el mejor de los casos una irregularidad administrativa llevada a cabo por un funcionario en el ejercicio de sus funciones».
A su juicio, esto responde a una acción para excluir el delito de tortura –contemplado en el Estatuto de Roma y bajo investigación de la Corte Penal Internacional– del control judicial de los tribunales penales, lo que deriva en falta de investigación y sanción.
La abogada también considera que se ratifica la existencia de una política de Estado no solo a favor de la tortura, sino sobre la impunidad ante la comisión de estos delitos. «Ya ni siquiera se pretende investigarlos conforme a derecho penal, sino sancionarlos. Queda claro que quieren que esos crímenes queden impunes y sus perpetradores no sean condenados conforme al derecho penal nacional e internacional».
Tineo señala que se ha vuelto común los señalamientos de torturas dentro de las audiencias de presos políticos, e incluso han reconocido a sus propios torturadores dentro de las salas de juicio. La ONG Justicia, Encuentro y Perdón registra más de 300 políticos en la actualidad; de ellos, más del 50% han declarado o testimoniado ser víctimas de tortura.
En su informe para responder la apelación de la administración de Nicolás Maduro, la Oficina del Defensor Público para las Víctimas –una instancia de la Corte Penal Internacional– registró 159 casos de tortura, principalmente en centros de detención, sobre los cuales nunca se investigó, procesó o se les pidió que aportaran testigos.
Tanto la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela como el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos han denunciado y condenado los reiterados casos de tortura en el país. El Alto Comisionado Volker Türk pidió en enero de este año «poner fin a la tortura de una vez por todas», tras su visita de tres días.
«Sobre tratos crueles, inhumanos o degradantes, me atrevería decir que el 100% como consecuencia de las condiciones de reclusión en las que se encuentran. El tema de la tortura es verdaderamente escandaloso en Venezuela y esta decisión le sube el nivel. Insisto, hay una política de Estado en este sentido documentada por organismos internacionales y la Corte Penal Internacional», asegura Tineo.
TalCual Digital
