Advierten que El Tren de Aragua mantiene casas donde se cometen desapariciones forzadas y descuartizan a las víctimas en la Península de La Guajira venezolana
FundaRedes reportó 334 desapariciones y secuestros en la frontera colombovenezolana
En su segundo día de audiencia ante la JEP, Salvatore Mancuso dijo que existen fosas en San Cristóbal, Ureña, San Antonio, La Fría y Boca de Grita, todas ciudades del estado Táchira (Venezuela)
Mancuso: «Esto tiene profundidades más amplias porque hubo coordinación también con militares y fuerza pública del lado de Venezuela para este tipo de operaciones»
Créditos: El País, Revista Semana y TalCual
Salvatore Mancuso, uno de los exjefes paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia, reveló que la frontera entre Venezuela y Colombia fue utilizada por esta organización criminal como «depósito» para los cuerpos de al menos 200 personas desaparecidas entre 2000 y 2001.
Durante su segunda comparecencia ante la Junta Especial de Paz (JEP) de Colombia, a la cual espera adherirse, Mancuso relató, entre otros temas, la existencia de hornos crematorios en los que su grupo desapareció a cientos de personas y de cómo esa desaparición se extendió a Venezuela.
«En la finca Las Palmas, cerca de Puerto Santander, el frente nuestro asesinó a 19 personas, entre 2001 y 2002. Se incineraron en un hueco al que le echamos llantas», narró.
Del lado venezolano, confirmó la existencia de fosas en San Cristóbal, la capital del estado Táchira, y otras localidades de esa entidad como Ureña, San Antonio, La Fría y Boca de Grita usadas por el Bloque Catatumbo, que comandó.
Incluso se ofreció a viajar hasta Venezuela para identificar las fosas, como ya lo había hecho el martes en un acto de reconocimiento y no repetición de la Cancillería colombiana en uno de los hornos en Juan Frío.
Mancuso relató que «Carlos Castaño (excomandante) recibe el pedido de que son tantas las víctimas que se estaba llamando la atención. (…) Producto de estas presiones, Castaño ordena a todos los comandantes desaparecer a estas víctimas en hornos para incinerar personas».
Desapariciones forzadas siguen en la frontera
Las cifras de las desapariciones entre colombianos y venezolanos en por el río Táchira y la península de La Guajira es indeterminada. Pero organizaciones no gubernamentales afirman que la desaparición de migrantes en los últimos dos años por las bandas delictivas se ha vuelto una acción sistemática.
En una entrevista al portal periodístico El País, Enrique Pertuz, presidente de la Red Departamental de Defensores de Derechos Humanos de Norte de Santander, aseguró que existen más de 724 casos de desapariciones en la provincia donde se ubica la ciudad de Cúcuta, que hace frontera con Venezuela.
Advirtió que a lo largo de la frontera existen «casas de pique» que las bandas, como el Tren de Aragua, mantienen para desmembrar a las víctimas. El Tren de Aragua tiene varias de ellas en Villa del Rosario, ciudad ubicada en el Estado Zulia.
«El delito de la desaparición, con frontera cerrada o abierta, siempre ha existido; se dispara por la migración», explicó.
Pese a que se reintegró el paso legal entre Colombia y Venezuela en octubre del 2022, el paso por las trochas y otros caminos controlados por grupos paramilitares y delictivos armados sigue su flujo alto.
La Fundación Progresar, en Cúcuta, ubicó 25 posibles fosas comunes donde han enterrado cuerpos de personas desaparecidas de manera forzada en la frontera en su informe del 2022. A pesar de que ha puesto en alerta a las autoridades colombianas y venezolanas, no hay respuesta todavía.
La fundación colombiana acompaña 715 casos de desaparecidos en el marco del conflicto armado, 150 de ellos transfronterizos. Pero advirtió que solo el 1% de los casos ha tenido algún resultado bajo la jurisdicción neogranadina.
Cifras y personas desaparecidas en Venezuela
En Venezuela no se tiene un registro oficial sobre las violaciones al Derecho de la Libertad Personal.
En 2022, la ONG FundaRedes reportó 334 desapariciones y secuestros en la región venezolana fronteriza. Al menos 118 casos se registraron en el estado Táchira, en los pasos irregulares o trochas límites con el Norte de Santander, Colombia.
Provea publicó que se identificaron al menos 5 desapariciones forzadas bajo el contexto de detenciones por cuerpos de seguridad de el Estado venezolano en su informe más reciente sobre las violaciones a los Derechos Humanos en el país. La ONG advirtió que entre el año 2000 y el 2021 se han identificado 211 víctimas de desaparición forzada.
El diputado venezolano Juan Carlos Palencia solicitó en marzo del 2023 al Congreso de Colombia crear una comisión binacional para investigar las desapariciones. En sus exploraciones ha logrado establecer que algunos desaparecidos fueron reclutados por grupos armados ilegales, otros fueron víctimas de trata de personas y secuestros. Afirmó que desde 2015, cuando se cerró la frontera, el delito alcanzó su mayor pico.
Cadena de mando entre Colombia y Venezuela
Según Salvatore Mancuso, las órdenes fueron ejecutadas por Jorge Iván Laverde, alias Iguano, quien tras las denuncias e investigaciones de la Fiscalía de Cúcuta sobre la existencia de hornos para incinerar personas, decidió que las víctimas fuesen enterradas en territorio venezolano.
Además, el exjefe paramilitar explicó que esto se hizo para no afectar los ascensos de militares colombianos. «Esto tiene profundidades más amplias porque hubo coordinación también con militares y fuerza pública del lado de Venezuela para este tipo de operaciones», agregó.
Explicó que la expansión de su grupo a la zona del Catatumbo se relaciona con altos mandos del Ejército colombiano.
«Cuando ingresamos al Catatumbo se coordinó con el Ejército. Se planificó con el general Mario Fernando Roa. (…) En la zona ya se habló con el coronel Matamoros. Y sobre el terreno con el comandante del batallón Héroes de Saraguro, el mayor Mauricio Llorente Chávez».
También mencionó al general Iván Ramírez cómo la persona que le abrió el acceso a las Autodefensas Unidas de Colombia a los batallones militares, lo que derivó en entrenamiento a los paramilitares y el uso de helicópteros pertenecientes al Ejército colombiano.
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