Yohana Marra @yohanamarra
La versión de Tarek William Saab, fiscal designado por la extinta ANC, señala que Javier Tarazona, José Rafael Tarazona y Omar García, defensores de los derechos humanos de FundaRedes, tenían conversaciones con personas fuera del país para “la desestabilización del Estado venezolano”.
Caracas. De acuerdo con Tarek William Saab, fiscal general de la República designado por la extinta Asamblea Nacional Constituyente, los activistas de FundaRedes que fueron detenidos el pasado 2 de julio, recibían órdenes desde el extranjero para “la desestabilización del Estado venezolano”.
El pasado 2 de julio fue detenido el coordinador general de esa ONG, Javier Tarazona, junto con Omar de Dios García Marín y José Rafael Tarazona. Fueron imputados por los delitos de incitación al odio, traición a la patria y terrorismo.
Según Saab, los activistas hicieron acusaciones que descalifican y “comprometen gravemente la seguridad del país”, al afirmar sin pruebas que el Estado venezolano tenía nexos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) lo cual consideró la comisión de un hecho punible.
“José Javier Tarazona denunció sin presentar evidencias, salvo una foto sin fecha, que pareciera tuviera años o meses de haber sido tomada, una relación directa entre el Estado y grupos irregulares colombianos como el ELN y las FARC y señaló supuestas relaciones comerciales del Estado con estos grupos delictivos relacionados a explotación de oro, diamantes, coltán. Además reveló irresponsablemente que en Venezuela existen laboratorios, afirmando que el ELN tiene presencia en 21 entidades del país” (sic), agregó.
En declaraciones este martes 6 de julio, el fiscal aseguró que en las primeras experticias hechas a los celulares de los activistas hay evidencias de que los detenidos tenían comunicación con personas, que tienen números extranjeros, y están por ser identificados porque tenían seudónimos.
“Los expertos han detectado que hubo información que fue borrada de los teléfonos y se trata de identificar quienes giraban estas instrucciones”, dijo Saab.
El viernes 2 de julio los activistas acudieron a la fiscalía del municipio Coro, en el estado Falcón, para denunciar que eran víctimas de acoso y persecución de funcionarios de la policía regional y del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y quedaron detenidos, explicó Kenny Molina, esposa de Javier Tarazona.
La Embajada de Canadá en Venezuela expresó su preocupación por la detención de los tres activistas.
También este martes 6 de julio hubo una protesta frente al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para pedir la liberación de los tres defensores de Fundaredes.
“Aquí estamos reunidos activistas, representantes de derechos humanos del país, para rechazar contundentemente la detención arbitraria y así la calificamos, se trata de una detención arbitraria”, dijo la abogada y coordinadora de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, Martha Tineo.
Organizaciones no gubernamentales, entre ellas Provea y Espacio Público, denunciaron que los cuerpos de seguridad no ofrecieron información de ellos la noche del 2 de julio, dando lugar a una desaparición forzosa.
La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, se refirió a la detención de los tres defensores de los derechos humanos y la calificó como ejemplo preocupante de las restricciones que sigue imponiendo el Estado al espacio cívico.
Por su parte, FundaRedes instó al Estado venezolano a acatar la medida cautelar de protección emanada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor del equipo de los activistas, ante las reiteradas denuncias de acoso y hostigamiento.
