A su salida, la exfiscal Fatou Bensouda dejó la situación planteada ya casi como una certeza: existe una base sólida para creer que se han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Hoy, finalmente, se anunció el pase a fase de investigación
Andrés Cañizález
La mesa está servida. Este 3 de noviembre será una fecha emblemática en la larga lucha por la defensa de los derechos humanos en Venezuela. La Corte Penal Internacional (CPI), según ha confirmado Karim Khan, su fiscal de visita en Caracas, abrirá formalmente una investigación en contra del régimen de Nicolás Maduro y la alta jerarquía del chavismo involucrada en la represión, para determinar su responsabilidad en crímenes de lesa humanidad a partir del año 2017.
El anuncio de Khan, en el marco de una visita de trabajo a Venezuela, y tras la firma de un convenio que busca la cooperación del régimen de Maduro con esta investigación, era algo esperado, pero no por ello menos importante. El informe de la exfiscal Fatou Bensouda, dado a conocer el pasado 12 de agosto, confirmó la existencia de crímenes de lesa humanidad. El papel de la fiscalía del Tribunal de La Haya, la ciudad holandesa que alberga a la CPI, será establecer responsabilidades personales en estos hechos.
La CPI ha tenido en sus dos décadas de historia muy pocas decisiones definitivamente firmes. Hace poco se celebró como un éxito la cadena perpetua para el excomandante serbio Ratko Mladic por su papel en el genocidio en Bosnia y Herzegovina. Otras cuatro sentencias fueron contra involucrados en diversos crímenes de lesa humanidad en países como Congo y Mali.
Esta falta de resultados ha sido duramente cuestionada por diversos gobiernos y entidades internacionales. La decisión final de Khan hace suponer que existen elementos sólidos para llegar a decisiones en el caso de Venezuela.
No será un proceso expedito. Tampoco debemos esperar escenas cinematográficas. La CPI no tiene una gendarmería, por ejemplo, para sacar del poder a ningún jefe de Estado por más que éste sea un genocida confeso y condenado.
Con esta activación oficial del proceso contra la alta jerarquía de los cuerpos policiales y militares, será la primera vez que la CPI actúe en América Latina, en esta fase. Desde su creación en 2002 estuvo muy enfocada en África y eso le generó críticas de diverso tipo. Su decisión en el caso de Mladic y este caso sobre Venezuela apuntan en la dirección de diversificar geográficamente su accionar.
En el caso de Colombia, donde recientemente estuvo Khan, se dieron suficientes garantías de que serán sancionados los responsables y por eso la CPI dio por concluido su papel allí.
Los casos que llevan ante la CPI, que es a fin de cuentas un sistema penal, no son contra el Estado, sino que apuntan a las personas que, usando su posición de mando, dictaron las órdenes para que se cometieran los crímenes de lesa humanidad.
Aunque obviamente, desde Venezuela, la sociedad civil quisiera que el proceso sea rápido, en realidad será lo contrario. Conviene recordar que la CPI se activó cuando hace tres años un grupo de seis países americanos denunció al régimen de Maduro ante La Haya. Se ha tomado tres años este tribunal internacional no en llegar a una decisión, sino en apenas determinar si existen o no indicios firmes para abrir una investigación. Para el mundo de los derechos humanos, debería investigarse al régimen de Maduro por su accionar desde 2014, pero la CPI decidió centrarse a partir de 2017.
La CPI maneja un total de 30 casos, en los cuales se ha llegado ya propiamente a determinar responsabilidades. En muchos de ellos, los acusados están detenidos en celdas que funcionan dentro de la propia CPI. Otros son fugitivos.
Además, hay una docena de investigaciones abiertas, cada una a su ritmo. Ahora el expediente de Venezuela estará junto a esta docena.
Tras una larga permanencia de la fiscal gambiana Fatou Bensouda (2012-2021), a quienes no pocos en el pasado señalaron de tener alguna simpatía por el chavismo, el nuevo fiscal es el británico Karim Khan, quien asumió el cargo el pasado 16 de junio.
Bensouda, ya de salida, concluyó en su informe —sin ambages— que existe evidencia suficiente para investigar a los gobernantes de Venezuela por crímenes de lesa humanidad: “La fiscal ha concluido que la información disponible proporciona una base razonable para creer que, desde al menos abril de 2017, autoridades civiles, miembros de las Fuerzas Armadas y personas progubernamentales han cometido crímenes de lesa humanidad”.
El documento responsabiliza de los delitos descritos a la Policía Nacional Bolivariana (PNB), el Servicio Nacional de Inteligencia Bolivariano (SEBIN), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), las Fuerzas de Acción Especiales (FAES), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS), y otras unidades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).
Quienes están u ocuparon las direcciones de esos cuerpos, los ministros que nombraron a estos funcionarios y en última instancia el jefe de Estado que avaló tales designaciones, serán investigados. Se trata de establecer quién o quiénes dieron las órdenes para que hayan sucedido tales delitos de lesa humanidad, que implican la violación masiva y sistemática de los derechos humanos.
El Estímulo
