Entre 70 y 80 militares llegaron en cuatro helicópteros a la comunidad, nos apuntaron con sus armas y hubo empujones / Foto: cortesía
“Vemos que el Gobierno no presenta alternativas de solución y apoyo a la comunidad para atender sus necesidades, sino que instruyó, en esta ocasión a la FANB para atacar a la comunidad, en lugar de llevar alimentos, ropa, medicina, materiales”. Así quedó expresada la posición de los 635 habitantes de la comunidad indígena Pemon de Ayu´töy – Las Bonitas-, tras una incursión violenta de militares venezolanos en sus territorios.
El operativo enmarcado en la Operación Roraima 2022, atacó violentamente a la comunidad indígena, ubicada en el sector La Paragua del estado Bolívar, en horas del mediodía del pasado domingo 10 de diciembre. “Irrumpieron en la comunidad cuatro helicópteros militares, causando estruendos y levantando polvo y arena sobre las casas, en una acción que catalogamos de atropello, amedrentamiento y hostigamiento”, detalló Romualdo Sifontes, capitán de Ayu´töy.
En la acción participaron efectivos adscritos a la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) Bolívar y la Región Estratégica de Defensa Integral Guayana (REDI).
Según el jefe del Comando Estratégico Operacional de la FANB (CEOFANB), G/J Domingo Hernández Lárez, la Operación Roraima busca desactivar campamentos ilegales de explotación minera controlados por “grupos Terroristas Armados Narcotraficantes de Colombia (TANCOL)”.
Ante, la realidad evidencia numerosos matices alrededor de los diversos focos de explotación minera que se desarrolla en los estados Amazonas y Bolívar, al sur de Venezuela, territorios ocupados casi en su totalidad por pueblos indígenas.
“Antes de que llegara al poder el Presidente Chávez, la comunidad luchó para proteger sus formas de vida y sus tierras ante las invasiones mineras, solicitando en incontables ocasiones a las instituciones públicas apoyo para frenar la minería y desalojar a los mineros, sin que se lograra respuesta alguna. Al contrario, la actividad aumentó y llegó a los predios de la comunidad y los impactos causaron estragos que se traducen hoy día en hechos y fenómenos que han causado daños irreversibles” detalla el comunicado.
“Somos conscientes de los efectos adversos causados por la minería al ambiente, pero las realidades han cambiado y estamos obligados a afrontarlas como sea. La comunidad no defiende como suya la actividad de minería, desearía que no exista, pero es la alternativa que tiene ante las penurias que padece”.
En el comunicado detallan que “la comunidad entiende que no puede esperar pasiva alguna bondad de las instituciones del gobierno, sea nacional, estadal o municipal, por eso tomó como una forma de solventar las necesidades y carencias, la actividad minera y lo hace de manera organizada la cual se traduce en obras sociales”.
Vía telefónica el capitán Romualdo Sifontes explicó que los salarios de los maestros, mejoras en la infraestructura escolar y la dotación de implementos de estudio y suministros para el ambulatorio son parte de las necesidades desatendidas por los entes responsables que, la comunidad ha podido asistir con los dividendos de la minería.
Ayu´töy cuenta con una población escolarizada de 221 niños y adolescentes. Su población es de los 635 habitantes pertenecientes al pueblo pemon Kamarokoto. Geográficamente se encuentran en el sector La Paragua del Municipio Angostura, en la región noroccidental del estado Bolívar y el bajo Caroní.
“En Ayu´töy empezamos a practicar minería en nuestra área en el año 2009 como una actividad temporalmente, en vista de que toda esa situación económica que nos afecta, igualmente realizamos la actividad comunitaria de agricultura, nosotros no estamos trabajando en minería como los demás que están destruyendo constantemente”, indicó Sifontes.
Denunció que la destrucción de implementos y materiales de trabajo, utilizados como principal y actual modo de subsistencia. La consecuencia de esa acción es que todas las actividades comunitarias están obligadas a la paralización.
Finalmente hicieron un llamado al Gobierno a acudir sin armas a la comunidad. Invitaron a Yamilet Mirabal, Ministra del Poder Popular Para los Pueblos Indígenas “a conversar con nosotros en persona, para que nos escuche, vea la realidad que vivimos, qué hacemos, qué hemos hecho, cómo queremos vivir en esta parte de la Patria”.
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