Marta Valiñas, presidenta de la Misión de Determinación de Hechos en Venezuela, actualizó el informe sobre la situación del país donde concluyen que el sistema de justicia venezolano jugó un rol importante en la represión a opositores, pero también destacaron más irregularidades.
«Concluimos que los actores del sistema de justicia, tanto por acción como por omisión, han jugado un papel importante en la represión del Estado contra opositores reales del gobierno y personas que son percibidas como tales», señaló vía oral.
Asimismo, Valiñas también concluyó que hay motivos razonables «para creer que algunas de las conductas descritas en el informe de 2020 constituyen crímenes de lesa humanidad».
Resalta que aunque el Gobierno de Nicolás Maduro ha anunciado que tomará medidas para hacer frente a la situación de impunidad, lo que realmente importa «es la implementación de las medidas previstas».
«La falta de datos desglosados y de información clave sobre los delitos imputados o el rango o nivel de responsabilidad de los autores, continúa siendo un obstáculo para evaluar los esfuerzos reales del Estado para investigar y perseguir estas violaciones», subrayan.
También reiteró que las víctimas de violaciones de derechos humanos y crímenes; y sus familiares, tienen derecho a participar en los procesos judiciales tal y como lo garantiza la legislación interna.
«Reiteramos la preocupación planteada en nuestros informes de que las investigaciones nacionales, cuando se llevan a cabo, tienen alcance limitado y se dirigen contra autores materiales, de bajo nivel. Los casos del Sr. Albán y del Sr. Acosta Arévalo son ejemplos de ello», recuerdan.
Advirtieron que hay personas que tienen más de 3 años detenidas sin un juicio, lo que está «muy por encima de los límites impuestos tanto por la ley anterior como por la reformada».
Mencionaron que en la segunda mitad del 2021, se produjeron dos muertes de opositores bajo custodia del Gobierno, «ambas relacionadas con la falta de atención médica. Una de ellas es la muerte del General Raúl Isaías Baduel, caso documentado previamente por la Misión».
«Su hijo Josnars Baduel, quien permanece detenido en El Helicoide del Sebin y se encuentra en mal estado de salud, requiere atención médica inmediata», alertan.
También hacen hincapié en la aprehensión de Javier Tarazona, director de Fundaredes, detenido en julio de 2021 «y fue acusado de terrorismo e incitación al odio en diciembre pasado. La Misión ha recibido información de que el Sr. Tarazona ha sido sometido a tortura, incluida la tortura psicológica o blanca».
«También es preocupante que el periodista Roland Carreño sigue detenido en El Helicoide, a pesar de las serias irregularidades en su caso resaltadas en nuestro informe pasado», añaden.
Por otro lado, la Misión de Determinación de Hechos contó que a partir del mes de agosto de 2021, la Asamblea Nacional electa en 2020 anunció que llevaría a cabo un paquete de reformas sobre el sistema de justicia. Sin embargo, consideran que «una reforma legal, por sí sola, es insuficiente si no se implementa adecuadamente».
«En enero de 2022, la Asamblea Nacional aprobó reformas a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Lamentablemente, algunas de estas reformas no solo no reducen, sino que aumentan, la influencia política sobre el Poder Judicial», critican.
Por último, la Misión de Determinación de Hechos precisó que seguirán ampliando sus investigaciones actuales «a las responsabilidades más altas de la cadena de mando y presentaremos nuestras conclusiones a este Consejo (De DDHH de ONU) en septiembre de este año».
Noticiero Digital
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