Ariadna García @ariadnalimon

La presidenta de ASI Venezuela dice que a pesar de que se inició el diálogo en febrero a través de encuentros virtuales y de que en agosto se instalarán tres meses de discusión de forma presencial “el Estado venezolano no ha aceptado en la práctica las recomendaciones, ni el informe de la OIT”.

Caracas. Los bajos salarios, de incluso un dólar al mes, han provocado protestas en diferentes sectores laborales del país. Educadores, enfermeras, trabajadores petroleros, médicos o transportistas, a menudo alzan pancartas para exigir a las autoridades remuneraciones que les permitan cubrir sus necesidades. 

La Central de Trabajadores Alianza Sindical Independiente (ASI Venezuela) es uno de los gremios que hace seguimiento a las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para Venezuela. La nación pudiera ser amonestada en noviembre de no concretar avances, pues la OIT ha dado plazos puntuales para que el gobierno lleve adelante un diálogo tripartito, consulte la fijación del salario mínimo con los trabajadores o cese las detenciones y persecuciones contra estos, entre otras recomendaciones que el país debe cumplir como miembro de la OIT.

La abogada Leida Marcela León, presidenta de ASI Venezuela, dice que a pesar de que se instaló el diálogo bipartito en febrero a través de encuentros virtuales y de que en agosto se instalarán tres meses de discusión de forma presencial “el Estado venezolano no ha aceptado en la práctica las recomendaciones, ni el informe de la OIT”. “Nos están escuchando, hay cosas de trámites que se están resolviendo, pero públicamente no ha aceptado las recomendaciones”, apunta en entrevista a Crónica.Uno. 

La organización laboral creó en junio el Sistema Integrado de Seguimiento y Observación Sindical (Sisos). Un boletín en el que documentan las recomendaciones de la OIT. Además, León señala que es una forma de brindar información. 

“Es una herramienta para los trabajadores, para estar informados, ya con el combustible tenemos problemas y también con la conectividad, eso hace difícil la comunicación con los trabajadores. La gente no cree en el diálogo porque no lo ve en el bolsillo, en la nevera. La gente cree que se debe cumplir con un programa de alimentación, de medicinas, hasta que no se vean cosas concretas, que generen un poco de esperanza, la gente seguirá desmotivada”, indica.  

La OIT estableció una comisión compuesta por tres miembros independientes en marzo de 2018 en respuesta a una queja presentada en junio de 2015 por 33 delegados empleadores de Venezuela en la Conferencia Internacional del Trabajo. Las recomendaciones del organismo plantearon la necesidad de “tomar las medidas necesarias para asegurar la existencia de un clima desprovisto de violencia, amenazas, persecución, estigmatización, intimidación u otra forma de agresión” hacia los trabajadores y organizaciones empresariales.

La crisis económica, hiperinflación y deterioro de los salarios, fueron algunas de las razones que provocaron una migración masiva de venezolanos hacia países vecinos, pero además, internamente aumentó la búsqueda de trabajos por cuenta propia debido a los bajos salarios. La pandemia por COVID-19 empeoró las condiciones.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) señala en su más reciente informe que la vacunación “es extremadamente desigual entre los países de la región”. Por ejemplo, en el caso de Venezuela la población vacunada es de 0,8 %, a diferencia de Chile, con 55,9 % de su población; Uruguay, con 50,8 %; Colombia (14,6 %), Cuba (13,8 %) y Guatemala (0,9 %), entre otros. El único país por debajo de Venezuela al 4 de julio era Honduras, con 0,6 % de vacunados.

Leida Marcela León explica que en el país “el proceso de vacunación es muy lento”. “No hay protocolos claros, tuvimos una luz cuando se incorporó la Academia de Medicina a la mesa técnica, pero ahora parece que ya no forma parte. A nosotros nos preocupó mucho que cuando empezó la pandemia, esto lo llevara una instancia política y no instancia de salud, es preocupante porque es la vida, la salud”.

Agrega que en más de un año en pandemia observan mucha desinformación entre los trabajadores sobre los protocolos de bioseguridad y las medidas que deben tomar para cuidarse del coronavirus. “Hemos tenido trabajadores fallecidos por ponerse la vacuna, por ejemplo, lo vacunaron en la mañana y en la tarde tuvo un colapso, no es que sea por la vacuna, es por la desinformación, pues antes de vacunarse la persona debe saber si tiene alguna enfermedad, si tiene covid. Por eso hemos pedido protocolos de bioseguridad y de información en los puestos de trabajo. Nosotros hemos hecho boletines para darle a los trabajadores información de la OPS”, dice.

La presidenta de ASI Venezuela indica que el número de trabajadores vacunados estiman que no llega ni al 1,5 %. “Es muy bajo. Lo vemos sobre todo en el sector de los obreros. Los obreros de todas las escuelas del país, que son de limpieza, no han sido vacunados y no tienen ni siquiera tapabocas. El sector salud es el que más sale a la luz, pero también los trabajadores de transporte son prioridad porque trasladan lo poco o mucho que hay, no tenemos reporte ni siquiera de un trabajador de transporte vacunado”. 

En febrero de este año el gobierno se acercó a los trabajadores y los reunió, como un primer paso entre las recomendaciones de la OIT. León cuenta que asistieron a tres reuniones de diálogo bipartito y que llegaron hasta la fase de hacer una programación. Luego en mayo el Ministerio de Trabajo instaló el gran encuentro nacional tripartito que se llevó a cabo en línea, durante seis semanas las organizaciones expusieron problemas y soluciones para superar la crisis. 

ASI Venezuela agrega que propusieron que además de las tres mesas de discusión que se instalarán en agosto se crearan mesas de emergencia para atender temas como la vacunación, salarios y protocolos de bioseguridad. Hasta ahora no han obtenido respuesta. No obstante, León expresa que “lo importante” es que las autoridades decidieron instalar las mesas “después de 22 años que no había diálogo”. 

El primer boletín de Sisos recoge que, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas, la población económicamente activa es de 14 millones de personas aproximadamente. Un 56 % está en trabajo formal y un 43,9 % en el sector informal. El salario mínimo vigente es de Bs. 7 millones ($2,1) y el bono de alimentación es de Bs. 3 millones ($0,93). Un estudio del Observatorio Venezolano de Finanzas y el apoyo de Anova Policy Research estima que el salario promedio en el sector privado es de $70,1, mientras que en el público es de $4,7. La canasta alimentaria supera los $250 en varias mediciones locales.

La central de trabajadores evalúa que una de las vías para recuperar el salario de los trabajadores es hacerlo por regiones. Por ejemplo, que donde haya industrias, como en Carabobo, los salarios varíen de acuerdo con las oportunidades que ofrezca cada localidad.

A pesar de que los salarios siguen siendo bajos, y es uno de los temas pendientes que aspiran a debatir en agosto, los trabajadores han conseguido algunos avances, luego de que el Ministerio del Trabajo eliminara en abril de este año la aplicación del Memorándum 2792, que frenaba que los convenios colectivos y los tabuladores, fueran actualizados. ”Son resultados producto del diálogo bipartito, ese memorándum suspendía por mucho tiempo los tabuladores de los contratos colectivos”, explica León. Sin embargo, señala que aún organizaciones del sector público se lo siguen aplicando, algo que esperan quede sin efecto tras la decisión del Ministerio.

Los trabajadores también aspiran en agosto a que se les escuche cuando piden llevar a cabo elecciones autónomas en los sindicatos sin intervención del Consejo Nacional Electoral.