La violencia en Bolívar parece no tener control por parte de los cuerpos de seguridad. Incluso, en un alto porcentaje estos hasta se ven involucrados en casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzosas. Pobladores aseguran que la inacción de los organismos del Estado contribuye a la proliferación de la violencia.
Jhoalys Siverio @jhoalys
Puerto Ordaz. Bolívar no solo es el tercer estado más violento del país, según el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), los municipios mineros El Callao, Sifontes y Roscio figuran entre los cinco con más muertes violentas en 2021.
Son precisamente en estas zonas donde parece no haber control de la violencia. La tasa de homicidios en la entidad sureña es de 18,9 por cada 100.000 habitantes, cifra que supera el registro global de Brasil, según una recopilación de Insight Crime. Los victimarios son desde delincuentes comunes, hasta un familiar o conocido de la víctima. Pero también se ven implicados funcionarios policiales o militares, y grupos irregulares armados.
Ante la falta de control por parte de las autoridades, la coordinadora del OVV Bolívar, Eumelis Moya, sostuvo que “lo irregular se ha ido naturalizando”.
Parte de ello es la impunidad. 22,1 de las muertes por cada 100.000 habitantes se califican en averiguación. Ni siquiera se identifica al posible o posibles responsables, y en la mayoría de los casos, estos quedan sin justicia.
La violencia en Bolívar tampoco está exenta de las ejecuciones extrajudiciales, maquilladas en minutas policiales o militares como “resistencia a la autoridad”, incluso supuestos enfrentamientos.
La Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu) contabilizó al menos 74 ejecuciones extrajudiciales en Bolívar durante 2021. El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) aparecen como los principales victimarios según la organización.
Sin control
¿Esta falta de control es por complicidad de las autoridades? La apreciación de Moya con respecto al alto índice de violencia en Bolívar es que resulta incomprensible que para llegar a municipios del sur, como Gran Sabana, hay que pasar hasta por 20 puntos de control.
En esas alcabalas el ciudadano común es víctima de extorsión. Llevar una pimpina de 20 litros de gasolina, porque en esas zonas el desabastecimiento es mayor, es un riesgo de detención. A veces hasta piden parte de los alimentos que llevan a cambio de dejarlos pasar.
Sin embargo, Moya observa que los grupos vinculados a redes de tráfico de personas pueden circular libremente. Desde San Martín de Turumbán, cerca de la zona en reclamación, cruzan a personas hasta Guyana para prostituirlas. “Hay un tema de negligencia y omisión”, sostuvo Moya.
A esto se suma que instancias como la Fiscalía, el Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, no tengan recursos para atender la alta demanda de denuncias. La opacidad en cifras oficiales solo agrava el problema al no establecer un plan de atención y acción para disminuir los casos.
La naturalización de la violencia en Bolívar igual pasa por quienes se resisten a hacer su denuncia. Esto por la desconfianza en las instituciones, por amenazas de sus victimarios o por desconocimiento de los procedimientos legales a los que pueden recurrir.
Cuando nos entrevistamos con pobladores, dicen que con sucesos como las cabezas encontradas en El Callao o el lanzamiento de granadas, es difícil denunciar. Dicen que se comunican esas situaciones cuando involucran a cuerpos de seguridad del Estado, pero que para ellos es una cotidianidad”, reveló la coordinadora del OVV Bolívar.
Estado paralelo
La anomia en la entidad llega al punto de que se formó un Estado paralelo con los grupos irregulares a la cabeza.
Se mantienen las reglas de estos grupos, se mantiene la seguridad. Aquí nadie roba porque el que incumpla esa ley, se atiene a las consecuencias”, coincide un poblador de Tumeremo.
En estas zonas del Arco Minero del Orinoco, el oro se convirtió en la principal moneda de pago, incluso por encima del dólar. Poco se maneja el bolívar. Las personas transitan con gramas de oro, celulares en mano y demás pertenencias sin temor a que los roben.
Cuando roban, los acusan con el pranato. Después aparecen muertos o les cortan las manos. Por lo general, todas las muertes son pases de facturas, alguien que se comió la luz”, agrega el poblador.
El Arco Minero del Orinoco también incide en la violencia en Bolívar, en la forma en que exponen a niños, niñas y adolescentes a la explotación laboral y sexual.
A los niños y adolescentes, por su contextura delgada en la mayoría de los casos, los usan para ingresar a los túneles que se excavan en los yacimientos. Estos suelen ser angostos y es de más fácil acceso para una persona delgada que robusta.
Las niñas, adolescentes y mujeres se someten a la explotación sexual. Algunas a conciencia, como una medida de supervivencia, otras bajo coacción. Los mineros no son los únicos que recurren a esos “servicios”, habitantes de El Callao y Tumeremo aseguran que militares son conscientes de la prostitución y “sacian sus ganas. A ellas no les queda más remedio porque con el que se nieguen les puede pasar algo”.
Más educación
La Asamblea Nacional de mayoría oficialista discute actualmente una modificación de la Ley a una vida de libre violencia contra la mujer. Para Moya, el texto es bastante explícito en cuanto a tipos de delitos, víctimas, victimarios e instituciones.
“La tarea es un tema de educación con órganos de recepción para que dejen de imprimir un tono personal a la denuncia de la víctima. Que si una mamá denuncia la desaparición de su hija, no le digan que eso es seguro que está con el novio y ya. Que no haya una revictimización. Que puedan dar orientación y los mecanismos. También se trata de educar a las personas, porque todavía hay un número significativo de la población que no identifica dinámicas de violencia”, puntualizó.
