El director de la ONG Foro Penal, Gonzalo Himiob, advierte que la investigación abierta por el Fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Kahn, contra Venezuela, puede extenderse en el tiempo, por lo que hay que mantenerse firmes para contrarrestar las acciones dilatorias por parte del gobierno de Nicolás Maduro
El miércoles tres de noviembre, el Fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Kahn, dio a conocer su decisión de pasar a fase de investigación el caso Venezuela I que maneja el despacho a su cargo desde hace tres años cuando comenzó el examen preliminar; lo hizo en el propio Palacio de Miraflores y acompañado por el propio mandatario venezolano, Nicolás Maduro.
El anuncio de Kahn sorprendió a muchos que observaban que el Fiscal tardaba en pronunciarse sobre un caso sobre el cual su antecesora en el cargo, Fatouh Bensouda, ya había sacado unas conclusiones que no se hicieron públicas, pero que se asumían conducirían a abrir una investigación a Venezuela por crímenes de lesa humanidad.
Junto a Nicolás Maduro, cuya gestión ha sido acusada por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los DDHH, Michelle Bachelet, de violación sistemática de los DDHH, y por la Misión de Determinación de Hechos de la ONU, de cometer crímenes de lesa humanidad, Karim Kahn suscribió un memorando de entendimiento mediante el cual el gobierno venezolano se compromete a adoptar las medidas necesarias para asegurar la efectiva administración de justicia, con el apoyo y participación activa de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.
El Ejecutivo venezolano intentó presentar los hechos como un reconocimiento por parte del Fiscal de la CPI a que la investigación se realizará en Venezuela y por parte de las instituciones venezolanas, atendiendo al principio de la complementariedad; sin embargo, la potestad de la investigación reposa en el despacho dirigido por Kahn, quien evaluará si el desempeño de la justicia local puede dar cumplimiento a los principios de la Corte.
Para el director de la ONG Foro Penal, Gonzalo Himiob, Venezuela no cuenta con un sistema de justicia, ni con un andamiaje legal que permita investigar y procesar según los preceptos internacionales, a presuntos responsables de la comisión de crímenes de lesa humanidad, y recuerda que, aunque el proceso puede extenderse en el tiempo, la tutela corresponde al fiscal Kahn y, en última instancia, a las personas interesadas en llevar los casos investigados hasta sus últimas consecuencias, es decir, las víctimas y familiares de víctimas de crímenes contra la humanidad.
Estima Gonzalo Himiob, que la decisión del fiscal Kahn revela que Venezuela, hasta el momento, no cuenta con la posibilidad de hacer justicia sobre los delitos presentados ante el organismo.
“Es un momento histórico para el país y para Latinoamérica; es la primera vez que se inicia formalmente una investigación por crímenes de lesa humanidad en la región. Es un hito histórico no solo para los venezolanos sino para el propio Tribunal Penal Internacional (TPI) y la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional (TPI)”, expresó en entrevista concedida horas después del anuncio de la apertura de una investigación contra Venezuela.
A juicio de Himiob, el hecho es consecuencia del esfuerzo continuo durante muchos años por parte de las víctimas, las ONG de DDHH y la sociedad civil, que han registrado y reportado continuamente lo que ha venido pasando en Venezuela.
Sostiene que la Carta Compromiso suscrita entre Nicolás Maduro y Karim Kahn hay que tomarla como lo que realmente es, “una notificación formal” por parte del TPI al gobierno de Venezuela, con lo cual se está abriendo formalmente esta investigación y se están estableciendo unos parámetros con los cuales se va a adelantar dicha investigación, la cual requiere de Venezuela, como Estado parte del Estatuto de Roma, la máxima colaboración.
“Más allá de las florituras con las que el gobierno ha querido adornar lo que pasó, la realidad material que tenemos es que finalizó el examen preliminar en la situación Venezuela I; eso lo dice textualmente la Carta Compromiso, y se inició la investigación formal por la comisión de crímenes de lesa humanidad y se definieron cuáles van a ser las pautas de cooperación entre el Estado parte y la Fiscalía del TPI.
No obstante, Gonzalo Himiob afirmó que, aunque es algo que los venezolanos deben celebrar, se deben manejar las expectativas con racionalidad.
“Se está comenzando la investigación, todavía no están definidos cuáles van a ser los hechos, los casos específicos; tampoco están definidas las víctimas que abarcará esta investigación de manera inicial, ni quiénes van a ser considerados inicialmente como perpetradores. Todavía hay mucha tela que cortar y mucho trabajo por hacer”, advirtió.
Para Gonzalo Himiob las condiciones no están dadas para aplicar justicia local
—En el acto de la firma del memorando se hizo mucho énfasis en el principio de complementariedad y la actitud del gobierno ha sido la de intentar demostrar que aquí en Venezuela se pueden realizar las investigaciones y los procesos respectivos para este tipo de delitos. ¿Cree que se puede concretar que las investigaciones se hagan en Venezuela solamente o hará falta la acción y el enjuiciamiento por parte de la CPI?
—Con toda la objetividad hay que decir que, dentro de lo que pauta el Estatuto de Roma, esta posibilidad siempre va a estar abierta. El artículo 53, numeral cuarto, dice con claridad que el Fiscal eventualmente podría reconsiderar su decisión de iniciar una investigación si surgen elementos que le permitan valorar o verificar que se ha producido un cambio que haga innecesaria su intervención. Entiendo, y esos son los testimonios y declaraciones desde el poder, que hacia allí van orientados los tiros del poder; que va a seguir insistiendo en decir que en Venezuela se puede hacer justicia en relación a graves violaciones a DDHH y crímenes de lesa humanidad y que en consecuencia es innecesaria la intervención de la justicia penal internacional.
“Sin embargo -continúa- lo que dice el fiscal y está en la carta compromiso, es que en Venezuela esas condiciones no están dadas, lo dice con meridiana claridad y dice que, en consecuencia, se abre la investigación”.
El abogado hace énfasis al expresar que es evidente que quien pueda ser señalado como perpetrador de crímenes de lesa humanidad va a hacer todo lo posible para substraerse de la justicia penal internacional y tratar de traer esos casos a la justicia local para intentar controlar los procesos, pero eso no quiere decir que el perpetrador vaya a tener éxito ni quiere decir que eso cambia por sí mismo las condiciones que están siendo valoradas para el inicio de la investigación.
“Lo fáctico es que, desde la perspectiva internacional, se tiene claro que en Venezuela no están dadas las condiciones estructurales ni existe la voluntad genuina de investigar crímenes de lesa humanidad y por eso es que sale al paso el fiscal ante el TPI”, asegura Gonzalo Himiob.
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—Qué paso tendría que dar el gobierno de Nicolás Maduro o el sistema de justicia venezolano para demostrar que en Venezuela se estaría aplicando la justicia?
—En primer término, una reestructuración completa del Poder Judicial, que llevaría muchísimo tiempo; una reestructuración en la que se decidiese a designar a jueces objetivos, imparciales, preparados y dispuestos a investigar estos hechos, no solo hasta sus últimas consecuencias, sino hasta sus últimos responsables y que no quede únicamente en los subalternos, en los autores materiales, sino yendo mucho más allá, a quienes pueden ser declarados responsables en todos los niveles de la cadena de mando; eso sería un primer paso.
Asegura Himiob que el segundo paso tiene que ver con una reforma legislativa. “En Venezuela no contamos al día de hoy con un marco legislativo que permita el enjuiciamiento por crímenes competencia del Tribunal Penal Internacional como lo son los crímenes de lesa humanidad. Eso no existe al día de hoy en nuestro país. Nuestro Código Penal no prevé dentro de su catálogo de delitos los de lesa humanidad, entonces habría que reformar la legislación para que se incluyesen esos crímenes, se les asignen las penas correspondientes y se determinen cuáles van a ser las modalidades de procedimiento, de procesamiento”.
Agrega que, por otro lado, ninguna capitulación de la justicia internacional ante la justicia nacional puede pasar por encima de las víctimas, que al final tienen la última palabra sobre en qué escenario de justicia quieren que se ventilen sus casos. “Si piensan (las víctimas) que en Venezuela, más allá de las reformas que se hagan, si es que se hacen, no se les garantiza objetividad, imparcialidad, no repetición y reparación de los daños que han sufrido, pueden perfectamente seguir con esto y reclamarle al Fiscal que no cierre la investigación internacional porque tienen más que sobradas razones para desconfiar de la justicia nacional”.
Efecto disuasivo
—¿Cómo puede afectar a las autoridades el inicio de esta investigación? ¿De acuerdo a otros casos parecidos, cree que esto mueve algo a lo interno del gobierno?
—En este primer momento, desde el punto de vista formal, la afectación sigue siendo mínima. Todavía no hay perpetradores o potenciales perpetradores señalados e identificados específicamente; empieza el camino para decidir cuál va a ser el alcance de la investigación, para ver cuál va a ser el universo de víctimas y de posibles perpetradores. Todavía el poder no tiene de qué preocuparse desde el punto de vista formal; sin embargo, el estar bajo la lupa de una investigación formal ante el Tribunal Penal Internacional tiene que generar, entre quienes ejecutan los crímenes que van a ser objeto de consideración en esa investigación, un efecto disuasivo.
Explica Gonzalo Himiob que la persona que ha cometido esos crímenes, al ver que ahora sí está sujeto a una investigación de una instancia internacional, que además no controla, evidente y lógicamente puede inhibirse de seguir cometiendo estos crímenes. “Habría que ver qué es lo que pasa, pero pareciera ser que es una posibilidad”, indica.
Precisa que, en cuanto a otros casos similares, cada uno es diferente, tiene sus particularidades y en las investigaciones que se han podido revisar y en donde se ha hecho cesar el examen preliminar, se ha evidenciado que a cada situación se le ha respondido de manera distinta.
“Por eso no me atrevo a ser pitoniso sobre lo que va a pasar, pero veo lógico pensar que pudiera haber un intento continuo por parte del poder de demostrar que esos crímenes ya no se están cometiendo y, más allá de eso, debe haber una iniciativa concreta del poder para tratar de demostrar de manera irreal, ficticia que los hechos que están siendo investigados sí pueden ser juzgados en Venezuela. Creo que lo más inmediato que vamos a ver son esos dos escenarios”, sostiene.
—¿Tiene Venezuela algún límite de tiempo para realizar juicios o adelantar las investigaciones?
-Límites de tiempo como tal no existen. La investigación puede durar de manera indefinida. Son muchos los temas a considerar, muchas las normas que hay que respetar, y hay que ser sumamente minucioso en estos casos y muy acucioso en el levantamiento de las evidencias, pero esto puede durar tiempo, e incluso no sería de extrañarse que esta extensión en el tiempo de la investigación sea utilizada por el poder para, sirviéndose de eso, tratar de demostrar que la situación en Venezuela es distinta a la que tenemos el día de hoy.
Considera Gonzalo Himiob que tal estrategia es parte de lo previsible y no tiene por qué asombrar porque es parte de lo que regularmente pasa en estos procesos.
“Lo que pasa es que estamos tan poco acostumbrados a lidiar con nuestro tema jurídico en una instancia que sea objetiva e imparcial que nos parece que todo lo que haga el gobierno está mal cuando en realidad tiene derecho a defenderse y presentar sus alegatos y, evidentemente, las víctimas también tienen derecho a contrarrestar esos alegatos, pero eso se está haciendo ante una instancia que no está sujeta al poder en Venezuela y por eso tiene objetividad e imparcialidad”.
Posible avance con rapidez
—¿Cuánto podría tardar esta investigación? En Colombia tardó casi dos décadas
—No tiene tiempos asignados. Lo que duró 17 años en Colombia fue el examen preliminar y el de Venezuela duró cuatro años. Es muy arriesgado comparar situaciones entre países, porque se manejan de manera muy diferente. Creo que el hecho de que el examen preliminar de Venezuela haya durado ese tiempo corto para los parámetros internacionales, lo que apunta es a que en estos momentos se cuenta con información suficiente como para que la investigación avance con relativa rapidez, pero eso no depende de las víctimas ni de las ONG, sino del Fiscal. Hay que tener paciencia y plegarse a lo que él vaya adelantando en relación a la investigación.
Advierte que es de esperarse que el gobierno de Venezuela, “interesado como está en que la Corte no se active” va a interponer cualquier cantidad de acciones dilatorias, pero que lo que hay que hacer es contrarrestar esas acciones y tener la entereza suficiente para mantenerse en el trabajo de registro y captación de evidencias para que estas sean procesadas por la Fiscalía de la CPI.
—El gobierno y el fiscal Tarek William Saab afirmaron que no existen elementos para abrir la investigación. Nicolás Maduro afirmó que estaba en desacuerdo con la decisión del fiscal Karim Kahn. ¿Qué opinión le merece esa posición?
—Lo que están adelantando es cuál va a ser su jugada en estos momentos. Van a plantear probablemente ante la Sala de Cuestiones Preliminares un reclamo porque de acuerdo a ellos el examen preliminar no se adelantó como debía serlo. Esa incidencia será resuelta por la Sala de Cuestiones Preliminares del Tribunal Penal Internacional. Lo que quiero destacar es que cuando revisas el Estatuto de Roma de la CPI no hay recursos que se puedan interponer a la decisión de abrir una investigación. Los recursos existen es contra la decisión de no abrir la investigación. Por eso veo muy cuesta arriba que esa postura del poder vaya a prosperar, pero sirve como mecanismo dilatorio mientras trata de ordenar la casa, de arreglar las cosas en Venezuela al menos para que parezca que en Venezuela hay posibilidad de hacer justicia.
—¿Qué pueden esperar las víctimas de esta investigación?
—El mensaje es muy positivo, que la justicia no es una utopía, un sueño irrealizable, sino una posibilidad real. Lo que hizo el fiscal Karim Kahn frente a los representantes del poder en Venezuela es un mensaje muy claro, que la justicia es posible y que vale la pena seguir luchando por ella. Hay que decir a las víctimas que hay que manejar las expectativas con mucho cuidado porque los tiempos de la justicia internacional no son los que a uno le gustaría que fueran, demoran bastante tiempo y pueden ocasionar desesperanza, y es importante que se sepa que no todos los casos van a llegar a una imputación formal, no van a pasar a fases ulteriores del proceso.
Detalla que lo que debe estar haciendo el señor Kahn en este momento es determinar cuáles son los casos que tienen más posibilidades de éxito desde el punto de vista judicial para llevar adelante los mismos.
Además, señala que esto no quiere decir que el Fiscal esté siendo selectivo de manera negativa, pero sí que no todas las situaciones ni todos los responsables van a ser llevados juicio o a fases posteriores del proceso.
“Algunas personas van a sentir que no se les está representando, pero esto depende de muchas cosas, como la gravedad del caso, la posibilidad probatoria, del compromiso mismo de la víctima con su causa, de muchísimas variables, y eso es lo que se va empezar a pesar en estos momentos. El mensaje a las víctimas es de esperanza, que la justicia sí es posible, pero que hay que tomar esto con racionalidad, porque los tiempos no son los que uno esperaría y hay que ser muy honestos y tener en cuenta que no todos los casos van a llegar a la justicia penal internacional.
—¿Qué casos considera usted que tendrían más probabilidad de ser probados?
—Es muy aventurado decir eso ahora. En mi criterio todos los casos que se han registrado y han sido llevados como información ante la Fiscalía tienen un sustento probatorio bastante sólido, te puedo decir que en primera instancia se está investigando desde 2017 en adelante y se ha sido muy explícito, sobre todo la Comisión de Determinación de los Hechos, de que va a abordar detenciones arbitrarias por motivos políticos, torturas y tratos crueles, casos de agresiones sexuales en el contexto de la agresión política, y desaparición forzadas de personas. No se ha querido meter con las ejecuciones extrajudiciales ni con los asesinatos, por lo menos por ahora. No quiere decir que eso no pueden llegar a ser considerados, pero por lo menos en esta primera instancia estaremos circunscritos a esos hechos.
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