En los últimos diez años, el gobierno de Nicolás Maduro reportó más de 1.994 detenciones y 12.885 acusaciones contra funcionarios públicos por corrupción. Solo entre 2017 y 2022 registró 5.757 acusaciones, es decir, 44,68% del total anunciado en el período. Transparencia Venezuela calcula que desde 1999, con la «era revolucionaria» de Hugo Chávez, a 2023 con Nicolás Maduro, al menos 220 casos de desfalco al patrimonio público han sido anunciados. Precisa que solo se conoce la cantidad de dinero comprometida en 61% de las causas registradas: 68.311 millones de dólares
Desde que sucedió en el poder a Hugo Chávez, en marzo de 2013, Nicolás Maduro no ha sacado la corrupción administrativa de su gestión, aunque por 10 años ha mantenido el discurso de «lucha implacable» contra este delito. En el mismo período de 2013 a 2023, el Ministerio Público (MP) reportó más de 1.994 detenciones y 12.885 acusaciones contra funcionarios públicos por este motivo, según cifras de balances anuales e intervenciones del fiscal Tarek William Saab y su antecesora Luisa Ortega Díaz en medios de comunicación.
De la última década, los años 2014, 2015, 2017, 2018, 2022 y este 2023 han sido en los que más nombres de funcionarios pertenecientes a la llamada «revolución» han protagonizado grandes escándalos de corrupción. Los momentos en los que las corruptelas han salido a la luz coinciden con contextos pre y postelectorales y de conflictividad social.
Entre 2017 y 2022 se realizaron siete procesos de elecciones, entre regionales, municipales, parlamentarias, de la asamblea constituyente y presidenciales. En ese período el MP reportó 5.757 acusaciones contra funcionarios por hechos de corrupción, es decir 44,68% del total anunciado en la última década.
En 10 años la corrupción chavista se pinta por miles. Las irregularidades administrativas han salpicado a la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), pero también han llegado a ministerios, gobernaciones, alcaldías y diputaciones. Sobre las detenciones por estos delitos hay pocos detalles, tanto Saab como Ortega Díaz en su momento ofrecieron informes de gestión escuetos.
Las cifras compartidas los años 2013 (383), 2014 (777), 2016 (400 solo en los primeros cuatro meses) y 2017 (100) permiten calcular que se han producido 1.660 aprehensiones a funcionarios públicos por corrupción. Aunque la cifra se acerca a la estimación de los últimos 10 años le faltan números a ese dato debido a la opacidad de las autoridades.
Desde el Ministerio Público no se precisó cuántas detenciones se hicieron en 2016, tampoco se dieron cifras exactas de las detenciones por estos delitos entre 2018 y 2022. En los informes de gestión cargados en la web del Ministerio Público no se dan detalles de este punto.
Representantes sindicales, dirigentes políticos, expertos petroleros y de otras áreas han denunciado que desde la llegada del chavismo al poder, para ejercer altos cargos en empresas e instituciones del Estado, es necesario cumplir con un requisito: ser afecto a las políticas del gobierno.
En 2013, la entonces fiscal Luisa Ortega Díaz aseguró que su gestión tenía en la mira a los llamados corruptos de «cuello blanco». En una entrevista publicada en el portal del Ministerio de Comunicación e Información señaló que «en los últimos años hubo funcionarios de alto rango enjuiciados: militares, gobernadores, alcaldes, diputados, magistrados. Lo que pasa es que casi siempre estas personas han obtenido tal cantidad de recursos ilícitos que se sustraen de la justicia, se escapan».
«Otro dato interesante es que en toda la gestión han sido condenadas 1.664 personas por admisión de los hechos, es decir, que no se llegó a la etapa final del juicio, sino que el imputado admitió que había delinquido. Es cierto que existe una diferencia grande entre los casos presentados y las condenas, pero hay que tomar en cuenta que en este campo se producen muchas denuncias irresponsables, por rivalidades o rencillas personales. Este tipo de denuncias tienen que ser descartadas porque tampoco se trata de condenar automáticamente a todo aquel que sea denunciado», explicó Ortega Díaz.
Lo que se embolsilló la corrupción
A punto de cumplir 10 años, el Sistema Nacional Anticorrupción, creado por el gobierno de Nicolás Maduro, no ha evitado que al oficialismo se le vean las costuras. En 2013 Venezuela estaba entre los 15 países del mundo con mayor percepción de corrupción, según el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional.
Al cierre de 2022, de acuerdo con el mismo indicador el país permanece entre los tres países con mayor percepción de este delito (puesto 177 de 180 naciones evaluadas).
El año 2023 arrancó con nuevos escándalos de corrupción. El 17 de marzo comenzó a ejecutarse una nueva purga por tramas ilícitas alrededor de la estatal Pdvsa, la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip), la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), Cartones de Venezuela (Cartoven) y hasta del Poder Judicial, que hasta finales de abril se tradujo en más de 60 detenciones, todas de funcionarios de la cúpula oficialista.
Hugbel Roa (PSUV), diputado de la Asamblea Nacional (AN) del 2020; Joselit Ramírez, jefe de la Sunacrip; Rafael Isea (PSUV), exgobernador del estado Aragua, Eulogio del Pino, exministro de Petróleo; Rafael Ramírez, exministro de Petróleo y expresidente de Pdvsa; Eugenia Sader Castellanos, exministra de Salud acusada de desviar más de $1.500 millones de dólares; Luis Gallardo, exgobernador de Guárico; Hebert García Plaza, exministro de Alimentación; Ramón Martínez, exgobernador de Sucre, son algunos de los nombres de funcionarios que a lo largo de la última década han sido acusados de corrupción, no sin antes haberse dado unos cuantos golpes de pecho en favor de la llamada «revolución».
De acuerdo con Transparencia Venezuela, desde 1999 con la «era revolucionaria» de Hugo Chávez a 2023, con Nicolás Maduro, al menos 220 casos de desfalco al patrimonio público venezolano han sido anunciados por órganos del sistema de justicia.
La organización no gubernamental señala que solo se conoce la cantidad de dinero comprometida en 61% de las causas registradas, que asciende a 68.311 millones de dólares, un monto siete veces mayor a las reservas internacionales del país, estimadas en $9.532 millones para marzo de 2023, de acuerdo con cifras del Banco Central de Venezuela (BCV).
El inventario realizado incluye investigaciones efectuadas por órganos de control, parlamentos, policías de investigación, fiscalías o tribunales en 16 países, incluido Venezuela.
Mientras Transparencia Venezuela registró 127 casos de corrupción alrededor de Pdvsa, las autoridades venezolanas solo reportaron 74. Las indagaciones fueron iniciadas por el Ministerio Público, la Contraloría General de la República o la Asamblea Nacional. Pese a los anuncios de voceros del Estados sobre detenciones y acusaciones, es escasa la información sobre el estatus de los casos o de alguna condena.
En 2018, el fiscal Tarek William Saab detalló que ese año las averiguaciones anticorrupción dentro de la industria petrolera se iniciaron luego de que se descubrieran unos contratos en la Faja Petrolífera del Orinoco con sobrevaloración de 230% para efectuar obras que nunca se ejecutaron. Detalló que las indagaciones determinaron que el sobreprecio estimado fue de $250 millones.
Se refirió también Saab a la trama de corrupción de Petrozamora, que generó una pérdida de 15 millones de barriles de crudo entre los años 2015 y 2017, lo que representa un daño patrimonial de $500 millones. Por este hecho fueron apresados 17 funcionarios, entre ellos el exministro de Petróleo, Eulogio Del Pino; el presidente de la CVP, Orlando Chacín, y los directivos de la División Occidente, Gustavo Malavé, Juan Carrillo y Juan Carlos Barreto, entre otros.
Los que se daban golpes de pecho
De acuerdo a reportes del Ministerio Público y la Contraloría, en la mayoría de los casos se registraron violaciones a la Ley de Contrataciones Públicas, tales como evasión de procedimientos licitatorios, concierto de funcionarios con contratistas, adjudicación de contratos a empresas fantasmas, incumplimiento de contratos, ausencia de documentos o expedientes y sobreprecios, entre otros.
Agregó la ONG en su informe Un historial de casos de corrupción en Pdvsa que «por los menos 25 (casos) se vincularon con el delito de peculado dentro de la industria. También se han registrado casos en los que se evidencia que funcionarios o empresarios vinculados con Pdvsa presuntamente incurrieron en delitos de tipo cambiario, obstrucción a la libertad de comercio, contrabando, extorsión, alteración o uso ilegal de los sistemas de información, tráfico ilícito de material estratégico e incluso tráfico de drogas en vehículos propiedad de Pdvsa».
En un supuesto intento por frenar la corrupción, el 27 de abril de 2023, la AN que preside el PSUV sancionó la Ley Orgánica de Extinción de Dominio, que permite transferir al Estado la titularidad de los bienes que sean derivados de actividades ilícitas cometidas o no por un funcionario público.
Además, el parlamento oficialista aprobó la conformación de una comisión especial para revisar todas las leyes relacionadas con la lucha contra la corrupción y hacerlas más eficientes.
Jorge Rodríguez (PSUV), presidente de la AN, dijo que la medida busca evitar que «la impunidad sea la moneda de uso de personas del sector privado». En un intento de disimular el golpe que produjo la detención de varios de sus compañeros de partido, también expresó que «no solo los funcionarios públicos caen en la corrupción».
A partir de la premisa del parlamentario, TalCual recuerda los casos que evidencian que ni el PSUV ni Maduro han sacado la corrupción de sus filas.
TalCual Digital
, pero también han llegado a ministerios, gobernaciones, alcaldías y diputaciones. Sobre las detenciones por estos delitos hay pocos detalles, tanto Saab como Ortega Díaz en su momento ofrecieron informes de gestión escuetos){kind=link}