La Corte Penal Internacional dejó claro que la calidad de la información enviada por la fiscalía de Venezuela «es muy deficiente, no siguen metodología y comparten pocos documentos oficiales»
El especialista en Derecho Internacional, Mariano de Alba, se pronunció sobre la decisión del fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, de pedir una autorización a la Fiscalía de la corte para reanudar la investigación sobre el caso Venezuela.
A través de su cuenta en Twitter, de Alba comentó que el proceso de la CPI es un importante obstáculo para el gobierno de Maduro. Sin embargo, adelantó que es poco probable que la Corte emita una orden de captura o comparecencia antes de 2025.
La solicitud del fiscal de la CPI surge después de seis meses que el gobierno de Nicolás Maduro solicitara su diferimiento en abril de 2022, lo que según De Alba, demuestra que la investigación no se encuentra entre las prioridades de la Fiscalía por fallas de presupuesto y personal, y que la Fiscalía no tiene capacidad para avanzar rápido.
De Alba señaló que la determinación final sobre si la investigación continuará corresponde a la Sala de Cuestiones Preliminares, la cual todavía podría tardar meses en llegar a una decisión que luego podría ser apelada por el gobierno o la Fiscalía, lo que generaría más retrasos.
Un punto que resalta el experto en Derecho y que destacó el informe de la CPI es que aunque la Fiscalía venezolana sigue enviando información a la Corte (última comunicación fue apenas el 18OCT2022), la Fiscalía de la CPI dejó claro que «la calidad de la información es muy deficiente, revelando que no siguen metodología y comparten pocos documentos oficiales».
«La Fiscalía considera que investigación debe continuar porque autoridades en Venezuela no han investigado los patrones y políticas de Estado que permiten la comisión de crímenes graves, y las investigaciones han excluido a funcionarios de rango medio y alto», señaló Mariano de Alba.
Según el abogado, los datos más relevantes que reveló el informe de la CPI es que de los 893 casos identificados, 67.86% siguen en etapa preliminar de investigación, en 85.55% no hay ni siquiera un sospechoso y solo se han investigado dos casos de violencia sexual, aunque hay más de 100 víctimas.
investigado dos casos de violencia sexual, aunque hay más de 100 víctimas.
Reformas son insuficientes
arim Khan, fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), pidió este martes, 1 de noviembre, una autorización a la Fiscalía de la corte para reanudar la investigación sobre Venezuela.
En un comunicado que publicó la web de la CPI, Khan indicó que concluyó que el aplazamiento de la investigación, solicitada por el gobierno de Nicolás Maduro, «no está autorizado» en esta etapa.
Durante la revisión de la información, la oficina del fiscal de la CPI tomó «nota de los considerables esfuerzos realizados por el Gobierno de Venezuela para compartir información sobre sus procedimientos».
«Mi oficina también reconoce y se siente alentado por el hecho de que las autoridades venezolanas han emprendido una serie de reformas legales que apuntan a abordar una serie de problemas estructurales y sistémicos», agregó.
En ese sentido, consideró que si todos esos esfuerzos se implementan de forma adecuada, «ofrecer un margen para la esperanza y el cambio».
«No obstante, en la actualidad, la evaluación independiente y objetiva de mi oficina es que estos esfuerzos y reformas siguen siendo de alcance insuficiente o aún no han tenido un impacto concreto en los procedimientos potencialmente relevantes», aclaró.
En su presentación de la solicitud, la oficina de Khan «ha buscado en todo momento seguir un camino de cumplimiento de su mandato estatutario mientras continúa cooperando de buena fe para apoyar los esfuerzos de las autoridades venezolanas para llevar a cabo procesos internos que satisfagan los requisitos de complementariedad del Estatuto de Roma».
Finalmente, señaló que la presentación «no perjudica a Venezuela». Además, «aunque el aplazamiento no está justificado en este momento, esto no significa que la evaluación no pueda revisarse en una etapa posterior del procedimiento».
Fundación Clooney y Foro Penal presentaron nuevas pruebas
La iniciativa “The Docket” de la Fundación Clooney para la Justicia y el Foro Penal Venezolano presentaron un informe a ante la CPI, donde mostraron pruebas de presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por 11 funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).
Esta fundación pertenece al actor George Clooney y su esposa Amal Clooney. Se encarga de monitorear juicios internacionales y defender a víctimas de derechos humanos en el mundo.
En el informe, la fundación señala que los presuntos crímenes cometidos por funcionarios de la Dgcim son torturas, detenciones arbitrarias y abuso sexual.
Con información de Runrun.es
