Desde hace semanas, el Arco Minero está siendo noticia por lo mismo que lo ha sido desde hace años: la violencia oscurece minas adentro. Aiskel Andrade, directora del Centro de Estudios Regionales de la UCAB Guayana, comparte con el Budare el último update de una historia que parece no tener final cerca: mineros de la mina Imataca (Bolívar) que denuncian haber sido víctimas de los atropellos de la GNB y el Ejército venezolano, quienes agredieron y destruyeron sus equipos de trabajo, quemaron bodegas, campamentos y alborotaron las protestas en las poblaciones vecinas de El Callao y Tumeremo.
–¿Qué límites tenemos al tratar de indagar qué ha ocurrido en ese universo del Arco Minero del Orinoco en las últimas semanas? ¿Qué podemos tomar por cierto? ¿Cómo describirías lo que ocurre allí, lo más exactamente posible?
–Los límites que tenemos al tratar de indagar sobre la incursión de las FANB en las minas auríferas ubicadas en los municipios El Callao y Sifontes del estado Bolívar, estriba en la ausencia de transparencia sobre los detalles y propósitos de esa incursión. En este momento, la incursión militar en las que ha implicado destrucción de implementos y equipos está ubicada en las minas ubicadas al este de Tumeremo (capital del municipio Sifontes) y en la Mina Nacupay ubicada en el Callao.
La minería aurífera que se realiza en esa zona depende de la minería artesanal, mayoritariamente ilegal no autorizada, en la que no existe labores de exploración, ni cuantificación de yacimiento previos, ni cierres de minas controlados. Los pequeños mineros legales cuentan con autorización para la extracción, pero no para el procesamiento. Solo colocan el material en las plantas que utilizan el método de lixiviación y también en los molinos artesanales que utilizan mercurio pese a su prohibición.
Parte de las denuncias que han realizado los mineros de Imataca es que tienen pruebas del “arrime” (colocación de material aurífero extraído) al Estado y toda la documentación en la que la Corporación Venezolana de Minas (CVM) les autoriza el trabajo en esa zona y por ello no entienden la acción del ejército para quemar sus implementos de trabajo.
Este modelo de minería desde el punto de vista ambiental genera los impactos que han sido descritos en diferentes estudios, y desde el punto de vista económico y social favorece una economía de la ilicitud asociada en el caso venezolano a Grupos Armados Irregulares (GAI) de diferente naturaleza. Estos grupos, además de controlar la actividad de la pequeña minería ilegal, establecen el “orden”, sancionan, aplican medidas propias de los órganos de jurisdiccional y del sistema de justicia del Estado, en las minas y en los centros poblados principales. También promueven la construcción y dotación de escuelas y centros de salud. Y disponían hasta hace poco, al menos en el caso de Tumeremo, de las regulaciones para la transacción económica (precio del oro en la zona).
En ese contexto, el 20 de octubre de 2022, mineros de la mina Imataca, ubicada en Tumeremo, municipio Sifontes, denunciaron haber sido víctimas de los atropellos de la Guardia Nacional Bolivariana y el Ejército venezolano. Estos cuerpos de seguridad habrían incursionado y agredido a esta comunidad minera con amenazas y destruyendo sus equipos de trabajo. La comunidad minera de Imataca asegura que, durante la actuación de las fuerzas armadas, los efectivos militares quemaron bodegas, campamentos y enseres de los pobladores, vulnerando sus derechos humanos. Los comerciantes de Tumeremo y de El Dorado también denunciaron excesos de los efectivos militares y, a través de un comunicado, manifestaron su solidaridad con los mineros.
En las últimas horas también han incursionado en las fincas ganaderas que aún quedan en el municipio Sifontes con los mismos procedimientos (hostigamiento y amenazas) utilizados en las incursiones a las minas. El contingente del Ejército venezolano movilizado hacia Tumeremo se estima en 600 efectivos. Esta intervención impacta en la compleja convivencia entre grupos armados irregulares y las estructuras del gobierno y militares que ha prevalecido hasta ahora, y cuyo orden y controles se había impuesto y extendido en los centros poblados ubicados en las zonas de influencia de las minas auríferas.
Se ha constatado por parte del equipo del observatorio de la región Guayana que se han producido detenciones arbitrarias de personas a quienes se les acusa de estar involucrados con los grupos armados irregulares y hay protestas por parte de sectores de la comunidad por los atropellos de los cuales están siendo afectados.
–¿Qué actores participan en este juego de intereses de este sector del Arco Minero del Orinoco? ¿Qué tipo de régimen tenemos en este sector del país?
–En este momento actúan los grupos armados irregulares de Tumeremo y el Dorado, que hasta ahora habían mantenido una convivencia convenida con la estructura gubernamental más visible en la zona, me refiero a la CVM, los pequeños mineros legales e ilegales, la población y ahora el ejército quien lidera esta incursión con estrategia y organización militar para desmantelar y desplazar los pequeños mineros y restar poder a los grupos armados irregulares que controlan Tumeremo y Nacupay en el Callao. Una hipótesis creíble se asocia a que la minería que se ha desarrollado hasta ahora es de poca tecnificación, ausencia de estudios de prospección, altamente destructiva del ambiente. Y que una expansión de la explotación minera requeriría empresas con capacidad técnica para adelantar esos estudios y poder aumentar la capacidad de extracción.
–Tenemos civiles en medio de esta especie de «campo de combate», y pocas veces sabemos de ellos. ¿Qué información manejamos acerca de sus problemas y su cotidianidad?
–De acuerdo con nuestras investigaciones, la cotidianidad de los habitantes de esas zonas está signada por sus preocupaciones ante el aumento de la prostitución en adolescentes, el alcoholismo y la drogadicción, las dificultades generadas por la privación que impone un elevado costo de la vida y altos niveles de pobreza (de acuerdo con ENCOVI, la tasa de pobreza está alrededor del 70%). La ausencia de actividades económicas distintas a la minería que dinamicen el empleo en esas zonas está causando una muy marcada deserción escolar, que hace que los jóvenes se orienten al trabajo en las minas o al comercio informal, también asociado a la minería. Esta misma situación genera abandono familiar y problemas de pareja. Igual que el resto del país la deficiencia en los servicios públicos, con énfasis en el suministro de servicio eléctrico, agua potable y combustible, además del alto deterioro de la vialidad marcan la cotidianidad de esas comunidades.
–¿Qué podemos hacer el resto de los venezolanos para entender lo que ocurre en esta parte del país?
–En primer lugar, habría que decirse que no es solo un problema para las próximas generaciones, sino que es un problema para las generaciones actuales. La tarea debería estar enfocada a visibilizar los efectos de las actividades mineras en la vida cotidiana de las personas, acercarnos a ellas para conocer lo que están viviendo y convertirnos en su voz, no solo desde la denuncia de la acción minera y los efectos de la economía ilícita minera, sino desde los efectos que causan estas acciones en las dinámicas diarias, en la vida de la gente.
Los que pueden y tienen acceso a la información debemos impulsar su divulgación, y la articulación de esfuerzos para visibilizar la cotidianidad de quienes viven en esos contextos signados por el miedo, la violencia y la perdida de libertad.
En este momento, ante la reconfiguración del orden y la irrupción de los militares para destruir ese orden de convivencia y coordinación con los GAI imperante hasta ahora, la incertidumbre, el miedo y el caos invaden la cotidianidad de los habitantes de Tumeremo y los mineros, quienes por la fuerza de las cosas deben convivir y reconocer el poder de los grupos armados irregulares y ahora deben entender el desplazamiento de estos grupos por la fuerza del ejército, sin que se tenga claro si será un desplazamiento definitivo o simplemente un operación que una vez finalice volverá a imponerse el orden del GAI.
Es preciso recordar que los grupos armados irregulares han infiltrado cada centro poblado e inclusive las diversas formas de organización comunal, consejos comunales, Clap, etc., con lo cual hace difícil distinguir el origen de las manifestaciones que están ocurriendo. Dada la actuación con que nos tiene acostumbrado el gobierno, esperemos que no sea solo un desplazamiento de actores para el manejo del negocio minero y no el mejoramiento del modelo minero aplicado por el Estado caracterizado por una proliferación de molinos artesanales que utilizan el mercurio para concentrar las arenas auríferas que utilizan las plantas. Con esto forma un ciclo de economía ilícita y contaminante.
Tomado de soyarepita.com
Fotos cortesía
