En momentos en que el venezolano de a pie se debate entre conseguir efectivo para trasladarse o para otros fines, hacer uso del agua que llega periódicamente a su casa, conseguir una medicina, paliar la hiperinflación y el alto costo de la vida y la violencia urbana, como el episodio recién acaecido en la Cota 905, en Caracas, el régimen y su asamblea, írrita, anuncian planes e iniciativas, y hasta un proyecto de ley de ciudades comunales.
Plagado de neolengua, esto es, un lenguaje rebuscado, repleto de adornos, florituras y giros gramaticales, dispuestos para confundir la verdadera intención al lector, el supuesto proyecto de ley de ciudades comunales no es más que otro paso para demoler la República.
Así, conforme al artículo 8º del mencionado proyecto, la ciudad comunal se constituye a través de la agregación de comunas urbanas, rurales e indígenas, las cuales serían determinadas por las mismas comunas y organizaciones sociales que hagan vida en su respectivo ámbito territorial.
Por otra parte, en el artículo 6º, del supuesto proyecto, se puede leer: “Atendiendo a condiciones geohistóricas, funcionales, rasgos culturales, usos, tradiciones, costumbres y potencialidades económicas, el ámbito geográfico donde se constituya la Ciudad Comunal, podrá coincidir o no con los límites político-territoriales establecidos dentro del ámbito de la República Bolivariana de Venezuela”.
Así las cosas, lo anterior no es más que la eliminación sin más de las tradicionales entidades político-territoriales venezolanas tales como los municipios y los estados, los cuales están contemplados en nuestra Constitución.
¿Qué busca el régimen con esta iniciativa y la implementación de estos entes “comunales”? Aniquilar las entidades político-territoriales tradicionales, es decir, las alcaldías y gobernaciones, cambiar la geografía política, los circuitos electorales, borrar del mapa a sus líderes naturales, -municipales y estadales-, en fin, eliminar la estructura político-territorial de la República, tal y como la conocemos.
Aunado a lo anterior, el régimen busca, simultáneamente, la imposición de sus partidarios, -ya adoctrinados y pertenecientes a los consejos comunales existentes en el país-, en todos los órganos que integrarían la ciudad comunal, todo conforme al artículo 14 del supuesto proyecto, el cual dispone que la ciudad comunal estará integrada por el Parlamento y los consejos, Ejecutivo de Gobierno, de Planificación, de Economía, de Contraloría, de Educación y Formación, de Justicia y Paz, así como por la Comisión Electoral de la ciudad comunal. Obvio que una vez conformados esos supuestos cuerpos de representación y ejecución los mismos se limitarían a ejecutar el mandato dictado desde Miraflores. O Fuerte Tiuna.
Los autores de esta iniciativa parecen olvidar que el pueblo venezolano derrotó al ex presidente fallecido Hugo Chávez, el 2 de diciembre de 2007, cuando propuso modificar 69 artículos de la Constitución de 1999, todo con el objetivo de declarar a Venezuela como un Estado socialista.
¿El régimen logrará su cometido esta vez? Eso está por verse.
Gabriel Castro Anzola
*Artículo inicialmente publicado el 21 de marzo de 2021
|*|: El autor es abogado (UCV), egresado del Programa de Gobernabilidad y Gestión Pública de la UCAB, George Washington University y la Corporación Andina de Fomento
