En los últimos diez días, desde que el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela anunció la segunda reelección consecutiva del presidente Nicolás Maduro , el país ha sido escenario de una nueva y violenta ola de represión que, según representantes de ONG que defienden los derechos humanos, está afectando a líderes políticos, líderes regionales, colaboradores en la campaña electoral de la oposición, manifestantes y, en muchos casos, víctimas aleatorias, entre ellas decenas de adolescentes, personas con autismo y discapacidades físicas. Los sectores más pobres, subrayaron los expertos, son las principales víctimas.
Por: Janaína Figueiredo – O Globo
Ante la falta de credibilidad del CNE, el chavismo volvió a recurrir a la violencia como única estrategia para silenciar las críticas y sofocar la acusación de fraude presentada por el candidato presidencial Edmundo González Urrutia y la líder opositora María Corina Machado , ambos blancos de investigaciones del Ministerio Público. Las ONG que operan en Venezuela indican que ya han sido arrestadas entre 1.100 y 1.400 personas. Según Human Rights Watch (HRW) y el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), se han confirmado 24 muertes , entre ellas un oficial de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).
En una medida sin precedentes por parte del chavismo, el gobierno de Maduro también está publicando datos sobre arrestos, no sobre asesinatos. Según el propio presidente, las fuerzas de seguridad nacionales ya han detenido a más de 2.000 personas. Para defensores de derechos humanos como Juanita Goebertus, de HRW, “revelar esta información tiene un único objetivo: instalar un clima de miedo en la sociedad y evitar nuevas protestas”.
La GNB y la Policía Nacional Bolivariana (PNB) llevan más de una semana en el terreno persiguiendo a opositores al gobierno en todo el país. Por primera vez en 25 años de chavismo en el poder, asegura Marino Alvarado, miembro del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), “alrededor del 80% de los detenidos pertenecen a sectores populares”. En muchos casos, añade Alvarado, se trata de “detenciones selectivas”, es decir, personas identificadas por las fuerzas de seguridad en protestas, fotos, vídeos o denuncias de vecinos. Otra novedad de la actual ola de represión en Venezuela es la campaña oficial que defiende la denuncia de personas consideradas “traidoras a la patria”.
— La represión en los sectores populares está fuera de control. Están persiguiendo y arrestando a líderes comunitarios y pidiendo a la población información sobre su paradero. Algunos han pasado a la clandestinidad, otros se resisten, comenta el miembro de Provea.
Una de las víctimas de la persecución estatal es Edward Ocariz, líder comunitario y defensor de derechos humanos que vive en el barrio (como se llama a las comunidades en el país) de El Valle, en Caracas. Su casa, comenta Alvarado, “como tantas otras, fue allanada sin orden judicial”. En todos los casos, confirman ONG locales, incluido Foro Penal, que cuenta con alrededor de 400 abogados trabajando en toda Venezuela, los perseguidos están acusados de terrorismo. Los procesos, afirma el abogado Alfredo Romero, uno de los más importantes del Foro Penal, son “absolutamente arbitrarios”.
— Hasta ahora no hemos tenido acceso ni siquiera a uno de nuestros defensores. No sabemos si están siendo torturados ni cuál es su estado de salud. Las audiencias se llevan a cabo sin abogados defensores elegidos por las víctimas, sólo con defensores oficiales, cómplices del régimen, explica Romero.
‘No hay respeto’
Según información de las ONG consultadas, los detenidos participan en audiencias colectivas, con entre 50 y 60 personas, en las que los jueces que llevan sus casos se comunican a través de televisores. El acusado, dijo Alvarado, no puede declarar.
— No hay ningún respeto por los derechos de estas personas, es todo una gran farsa, en la que participan abogados elegidos por el Estado — enfatiza el representante de Provea.
El Foro Penal separa las detenciones de los últimos diez días en cinco categorías: manifestantes que participaron en protestas para denunciar el fraude defendido por la oposición; personas aleatorias que se encontraban en la calle, sin ningún tipo de vinculación con manifestaciones o campaña opositora; personas identificadas como activistas opositores en imágenes difundidas a través de redes sociales; colaboradores de campaña de González Urrutia y María Corina y líderes de la oposición; y defensores de los derechos humanos.
— Tenemos casos increíbles, como el de una joven de 24 años que juega al fútbol en la selección de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y fue detenida cuando iba a entrenar. También dos reclusos autistas y personas con discapacidad física y sin ningún tipo de activismo político —señala Romero, quien pasa sus días conversando con familiares que forman filas kilométricas en los lugares donde son llevadas las víctimas de la represión.
Es la única manera, explica el abogado de Foro Penal, de obtener información.
La gran mayoría de los presos en la región de Caracas son llevados inicialmente a una comisaría conocida como Zona 7. Luego de participar en audiencias colectivas y ser imputados por el delito de presunto terrorismo, los detenidos varones son trasladados al penal de Yare 3, en el estado. de Miranda, aproximadamente a una hora en auto desde Caracas. En el caso de las mujeres, explica Romero, las víctimas de la represión son trasladadas a otros lugares, incluido el penal La Crisálida, también en el estado Miranda, vecino a Caracas.
— Lo que estamos viendo es una represión descontrolada, arbitraria, que busca intimidar a la población. Los familiares, en algunos casos de policías y militares que también son víctimas de la persecución del chavismo, tienen miedo —dice Romero.
La ola de detenciones fue definida como una “campaña de terror” por María Corina, quien también acusó al gobierno de Maduro de querer aislar a la población impidiendo el uso de la aplicación de mensajería WhatsApp. Ayer circularon en Caracas rumores de que el gobierno está obligando a funcionarios y agentes de la GNB y del PMB a desinstalar WhatsApp de sus celulares. El próximo paso, dijeron fuentes opositoras, será impulsar la prohibición de redes sociales como Instagram y Facebook, del grupo Meta, imprescindibles en la campaña presidencial de González Urrutia.
— Estamos viendo nuevos modus operandi por parte del gobierno de Maduro, incluida la publicación de listas de personas buscadas y la captura indiscriminada de víctimas que, en muchos casos, no tienen nada que ver con manifestaciones políticas — dice Juanita de HRW.
El gobierno de Maduro, concluye Alvarado, “decidió enfrentar el descontento de la ciudadanía con un fraude electoral reprimiendo a sectores populares. Es una represión contra los podridos, los más humildes, que sólo piden que se respete la voluntad expresada en las urnas”.
