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El arco minero ¿Fuente de delito y corrupción?. Por Américo Fernández

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El ORO desde los tiempos bíblicos es símbolo de riqueza y también de realeza o autoridad suprema.  Recodemos la leyenda griega del vellocino de oro colgando de la rama de un árbol sagrado cuidado por un terrible dragón que al fin cayó vencido por Jasón, el líder de los argonautas. El dorado metal incorruptible que encandila, enceguece y hasta  infarta, mantiene su valor como en los primeros tiempos y no hay país en el mundo ajeno a este precioso metal, incluyendo, por supuesto, a Venezuela donde ha llegado en estos días a suplantar el petróleo. Dicen los que se ocupan de las ciencias económicas que el actual gobierno ante el colapso petrolero y las sanciones, ha podido refugiarse  en el oro extraído del llamado Arco Minero de Guayana, pero a un altísimo costo de  violaciones de territorio indígenas, destrucción del ambiente y operaciones ilegales por fraudulentas y masacres. Masacres como la  del 2018 en minas que rodean al pueblo de Tumeremo.  Sólo entre agosto y octubre, se denunció la muerte de 47 personas que cayeron en medio de enfrentamientos entre bandas de delincuentes, guerrilleros y funcionarios de la Guardia Nacional y del Ejército.

A pesar de que durante 2016 y 2017, el gobierno aseguró que mitigaría la violencia en el lugar a través de sus “Operaciones de Liberación del Pueblo” (OLP) –operativos mixtos en los que se practicaron centenas de ejecuciones extrajudiciales en las zonas más pobres del país como lo confirmó la investigación.

En marzo de 2016, Tumeremo fue noticia a raíz de la masacre de 17 mineros. Pese a que desde hace más de un lustro las matanzas son frecuentes en la zona, aquel suceso se volvió una referencia porque los familiares de las víctimas cerraron durante días el tránsito por la única carretera que los comunica con el resto del país y por donde además se llega hasta Brasil.

El 13 de abril pasado el diario El Nacional publicó un editorial titulado “La Guerra de El Callao” basado en un video que grabó el llamado Frente Revolucionario de El Perú, llamando a la gente para que se “resguarde” porque hay un enfrentamiento directo entre bandas por el control de la mina del sector conocido como El Perú. El líder asegura que hay unos “malandros” que se hacen escoltar por militares, agentes del Cicpc, la Dgcim y de la FAES, a quienes no les temen.

En un video, el jefe de los revolucionarios de El Perú afirma que estos “malandros” que quieren sacarlos de la zona, al mando de un tal “Rony Matón”, les pagan a los uniformados aproximadamente 5 kilos de oro semanal para que los ayuden en los enfrentamientos.

Este es el resultado de la explotación sin control de las minas del estado Bolívar.  Como se ve,  los habitantes de El Callao y pueblos aledaños tienen que vivir de acuerdo con lo que dictan los delincuentes  de uno u otro bando. Lo peor es que como una de las partes se asoció con agentes del gobierno, entonces los uniformados se creen con el derecho de aterrorizar al ciudadano común.  No hay ninguna autoridad a la que pueda acudirse en busca de  protección. ¿Es esto justo? ¿Para eso se creó el Arco Minero? ¿No se supone que son recursos del Estado que deben ser explotados bajo cierta regulación y las leyes? ¿Por qué entonces este negocio lo controlan grupos irregulares armados? (AF)