En una carta de la Misión Permanente de Venezuela ante la Oficina de Naciones Unidas y demás organismos internacionales con sede en Ginebra, el chavismo se dispone a cobrar los primeros dividendos del diálogo en México con una parte de la oposición.
Omar Lugo
El régimen de Nicolás Maduro envió un mensaje contundente a los organismos de Naciones Unidas (ONU) con sede en Ginebra, Suiza. Les aclara que no está negociando con ninguna contraparte, sino tan solo en medio de un diálogo con un ala «extremista» de la oposición.
La aclaratoria es un baño de agua fría que pone en contexto las expectativas creadas sobre la mesa de diálogo que se instaló con intermediación de Noruega en México, entre una delegación de Juan Guaidó, llamada Plataforma Unitaria, y la más alta representación del chavismo que encabeza Nicolás Maduro.
Guaidó es reconocido por casi 60 países -principalmente democracias de corte occidental americanas y europeas- como «presidente interino de Venezuela» hasta tanto haya elecciones libres.
Pero ese interinato es en realidad una designación nominal, puesto que Guaidó nunca tuvo un poder real en Venezuela. El país es controlado con la fuerza y el legalismo de un régimen autoritario que ha barrido a sangre, fuego y cárcel las manifestaciones callejeras y anulado a los líderes de la dividida y confrontada oposición.
Esas son cosas tuyas
La carta de la Misión Permanente de Venezuela ante la Oficina de Naciones Unidas y demás organismos internacionales con sede en Ginebra está fechada el 6 de septiembre. El Estímulo tuvo acceso a ella mediante fuentes diplomáticas de la ciudad suiza.
El documento afirma que «algunos medios de comunicación internacionales» han pretendido instalar una matriz de opinión según la cual estaría en marcha una «negociación» entre dos factores políticos.
Se trata, afirma, de un intento de dar continuidad a la fallida narrativa desatada en el año 2019 «sobre la supuesta existencia de dos gobiernos» en Venezuela.
En enero de 2019 Juan Guaidó, último presidente de la Asamblea Nacional (Congreso) electa en 2015, se proclamó presidente interino de Venezuela hasta tanto haya elecciones libres, competitivas, democráticas y con supervisión internacional.
De inmediato, Estados Unidos y las demás democracias americanas, la Unión Europea y las democracias de Asia y Oceanía le dieron apoyo y reconocimiento.
Así se agravó la crisis política iniciada por el chavismo cuando desconoció y eventualmente disolvió el poder legislativo electo en 2015 con mayoría calificada de la oposición.
Optimismo irracional
Muchos políticos, inversionistas, agraviados y ciudadanos comunes han depositado ciertas esperanzas en que esta mesa de diálogo iniciada en México condujera a resolver la crisis política venezolana. Por carambola se espera que sea el inicio para enfrentar el colapso económico, social e institucional.
Pero evidencias crecientes -incluso esta carta- ponen la cosa en su lugar. Van en línea con el escepticismo expresado por críticos del chavismo, como el secretario general de la OEA, Luis Almagro y economistas independientes.
También queda claro cada día que las expectativas en torno a este proceso deben ser moderadas para quienes aspiraban a un cambio importante en el régimen político chavista que gobierna a Venezuela desde hace 22 años.
Se trata de un proceso de diálogo entre el gobierno y un sector de la oposición del país, según el chavismo.
«En consecuencia, no se trata de una negociación entre dos factores políticos que se encuentren en igualdad de representación ni de legitimidad», dice la carta.
Con otros actores
También sostiene que la firma del Memorando de Entendimiento, previo al inicio del diálogo «por parte de la oposición más extremista», implicó reconocer el gobierno de Venezuela encabezado por Maduro.
Este hecho, afirma la carta, pone fin a una «diatriba inconstitucional acerca de una supuesta institucionalidad paralela que condujo a un conflicto inédito e innecesario que ha afectado el bienestar de la población venezolana».
También señala que existen otros importantes factores de la oposición que no están participando en este proceso de diálogo porque mantienen relaciones de normalidad con el gobierno, tienen representación parlamentaria e «importante presencia en gobiernos regionales y locales».
Se refiere a la convivencia de varias figuras políticas minoritarias que negociaron pactos con el chavismo. Algunos de estos actores se quedaron con las siglas y estructuras de importantes partidos políticos que fueron confiscados a sus fundadores mediante acciones legalistas del Tribunal Supremo de Justicia y de la Contraloría.
Los más importantes líderes políticos y sus partidos están proscritos, inhabilitados o ilegalizados.
El chavismo ofrece levantar estos vetos a los candidatos que acepten postularse a las elecciones del 21 de noviembre cuando serán elegidos nuevos alcaldes y gobernadores.
La fragmentada oposición presenta varios candidatos en varios estados y municipios estratégicos, o algunos partidos simplemente no deciden si van o no al proceso o si apoyan candidatos.
Encuestadoras anticipan el triunfo del chavismo en varias entidades, pues aunque son franca minoría electoral, están disciplinados, organizados, usan los recursos del Estado en las campañas electorales y van con candidatos únicos.
Avisos previos
La carta fechada en Ginebra va en línea con anuncios previos del propio Maduro, quien desde el inicio condicionó la sentada en la mesa al levantamiento de sanciones y bloqueos financieros contra cuentas de Venezuela.
Maduro también pide el pleno reconocimiento de su gobierno, objetado por los mismos casi 60 países que reconocen a Guaidó.
También demanda la devolución de cuentas bancarias en Estados Unidos y Europa, y de otros activos como el control de las estatales Citgo y Monómeros, ubicas en EE.UU y Colombia respectivamente.
La gestión de esas empresas está en manos de equipos de Guaidó. Ese es el único poder real que ostenta el alicaído dirigente opositor hoy en día.
Hasta ahora el régimen chavista está ganando este pulso con la oposición.
En uno de los primeros acuerdos logró arrastrar al equipo opositor a la espinosa controversia con la vecina Guyana por el territorio Esequibo.
Esa área de dos tercios de la superficie terrestre de Guyana está en manos de hecho de ese país anglosajón, que además ha logrado apropiarse por completo de las aguas territoriales del Esequibo y extender sus dominios hasta enfrente del estado venezolano de Delta Amacuro, durante los años del chavismo.
Próximas jugadas
El diálogo en México continuará entre el viernes 24 y el lunes 27 de septiembre. Según los voceros, se hablará sobre el estado general de derecho y la protección de los derechos sociales de los venezolanos.
Gerardo Blyde, jefe del equipo negociador por la oposición, dijo recientemente que dentro del segundo punto se discutirá todo lo que significa el Sistema Judicial venezolano, “para buscar la reinstitucionalidad”.
Desde Europa, una fuente que conversó con El Estímulo observó que ese es un punto estratégico para el chavismo porque le permitirá sacarse de encima sin mayor trámite una serie de procesos que se le siguen en la Corte Penal Internacional (CPI) por delitos de lesa humanidad.
Por su parte, Julio Borges, el comisionado de Guaidó para las relaciones internacionales, dijo más temprano en una entrevista con el periodista César Miguel Rondón que la negociación no es una pausa para el proceso contra Maduro y sus colaboradores en la CPI.
“El mensaje qué hay que mandarle a la CPI es que esta negociación no significa ni una pausa ni algo que pueda abrir las puertas para un entendimiento con Maduro en el tema de Derechos Humanos. Creo que esto es algo que la delegación debe aclarar, lo que está previsto es que el proceso de la CPI siga y que Maduro sepa que esta es otra etapa de la presión”, detalló.
Con el argumento de que ya se está trabajando y avanzando en Venezuela para reformar el sistema judicial venezolano, Maduro y su equipo en La Haya pueden desmontar los procesos en su contra, señaló una fuente.
Dinero en mano
Además, si prospera ese argumento del supuesto reconocimiento como gobierno legítimo que según el chavismo le ha dado la oposición, Maduro ya no tendría mayores problemas futuros para ponerle la mano a los fondos de Venezuela congelados en el exterior.
El régimen chavista dice que va a usar esos fondos para invertirlos en subsanar a la aguda crisis social de los venezolanos y comprar vacunas contra el coronavirus.
Pero lo cierto es que tras décadas de la impune corrupción generalizada e ineficiencia gerencial en el manejo de los fondos públicos, muchos críticos temen que esos fondos nunca cumplan su propósito
