Desde la firma de los acuerdos de Barbados el 17 de octubre de 2023 entre las delegaciones de Miraflores y la Plataforma Unitaria Democrática, los dos sectores se acusan por el incumplimiento de este documento. Además, desde entonces una serie de acciones de Miraflores buscan la implosión de la mesa de conversaciones, según denuncian sus adversarios políticos
Deisy Martínez/Efecto Cocuyo
¿Cómo se ha movido el chavismo desde entonces? Mucho pasó: desde permitir las primarias opositoras del 22 de octubre de 2023 hasta estar a punto de aprobar, casi de manera unilateral, un cronograma de elecciones presidenciales con el que se temen comicios adelantados y carentes de las garantías suficientes para que sean libres y competitivos, como se pactó en la capital del país caribeño.
Permitir primarias
Tras serias amenazas de una posible suspensión de las primarias opositoras por vía judicial, tras un recurso del político afín al chavismo Luis Ratti contra la comisión organizadora de este proceso, finalmente no hubo intervención del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sobre esa petición, por lo que la elección interna transcurrió el 22 de octubre de 2023.
Fue la consecuencia de la firma en Barbados. Uno de los acuerdos, sobre derechos políticos y electorales, establece en su primer punto que las partes respetarán los mecanismos de cada sector para escoger su candidatura presidencial.
En ese entonces, analistas políticos sostuvieron que desde el gobierno de Nicolás Maduro y el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) se apostó al fracaso de las primarias, más que todo desde el punto de vista logístico e insuficientes centros electorales (porque el CNE no prestó los tradicionales), persecución a miembros de juntas regionales para que no asistieran y por eso las dejó correr.
Ante la cifra de participación —2.307.635 de votos de los cuales una evidente mayoría de 2. 253.825 fueron a favor de María Corina Machado como abanderada a Miraflores— el chavismo cantó fraude y se jugó la carta del TSJ.
El 31 de octubre de 2023, la Sala Electoral quiso suspender mediante sentencia los efectos de la contienda opositora y ordenar a la Comisión de Primaria entregar todo el material electoral empleado.
Dichas medidas no se concretaron; la primera, de acuerdo con abogados, porque las primarias fueron un evento interno de la oposición y sus miembros se comprometieron a respetar sus resultados.
Detención de Roberto Abdul
El 27 de octubre, el Ministerio Público (MP) citó en calidad de investigados a miembros de la Comisión de Primaria: su presidente Jesús María Casal, su vicepresidenta Mildred Camero y Roberto Abdul, quien a través de Súmate, brindaba asistencia técnica a las primarias. Más allá de las citaciones no se conocieron más avances de las investigaciones, hasta que el 6 de diciembre se produjo la detención de Abdul.
La Fiscalía lo imputó por la presunta comisión de los delitos de traición a la patria, conspiración, legitimación de capitales y asociación para delinquir. El fiscal Tarek William Saab habló de un supuesto plan conspirativo para «sabotear» el referendo consultivo del 3 de diciembre sobre el Esequibo.
Movilización a prueba
A finales del mes de octubre, para «disipar» los efectos de las primarias, de acuerdo con analistas, el poder político anunció un referendo consultivo sobre el tema del Esequibo. La intención fue que el país se movilizara a votar sin distingo político por una causa nacionalista, pero además le permitiría al Psuv poner a prueba a su maquinaria de base.
Se consideró que no tuvo éxito por las imágenes que a lo largo de ese domingo dieron cuenta de la ausencia de electores en los centros de votación. Pese a ello, el Consejo Nacional Electoral (CNE) aseguró que votaron poco más de 10 millones de personas, cifra que expertos electorales calificaron como «poco creíble», entre otras razones, porque a la fecha el ente comicial no ha publicado las cifras de votación por estados, centros ni mesas.
El Psuv quedó pendiente de una revisión interna. Se consideró que mecanismos de control social como escaneo de Carnet de la Patria después de votar y amenazas de eliminar incentivos sociales como las bolsas del Clap, cuya aplicación es casi tradicional en los procesos electorales venezolanos, no rindieron los frutos esperados.
El 20 de diciembre de 2023, Miraflores logró que EE. UU. liberara al empresario colombiano, Alex Saab, a cambio de diez prisioneros estadounidenses en Venezuela y la excarcelación de presos políticos venezolanos como el universitario John Álvarez, Roberto Abdul y los seis sindicalistas condenados a 16 años de prisión en agosto de 2023.
ONG de derechos humanos calificaron de limitado el canje, dado el peso de Saab (detenido desde 2021), quien no llegó a enfrentar un juicio por lavado de dinero en suelo norteamericano y porque los presos políticos venezolanos no obtuvieron libertad plena sino medidas cautelares (prohibición de salir del país, régimen de presentación entre otras) que en cualquier momento se puedenr revocar.
Maduro denuncia conspiraciones
Llegó enero de 2024 y a la extensión del mandato de la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional (AN) de 2015 que controla activos en el exterior con el reconocimiento de EE. UU. principalmente, el chavismo respondió desde la AN de 2020 con una nueva investigación contra los diputados opositores.
El 12 de enero el presidente de la AN de 2020, Jorge Rodríguez, pidió nombre y ubicación de los diputados que votaron por la continuidad y si sus partidos avalaron tales posiciones. Además de exigir se les aplicara la Ley de Extinción de Dominio por apropiarse de recursos públicos a través de los activos de la República en el extranjero.
Días después (17 de enero) detuvieron al sindicalista del sector educativo en Barinas, Víctor Venegas, en momentos en que participaba en una asamblea para definir acciones de protesta por bajos salarios en la entidad llanera.
Lo acusaron de estar involucrado en el plan conspirativo para derrocar al gobierno de Nicolás Maduro, que el mismo gobernante denunció el 15 de enero ante la AN de 2020, durante la presentación de su memoria y cuenta 2023.
Pero Venegas no fue el único. El 23 de enero fueron apresados tres dirigentes de Vente Venezuela (organización política de María Corina Machado) Juan Freites, Luis Camacaro y Guillermo López. Luego de casi un mes sin conocerse el paradero de los dirigentes, que fue calificado como desaparición forzada, los presentaron en un tribunal con competencia en terrorismo, sin derecho a defensa privada y los acusaron de conspiración.
Maduro aseguró que entre mayo y diciembre de 2023, los organismos de inteligencia detectaron cinco planes para asesinarlo, el último, dijo, sería ejecutado el 1 de enero de 2024. El mensaje ante el Parlamento fue interpretado por opositores y analistas como la justificación de una próxima escalada de represión para desmovilizar el voto opositor en año electoral.
Inhabilitaciones y cronograma electoral
Posteriormente, pese a la flexibilización de sanciones por parte de EE. UU. en el área petrolera, gasífera, oro y bonos del mercado secundario y la liberación de Saab, el poder político retrocedió en las concesiones y vía TSJ ratificó (26 de enero) las inhabilitaciones políticas contra la ganadora de las primarias, María Corina Machado (15 años desde 2023), y el excandidato presidencial, Henrique Capriles Radonski (15 años desde 2017), impuestas por la Contraloría General.
EE. UU. respondió a la inhabilitación de Machado con la revocatoria de algunas flexibilizaciones de sanciones y el anuncio de reimposición de otras para el mes de abril, si no se revertía la medida contra la candidata.
A su vez, Jorge Rodríguez, en retaliación, convocó a una consulta nacional para aprobar una propuesta de cronograma electoral y presentarla al CNE, que inició el 5 de febrero y se extendió por dos semanas.
Al llamado acudieron precandidatos presidenciales, partidos políticos minoritarios dentro y fuera de la AN de 2020, sectores empresariales, de trabajadores y sociales en su mayoría afines al gobierno. Como resultado, Rodríguez aseguró que se manejan 25 propuestas de fecha para las presidenciales (mayo a octubre).
La Plataforma Unitaria consideró improcedente la iniciativa porque ya se había establecido en uno de los acuerdos de Barbados, que las elecciones se harían en el segundo semestre y se establecieron garantías electorales como abrir el Registro Electoral dentro y fuera de Venezuela para su actualización así como observación internacional.
Sin embargo, aceptó reunirse este 19 de febrero con Rodríguez y el mediador de Noruega para acusar violaciones a lo pactado en Barbados y conversar sobre el cronograma electoral. No planteó fecha, pero sí la necesidad de volver a la tradición del mes de diciembre para desarrollar un cronograma con todas las garantías.
Más detenciones
Febrero inició con más detenciones. El 9 de febrero, fue apresada en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, la presidenta de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel. El día posterior arrestaron a cinco familiares incluida su hija de 24 años, Miranda Díaz San Miguel.
La defensora de derechos humanos fue presentada ante un tribunal con competencia en terrorismo, ante el cual el MP le imputó cargos como traición a la patria y conspiración, vinculados a los cinco intentos de golpe de estado denunciados por Maduro. Tras denuncias de desaparición forzada, el fiscal general designado por la Constituyente de 2017, Tarek William Saab, admitió que estaba recluida en el Sebin, aunque no se le permitió contar con defensa privada y solo su hija la pudo visitar luego de más de una semana de detención.
Por rechazar detención de San Miguel y calificar su caso como desaparición forzada, la Oficina Técnica del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos fue expulsada de Venezuela por el gobierno el 15 de febrero. El mismo Maduro la tildó de haberse convertido en un «bufete de terroristas» y advirtió que no volverían hasta que rectificaran.
¿Rodríguez sepulta negociaciones?
En un discurso ante la AN de 2020, Jorge Rodríguez pareció sepultar los acuerdos de Barbados y las negociaciones, al afirmar que la propuesta que llevarán al CNE luego de firmarla este 26 de febrero, es más completa que lo pactado con la mediación de Noruega, que no volverán a tener conversaciones con la oposición fuera del país y que si quieren negociar a cambio de levantar sanciones les dirían: «Métase sus sanciones por dónde les quepan».
Esto, en respuesta a declaraciones de Blyde, quien afirmó que la consulta sobre el cronograma electoral solo era «entre ellos» (el chavimo), que de elecciones se debía hablar con la «oposición verdadera» que trabaja por el cambio político en 2024 y que las negociaciones debían seguir fuera del país para evitar presiones políticas y mediáticas.
Blyde aseguró que no se levantarán de la mesa y que continuarán en la ruta electoral con la candidatura de Machado.
