por José Alberto Vargas La Roche
El Tesoro de los Quimbayas, que se expone en el Museo de América en Madrid, fue un obsequio de la República de Colombia. Pero llegó luego de que el reino español arbitrara a su favor en 1891
Quien camine por el distrito de Moncloa en la ciudad de Madrid puede toparse con el Museo de América, que resguarda piezas artísticas y arqueológicas de excepcional valor, obtenidas a lo largo y ancho de todo el continente americano. Una vez dentro, seguro lo atraerá una oscura sala que iluminan objetos de oro resplandecientes, expuestos detrás de cristal de seguridad. Son 122 piezas de orfebrería de la más alta calidad. El visitante estará frente al Tesoro de los Quimbayas, considerado hoy uno de los mayores exponentes del arte prehispánico, y que se produjo en el territorio de lo que actualmente es Colombia.
¿Cómo terminó el Tesoro de los Quimbayas en tierras españolas? No, no fue saqueado en la conquista ni fue objeto de contrabando. Fue trasladado por primera vez a Madrid en 1892, para que se exhibiera de manera temporal en las Exposiciones del IV Centenario del Descubrimiento de América, y al año siguiente el gobierno de Colombia lo obsequió por iniciativa del presidente Carlos Holguín, con autorización del Congreso de su país, a la reina regente de España, María Cristina de Habsburgo-Lorena, madre del entonces menor de edad monarca Alfonso XIII.
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Desde entonces ha permanecido en la península ibérica. Pero en tiempos recientes distintas voces del mundo cultural colombiano han exigido su retorno, hasta el punto de que la propia Corte Constitucional colombiana dictaminó en 2017 que el Gobierno de ese país está en la obligación de solicitar su repatriación. Los ejecutivos de Juan Manuel Santos e Iván Duque llegaron a mantener discretas conversaciones con los responsables de cultura del gobierno español, sin llegar nunca a entrar en negociaciones concretas, pero se prevé que la nueva administración de Gustavo Petro emprenda con mayor intensidad los intentos de devolución, teniendo en cuenta que en el primer encuentro entre el mandatario colombiano y el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, el tema ya fue tocado.
Pero, ¿qué tiene que ver con Venezuela un tesoro indígena originario del Quindío, una región colombiana distante y con poca relación con los territorios más allá del Arauca? Pues el regalo hecho por Colombia a España fue un agradecimiento de aquella nación con la reina regente de la “madre patria”, por haber dictaminado, en términos muy favorables a Colombia, un laudo arbitral sobre sus fronteras con Venezuela, en 1891. Esta decisión que vino a zanjar parcialmente las disputas territoriales entre ambos Estados y sentó las bases de los límites territoriales que hoy en día separan a estos países.
Una negociación en la que salimos mal
Venezuela y Colombia mantienen disputas territoriales desde épocas en que no eran todavía repúblicas independientes sino parte del mismo imperio español. Ya en esa época colonial la entonces Provincia de Maracaibo se disputó el control de la península de la Guajira con la Provincia de Riohacha. Maracaibo obtuvo el control sobre la zona de Sinamaica. Luego, en las Cortes de Cádiz, el diputado maracaibero solicitó la agregación de la totalidad de Riohacha a Maracaibo.
En tiempos republicanos, cuando el proyecto común de Bolívar había fracasado y Venezuela y Nueva Granada emprendieron caminos separados, se intentó delimitar definitivamente las fronteras de ambos países, con la negociación y suscripción del tratado Michelena-Pombo, instrumento que el Congreso venezolano rechazó por considerarlo desfavorable. Las modificaciones posteriores fueron a su vez rechazadas por los neogranadinos y el proceso de negociación se extendió por varios años sin resultados, hasta que quedó paralizado.
Fue solo en la última parte del siglo XIX que ambos Estados decidieron someter sus hasta entonces congelados diferendos a un proceso de arbitraje llevado por España, el culpable inicial de aquellos problemas, que eran consecuencia de su ambigüedad, inexactitud e inconsistencia a la hora de fijar los límites entre sus propios dominios en época virreinal. El arbitraje en cuestión terminó siendo aún más desfavorable para Venezuela que el tratado Michelena-Pombo, el cual si se hubiera aceptado habría supuesto para Venezuela un área superior a la que actualmente controla.
Venezuela perdió miles de kilómetros de su flanco occidental como consecuencia del desastroso laudo arbitral de 1891, incluyendo la casi totalidad de la península de la Guajira y todo aquello que poseía o reclamaba del otro lado del Arauca.
No obstante, tampoco debe haber confusiones: el regalo del Tesoro de los Quimbayas y la decisión del laudo arbitral no tienen correlación alguna. No imaginen sobornos, incentivos o corruptelas de ningún tipo. El gobierno colombiano compró a personas privadas el tesoro en agosto de 1891, cuando el laudo arbitral ya tenía varios meses de haber sido emitido (el 16 de marzo de 1891), y lo regaló a la reina en 1893, más de un año después. Se trata pues, de una auténtica muestra de gratitud, pero aunque no haya un acto de corrupción configurado, hacer un obsequio a un funcionario que emitió una decisión favorable con uno, precisamente para agradecer esa decisión, es un acto poco ético, que puede dar lugar a malas interpretaciones y hasta condicionar en el futuro las relaciones con el emisor de la decisión.
El problema de volver atrás
La ironía del asunto, en retrospectiva, es que Venezuela fue despojada de una parte importante de su territorio y Colombia de una obra culmen de su patrimonio cultural en el marco del mismo hecho histórico y como consecuencia directa o indirecta de las acciones de España.
Ambos países aceptaron en su momento esas decisiones: Colombia cedió voluntariamente sus piezas arqueológicas y Venezuela se sometió voluntariamente al proceso de arbitraje y, con algunos reclamos y posteriores decisiones, se ajustó a lo dispuesto en el laudo arbitral español.
Los reclamos respecto a varios particulares del laudo se sometieron, de mutuo acuerdo, a la decisión de Suiza como nuevo árbitro en 1922, y tras largos años de demarcaciones, las fronteras las fijó de nuevo el Tratado sobre Demarcación de Fronteras y Navegación de los Ríos Comunes con Venezuela de 1941, conocido como tratado López de Mesa-Gil Borges.
Teniendo en cuenta el valor geopolítico y económico del área objeto de decisión, la balanza de la historia se inclina del lado colombiano. Colombia ganó mucho más de lo que perdió a raíz del laudo arbitral español y los subsecuentes laudos y tratados, que en su mayoría ratificaban lo decidido en el primero, en tanto que Venezuela básicamente vio pérdidas.
Venezuela aceptó la pérdida de su territorio con todo lo que ello implica. Colombia, en cambio, cuestiona hoy la decisión que su gobierno tomó hace 130 años y exige el retorno de su tesoro. Si hay una lección que aprender en este episodio es que las acciones de un Estado, desde someterse al arbitrio de terceros hasta hacer cesiones de cualquier tipo, deben ser tomadas con mucha cautela y tras mucha reflexión sobre las consecuencias que pueden generar, y que una vez una decisión fue tomada de forma legítima, no puede pretenderse su anulación.
Esto deberán tomarlo en cuenta ambos países si algún día deciden sentarse a negociar finalmente el estatus del golfo de Venezuela (o como lo llaman los colombianos, Coquivacoa), último vestigio de los diferendos territoriales colombo-venezolanos, en la práctica controlado por Venezuela, y que en los años ochenta llevó a Colombia y a Venezuela al borde de la guerra, cuando ocurrió la incursión del buque de guerra colombiano Caldas. La decisión que se tome allí debe ser pacíficamente convenida, aceptada por sus sociedades y, sobre todo, mantenida en el tiempo. No podemos empeñar el futuro de las venideras generaciones ni tratar de borrar las acciones del pasado.
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